La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la denuncia de la familia del cabo de la Armada Luis Toledo, vecina de Florida (Región del Biobío), que afirma que el joven fue secuestrado en Ecuador, hasta donde viajó hace cerca de un año para casarse. De acuerdo a sus parientes, les exigen 100 mil dólares (90 millones de pesos) para liberarlo.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI de Concepción es la encargada de recabar información del caso "haciendo coordinaciones a través de Interpol".

El caso fue dado a conocer por radio Cooperativa, a la que la familia indicó que el cabo desapareció el miércoles a eso de las 18:30 horas, y que desde entonces han recibido mensajes extorsivos y videos con imágenes de agresiones.

"Tenemos videos, fotos, imágenes y es él. Tenemos audios. Nos hicieron llegar esa información números de Ecuador y nos están contactando de distintos teléfonos", relató Scarleth Toledo, hermana del cabo.

Ella misma reveló la cifra que les exigen para liberarlo.

Desde la Armada emitieron un comunicado en que indican que ya se "tomó conocimiento de la lamentable desaparición de un cabo primero de la Institución que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, haciendo uso de un permiso especial, sin goce de remuneraciones, desde enero del 2022".

Toledo lleva 11 meses en Ecuador, donde se casó con María Verónica Guartatanga. La madre del marino, Yessenia Cruces, pidió desesperada en Chilevisión que "por favor hagan presión, para que lo puedan encontrar y traer. Es lo único que pido, por favor. Es imposible para nosotros juntar $90 millones, somos una familia humilde, no podemos".

"recuperarlo con vida"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó que "las instituciones, particularmente las policías, ya están trabajando en ayudar y contribuir en aclarar y recuperar con vida al ciudadano chileno secuestrado".

El subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, explicó que Toledo "está con un permiso sin goce de sueldo, por dos años, entiendo que tenía que volver a inicios del próximo año".

El alcalde de Florida, Jorge Roa, dijo que está en contacto con la familia y "nos ha autorizado para que hagamos todas las acciones de nuestra parte para lograr la liberación".

La Fiscalía de Ecuador, por su parte, inició de oficio "una investigación por el presunto secuestro de un ciudadano chileno (de la Armada de Guerra de ese país), que habría ocurrido en el cantón #Daule" en Guayas.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) le dio la razón a Chile en su fallo sobre la disputa con Bolivia por las aguas del río Silala.

Si bien el organismo decidió no entregar un pronunciamiento final, aludiendo a que las coincidencias entre los planteamientos de ambos países fueron disipando la controversia, en una lectura abreviada del fallo, Joan Donoghue, presidenta de la CIJ explicó que uno de los principales puntos es el carácter de río internacional que tiene el curso de agua, lo que ha sido reconocido por ambos países.

Ante esta situación, se determinó que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso "razonable y equitativo" de su cauce, postura que era compartida por los dos estados.

El tribunal contestó a gran parte de las reclamaciones con una misma frase: "Ya no tiene ningún objeto, y, por tanto, el tribunal no está llamado a tomar ninguna decisión".

En este caso, Bolivia había argumentado inicialmente que el derecho consuetudinario no se aplica a los caudales artificiales de las aguas, pero durante el procedimiento expresó su acuerdo con el argumento de Chile de que sí se aplicaba.

La CIJ también recordó que cada país ribereño tiene derechos y obligaciones con respecto al "uso equitativo y razonable" de las aguas, lo que supone que los Estados también están obligados a no privar a otros Estados ribereños de sus derechos, una norma que, precisó, se aplica a Chile y Bolivia en este caso.

"Certeza jurídica"

Una vez conocido el fallo, el Presidente Gabriel Boric se refiró al tema en La Moneda.

"El fallo ha sido categórico, Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo. Se honra una tradición de excelencia en nuestra política exterior, que se corona con un fallo sólido y fundamentado que se manifiesta en una decisión favorable a lo que ha sostenido el Estado de Chile", resaltó.

Expuso que "se confirma que el río Silala es un curso de agua internacional, y cuyo uso en su integridad se encuentra regido por el derecho internacional consuetudinario".

Añadió que también "se reconoce que el uso que históricamente que ha hecho y hace Chile de las aguas del Silala está conforme al uso equitativo y razonable que establece el derecho internacional. Chile no debe compensación alguna a Bolivia".

Proceso y futuro

Chile demandó a Bolivia ante La Haya en 2016, luego de que el expresidente Evo Morales acusó a nuestro país de "robar" y "desviar" las aguas del Silala, que nace en el Potosí boliviano y desemboca en el Loa.

El caudal del Silala es relativamente pequeño, pero su ubicación en el desierto de Atacama lo convierte en un recurso hídrico clave para el desarrollo de la Región de Antofagasta.

Bolivia reaccionó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas "artificialmente" gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena en el Potosí boliviano.

Según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre 11% y 33%, por lo que Chile debía pagarle una "compensación".

Boric indicó que La Haya subraya que "Chile no debe compensación alguna", pero enfatizó que lo que hará su Gobierno ahora es impulsar "la continuidad de la agenda de acercamiento con Bolivia. Es nuestra intención profundizar y mejorar la relaciones, porque es un vecino relevante para nosotros".

Otra interpretación

Diferente fue la interpretación que este fallo generó en Bolivia, cuyo canciller, Rogelio Mayta señaló que el fallo "el Tribunal considera que Bolivia no ha incumplido, en ningún momento, las obligaciones de derecho internacional como lo señalaba la demanda de Chile".

El ministro añadió que "queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total de las aguas como pretendía en su demanda".

La canciller chilena, Antonia Urrejola, contestó que "Chile nunca reclamó durante el litigio de que tenía un derecho adquirido sobre las aguas".

El presidente de Bolivia, Luis Arce, también consideró que el fallo fue favorable a su país: "La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales".