Un aumento considerable de adolescentes, niños y niñas involucrados en delitos detectó Carabineros en Atacama. Sólo entre el 1 de julio y 30 de septiembre ya se registran 103 menores de edad detenidos, mientras que en el mismo periodo del año pasado eran 67 los arrestos, lo que sin duda debe ser motivo de profunda preocupación para todos.

El jefe (s) de la III Zona de Carabineros Atacama, coronel Patricio Martínez Schade, llamó "la atención de todos quienes tenemos alguna responsabilidad en el cuidado de estos menores, de manera tal de fortalecer las líneas de apoyo de aquellas entidades públicas y sociales, en la recuperación de estos niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos han cometido algún delito".

Estas palabras hacen recordar la desprotección con la que viven niños en el país, lo que se refleja no solamente en los delitos, sino que otras acciones de la vida diaria. ¿Sabemos qué están haciendo los menores de edad afuera de las casas?

Volviendo a lo delictual podríamos decir que hay "tiro y cancha" para que bandas saquen partido a toda esta dinámica.

Junto a la desapego familiar, los adolescentes, niñas y niños pueden llegar a ser ininmputables dado que tienen menos de 18 años. Esta semana Carabineros desbarató una banda que lideraba un ingeniero con estudios de posgrado, operativo en que se recuperaron más de 160 autos robados y en que se detectó que se reclutaban menores de edad a los que se les pagaba entre un millón y dos millones de pesos. Junto a esto se les pasaba un arma de fuego, si es que no la tenían.

¿Qué pasa entonces con la Ley N° 21.444 que endurece sanciones a quiénes usen a menores de 18 años en comisión de delitos? Fue publicada en abril de este año y es de esperar que en este y otros casos se aplique todo el rigor de la ley, pero aún así no tenemos el problema resuelto.

Y es que la criminalidad ya es parte del mundo de estos y otros adolescentes, los que requieren ser insertados, escuchados o seguidos para que no se involucren en otros hechos.

La pregunta es ¿será posible competir con el "ofrecimiento" que hacen estas bandas, que incluye montos de dinero que muy pocos adolescentes tienen la posibilidad de tener en sus manos? ¿Se debe aumentar el castigo penal a los que pagan a adolescentes?

La criminalidad avanza y se diversifica y el sistema para detenerla debe ir a la par o más adelante, pensando en aristas como estas.

La hasta ahora lucha eterna por relevar la importancia de la salud mental parece ir construyendo un camino hacía una meta esperada: el acuerdo para el aumento progresivo del presupuesto en esta área a nivel nacional.

A pesar de ello, incluso pandemia mediante, aún parece una suerte de evangelización de distintos sectores convenciendo de lo urgente que es lograr una respuesta oportuna para un área de salud que todos reconocen afectada y pocos consideran al momento de generar las políticas públicas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe la brecha de tratamiento para trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias se calcula en casi un 78%. Asimismo, el gasto público para el abordaje de la salud mental en toda la región es de promedio un 2%, exactamente donde se encuentra Chile, sin embargo, alrededor del 60% de este recurso se destinaría a hospitales psiquiátricos. Esto es como mirar las políticas de apoyo con un catalejo al revés, la ilusión de ver el problema más lejos (en el tiempo) y más pequeño (respecto a cuántos necesitan ayuda), a pesar de que lo tienes encima.

La pregunta es si intentamos cerrar la brecha desde el punto final del camino o actuamos antes, para disminuir esta enorme deficiencia. Lo más lógico sería intervenir para evitar que surjan o se agraven los problemas, en vez de esperarlos en la última etapa, cuando sean casi inabordables.

¿Qué es una respuesta oportuna en salud mental? Muchos podrían responder que es una hora de urgencia disponible, una atención rápida, especialistas cercanos, mejores coberturas. Sí, esas también son necesidades actuales, pero la real oportunidad de acciones en este ámbito son dos: llegar antes en el ciclo de vida; es decir, lograr instalar respuestas desde la más temprana edad, con una perspectiva acorde y así acompañar un mejor desarrollo. Y, además, poner el énfasis en acciones de promoción y prevención, que lamentablemente siguen escaseando, al seguir pensando que la salud mental se aborda sólo con mejores oportunidades de tratamiento.

En el reciente estudio encargado por la Defensoría de la Niñez sobre "Políticas públicas relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes", los mismos entrevistados y encuestados señalan que difícilmente reconocen haber recibido acciones de promoción o que favorezcan el bienestar personal -psicológico y emocional -. Esto evidencia lo que informantes técnicos del estudio también recalcan: que se llega a los problemas de salud mental cuando ya se han declarado, actuando de forma reactiva y no preventiva.

Considerando lo que señala el estudio, aumentar presupuesto en salud mental no es la única solución si no va guiado para robustecer las acciones que mejoren su abordaje, comenzando con los niños, niñas y adolescentes como los primeros a acompañar, favoreciendo un sistema de garantías, potenciando la coordinación intersectorial, enfatizando la promoción y prevención, además de considerar recursos importantes para contar con equipos técnicos especializados y bien pagados. Sólo así puede que el dinero sí ayude a generar ese buscado bienestar, llamado felicidad.

Es sabido que la obesidad es una problemática que se arrastra a nivel de política sanitaria hace muchos años. Y en Chile ha sido una preocupación desde el punto de vista de la prevención con programas como Elige Vivir Sano o la ley de Etiquetados. Sin embargo, hoy con las cifras emitidas por la Junaeb y su Mapa Nutricional 2021 nos queda claro que hemos perdido la batalla. Según el estudio, un el 31% de los niños chilenos tiene obesidad, 10,8% posee obesidad severa y tan solo un 34,3% alcanza el peso normal. Y en regiones la situación más grave se vive en El Maule (33,9%) y la Araucanía (33,75). Cifras nunca antes vistas, y donde lo más preocupante es que si el panorama continúa así, el próximo año los menores con sobrepeso superarán a los que tiene peso normal.

Pero estas cifras además nos revelan otra realidad: la obesidad es el reflejo de las profundas diferencias culturales, sociales y educacionales que existen en nuestro país. Un ejemplo de esto es que comunas de la Región Metropolitana más vulnerables son las que presentan mayores prevalencias de obesidad, como Lo Espejo (35,9%), El Bosque (34%) y Pudahuel (33,8%). En la otra vereda, Providencia (16,6%), Vitacura (20,2%) y Las Condes (20,5%) son las que tienen menor índices de obesidad.

No es fácil ser un niño o niña con obesidad en Chile, menos de una localidad de escasos recursos porque el sistema de salud al no reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica no garantiza diagnóstico, ni tratamiento, ni menos un equipo multidisciplinario de atención. Debemos impulsar, como muchos médicos lo hemos venido haciendo, que la obesidad sea declarada enfermedad, ese es el primer paso para democratizar la atención y que muchos menores que hoy engloban la cifra de la Junaeb puedan acceder a tratamiento oportuno. Recordemos que, en la mayoría de los casos y precisamente por tratarse de una patología crónica; un niño con obesidad, es un adulto con obesidad. Estudios como The Economist han calculado que para Chile el costo estimado de la población con obesidad fue de 3.600 millones de dólares sólo en 2020, lo que representa un 1,49% del PIB nominal y el 16,13% del gasto sanitario nacional. Esto, debido al tratamiento de las principales comorbilidades asociadas: diabetes, hipertensión, cáncer colorrectal, infarto y enfermedades coronarias crónicas.

Hay un proyecto de ley dormido en la Cámara de Diputados y numerosos proyectos de acuerdo que interpelan desde el poder legislativo a la autoridad sobre esta materia. A eso se suman innumerables iniciativas ciudadanas, de asociaciones de médicos y de pacientes que vienen luchando porque la obesidad sea declarada una enfermedad.

Hoy son nuestros niños son los más vulnerables, los que están sufriendo, no sólo con una enfermedad física y del alma, sino que además deben lidiar con el estigma de la obesidad. Por eso, para construir una sociedad más empática, donde nuestros niños puedan ser felices con la garantía que serán atendidos y tratados por un sistema que los acoge, declaremos a la obesidad como la enfermedad crónica que es.