Rochel Saavedra

En su visita al Palacio de La Moneda, el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, tuvo la oportunidad de conversar directamente con el Presidente Gabriel Boric, en donde le expuso a la máxima autoridad de Chile, los problemas que aquejan a la comuna, entre ellos la subsidencia que atemoriza a los habitantes del lugar.

Fue durante esa instancia que el Presidente de la República se comprometió con la autoridad a visitar la comuna de "la calle larga", entre los días jueves 25 y viernes 26 de agosto, y de esta forma, poder conocer en terreno la realidad que aqueja a los habitantes.

"Lo que esperamos es que el Presidente en su visita pueda reafirmar el compromiso que a hecho el gobierno de hacer un estudio completo, para dar seguridad y tranquilidad a nuestra comuna, con esta declaración de zona de catástrofe ambiental,se puedan agilizar recursos para no tener que esperar meses y meses para que recién comienza, ya que todo el tiempo que pase se transformará en incertidumbre para la comuna", comentó el alcalde Cristóbal Zúñiga.

Santiago

La visita a la capital, se enmarca en la gestión que realiza el alcalde Zúñiga, junto con el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas y la diputada, Daniella Cicardini, para solicitar a Boric,que declare a la comuna de Tierra Amarilla, como "Zona Afectada por Catástrofe Ambiental".

La ministra del Interior, Izkia Siches, se encargó de encabezar la reunión y canalizar la petición y las razones de fondo para que pudiese exponerlas al mandatario.

Impresiones

Respecto a esta visita, el gobernador regional, Miguel Vargas, expuso que esperan pueda ser acogido, ya que "hay más certezas respecto al origen del socavón y de los daños en el acuífero, entonce eso amerita un escenario bien complejo del punto de vista ambiental, que va a requerir también tomar decisiones con celeridad, en materia de estudios", comentó la autoridad regional.

La comunidad ha insistido en un estudio de suelo y subsuelo en la comuna de Tierra Amarilla, que permita entregar tranquilidad a sus habitantes de que no están en riesgo de sufrir una nueva subsidencia.

Respecto a esta materia, el gobernador regional, señaló que "tendremos que tal vez contratar asesoría especializada respecto de los problemas que se evidencian en el acuífero, y cómo se va a resolver eso, la pérdida de agua que hay ahí es significativa, es casi el 70% de la cantidad de agua que escurre en esa zona del acuífero y eso puede traer impacto, de mantenerse esta situación de pérdida, en las actividades agrícolas, también en el agua que se destina para consumo humano".

Esta es una de las razones que se suma a la petición, a la que solo el Presidente Gabriel Boric puede ceder, y que de ser así permitirá acelerar los procesos y entregar respuesta inmediatas.

"Por ejemplo, el estudio de las condiciones de suelo y subsuelo que es lo que preocupa a la comunidad, eso puede demandar de 5 a 6 meses, si consideramos las licitaciones respectivas, proceso de adjudicación, son procesos lentos por lo general y lo que requiere la comunidad es que podamos llegar pronto con la información(...), entonces las contrataciones directas, acortar plazos, liberar recursos para materializar los proyectos creo que son decisiones urgentes y para que se puedan materializar requieren de una condición que lo permita, y esa condición es que se declare "Zona de Catástrofe Ambiental" a la comuna de tierra amarilla", puntualizó Vargas. Por último, mencionó que algunas iniciativas podrían ser financiadas por cargos del presupuesto de emergencia del Gobierno Regional.

En su segunda sesión de trabajo, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Energía de Atacama, definió su plan de trabajo para el segundo semestre, en donde además, abordaron las principales inquietudes de las organizaciones representadas por las y los consejeros.

Al respecto, la seremi del ramo, Cecilia Sánchez Valenzuela, expresó que: "Pudimos resolver algunas dudas de sus integrantes, asociadas, principalmente, con capital humano, seguridad y pobreza energética, sobre todo en zonas rurales y aisladas, el panorama energético local y la relación de la industria energética con el territorio y sus comunidades, en este sentido, les contamos sobre el trabajo que estamos realizando en estas áreas como Ministerio de Energía, a nivel regional". La próxima sesión será el 30 de septiembre.

La Contraloría General de la República acogió por medio de un oficio,el requerimiento que realizó tiempo atrás la diputada RN Sofía Cid, en contra de la Seremi de Educación.

Las razones se remontan a julio del presente año, pues según señala el requerimiento, las dependencias de la secretaría, fueron utilizadas para la realización de una asamblea organizada por la CUT para promover una de las opciones para el plebiscito de salidas del 4 de septiembre.

En este sentido, la entidad fiscalizadora, señaló por medio de un documento que "de lo constatado por esta entidad de control, es posible concluir que se aprecia el uso de inmuebles fiscales para la realización de actividades para la campaña o movimiento del "Apruebo" de la propuesta de nueva Constitución, por parte de la CUT de Atacama, lo que infringió las normas e instructivos anteriormente citados, sin que se observe que el servicio haya adoptado medidas preventivas, o durante el desarrollo de dichas actividades, sólo actuando en el momento que los hechos fueron publicados en la prensa regional, por lo que se acoge la denuncia de la diputada Sofía Cid Versalovic".

La Seremi deberá instruir un proceso disciplinario, es decir, iniciar un sumario administrativo, para dar con el paradero de las o los responsables de lo que imputa la diputada Cid.

Una vez concluya dicha actividad, la secretaría deberá remitir los antecedentes a la entidad fiscalizadora, quienes tendrán que revisar que, por ejemplo, la sanción que se haya aplicado al funcionario responsable esté acorde a la ley.

En su momento, la diputada categorizó la situación como grave, pues en las redes sociales de la CUT poco a poco fueron apareciendo fotos de la actividad, la cual hacia un llamado a la organización y a defender la opción del Apruebo.

Dicha actividad, utilizó bienes públicos, en horario laboral, lo que vulnera, según la diputada, el principio de probidad y la normativa legal y administrativa vigente en esa materia.

La Contraloría emitió, en mayo del año 2022, un dictamen donde indica que las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitarias.