A dos años del plebiscito de entrada, el país podría vivir nuevo proceso en mayo de 2023 y con voto obligatorio
POLÍTICA. Ex convencionales de Atacama entregan perspectivas. Dos expertos analizan eventuales contenidos como medioambiente.
Hoy se cumplen dos años desde la realización del plebiscito de entrada del proceso constitucional en el que Chile se manifestó tanto a favor de una nueva Constitución como de una convención constitucional como órgano indicado para redactarla.
Quizás uno de los cambios más fuertes entre los polares resultados del proceso de entrada versus el plebiscito de salida se encuentre en el universo sufragante, dado que el primer ejercicio de soberanía popular fue voluntario, en tanto en el último ejercicio este derecho fue obligatorio, lo que cambió radicalmente los resultados.
De hecho, en el Senado, la Comisión de Constitución aprobó de manera unánime que "el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación". Ahora estaría listo para ser votado en el pleno.
Qué fue lo que molestó de la propuesta de Nueva Constitución o qué debe rescatarse para un eventual nuevo proceso, lo consultamos con dos expertos y dos ex convencionales.
Ambos especialistas son de la Universidad Alberto Hurtado que a través de su Núcleo Constitucional y en conjunto con Criteria, elaboraron una encuesta que justamente es una foto del momento post plebiscitario denominada "Chile Dice", en ella se detallan diversos aspectos que permiten entender o intentar acercarse a los resultados y a las expectativas actuales en torno al proceso.
La decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez señaló que "destacaría tres asuntos que según los resultados de la encuesta generan una importante adhesión y que, por tanto, podrían constituirse en futuros contenidos constitucionales. Los destaco por la aprobación que generan y porque implicarían un cambio sustancial en relación con la Constitución vigente. Primero, el 45% de los encuestados está de acuerdo con que Chile sea un Estado social de Derecho, entendido como un Estado que garantiza los derechos de las personas y que la satisfacción de los bienes básicos vinculados a esos derechos pueda proveerse tanto por el Estado como por los privados".
En un segundo punto la decana destacó que "el 42% está de acuerdo con que el Estado tenga como prioridad la protección del medio ambiente por sobre el desarrollo económico". Además, y como tercer punto "un 57% está de acuerdo con terminar con el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, tal como los dispone la Constitución actual, para que, en su lugar, se establezcan títulos administrativos como autorizaciones de uso. Contra esta idea solo se cuenta un 14%".
Por su parte, el destacado abogado Gonzalo García, académico y codirector del Núcleo Constitucional de la UAH refiere respecto de aquellos puntos en donde no se lograron grandes espacios de acuerdo que "en general, la Encuesta UAH/Criteria revela la indefinición sobre el modelo regional chileno. Un 29% está por Estado Regional y un 38% por Estado Unitario. Fue factor influyente en el apruebo la idea de descentralización un 17% y en el mundo del rechazo un 10%. Quizás la gran tarea es la persuasión al centro del espectro (33%) que terminará por definir una decisión constituyente definitiva acerca del tipo de organización territorial que nos daremos".
EX CONVENCIONALES
Sobre las condiciones, el ex convencional, Max Hurtado, militante del Partido Socialista, analiza que "el futuro proceso debería contemplar voto obligatorio para todas las instancias de consulta, creo que uno de los errores del proceso anterior fue haber tenido distintas definiciones para el plebiscito de entrada y el de salida".
Agregó que "sin duda con paridad de salida, esto quiere decir igual número de electos y electas para el nuevo órgano.Y finalmente con escaños reservados, ojalá proporcionales al nivel de participación".
Por su parte el independiente Guillermo Namor, opinó respecto del voto obligatorio, la paridad y los escaños reservados. "Lo veo positivo, la representatividad y el compromiso cívico siempre es una buena noticia para la democracia. Creo que, en la misma línea, el nuevo pacto social debe dar cuenta de nuestra sociedad y en ese sentido la paridad y los escaños reservados son un piso mínimo de legitimidad".
Respecto de los plazos para realizar un nuevo proceso, ambos estimaron que es necesario hacer las cosas con calma. Max Hurtado estima que "la definición debe estar lista antes de fin de año, y creo que debemos comenzar el año siguiente con elecciones, las fechas que se han manejado son las correctas creo, abril o mayo de 2023".
Namor aprecia también que el próximo año es razonable en tanto que "lo primordial sea generar normas procedimentales o reglas previas del juego para que la convención constituyente electa democráticamente se aboque a tomar decisiones, no a auto normarse".
Sobre el piso mínimo, para Namor "Estado Social y Democrático de Derecho, el derecho humano al agua y su desprivatización, el resguardo de derechos sociales, la protección del medio ambiente, una democracia más participativa y mayores resguardos en probidad y fortalecimiento del Estado, son mínimos dentro de muchos otros".
Para Hurtado "hay batallas ganadas y también perdidas, en ese sentido Estado Social de Derechos es un compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas y debe ser el camino para seguir en el debate constitucional".