"Volver al país previo al 18-O no es una opción y tampoco las utopías irrealizables"
Mario Marcel — Ministro de Hacienda
"Nos debemos al poder político de la ministra del Interior, ella es quien delinea las funciones"
Sergio Muñoz
Director de la PDI
Agua de perforadoras, tarros de atún y baterías de vehículos fueron suficientes para que los 33 mineros lograran subsistir más de 18 días sin contacto con la superficie, distante a más de 700 metros.
Así lo confirmaron las primeras informaciones, entregadas por compañeros de labores.
Un importante debate se ha formado en torno a que Atacama es la única región del norte que no tiene feriado regional. A la opción de los diputados Lautaro Carmona y Yasna Provoste que propondrán el 10 de agosto, Día de San Lorenzo, se suma la alternativa de la diputada Daniella Cicardini. Pide el 22 de agosto, por los "33".
El defensor lateral de Deportes Copiapó, Lukas Soza, valoró la experiencia queimplicó haber sido parte del primer microciclo dela "Roja" sub23, con miras al duelo frente a Brasil del próximo 9 de septiembre, y espera serllamado nuevamente por el técnico Bernardo Redín. Sobre la experiencia, Soza comentó que "me sentí bien".
Uno de los aspectos más novedosos y no alejado de cuestionamientos, se refiere a que la propuesta constitucional tiene un carácter ecológico. En ella se establece que la Naturaleza tiene derechos, se reconocen una serie de principios para la protección de ella y el Medio Ambiente, se establece el deber del Estado de adoptar acciones para hacer frente a la crisis climática y para proteger la biodiversidad y animales, se reconocen los bienes comunes naturales, la existencia del maritorio, se establece un nuevo estatuto para las aguas, se mantiene la propiedad de las sustancias minerales y finalmente, se crea la Defensoría de la Naturaleza.
Creo que el punto más relevante, tal como lo señaló el abogado y académico Luis Cordero, se refiere al cambio de paradigma que conlleva el considerar a la Naturaleza como sujeto de derechos, lo que elimina la instrumentalización cosificada del Medio Ambiente y, conlleva a que sea el Estado el encargado de su protección o ser custodio de los bienes comunes naturales definidos en el artículo 134 N°1, tales como el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y bosques nativos; el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley.
En la región, el deber de custodio del Estado podría conllevar a apalancar recursos para implementar Planes de Prevención y/o de Descontaminación Atmosférica, Planes de Manejo u otras iniciativas para la protección y/o recuperación de zonas degradadas por la presencia de pasivos ambientales. Junto con esto, otorga cuando corresponda, la posibilidad de poder caducar, extinguir o revocar autorizaciones administrativas para el uso de bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley; lo que quizás podría permitir en el mejor escenario, recuperar los niveles de los acuíferos y por qué no, volver a ver un caudal constante en nuestro río Copiapó.
A su vez, las responsabilidades señaladas en esta nueva propuesta demandan prolijidad y una mayor atención a los Organismos del Estado con Competencias Ambientales, ya sea en la evaluación de proyectos de inversión, como en su fiscalización ambiental y sectorial tendientes a preservar, conservar y en su caso, a reparar la calidad del aire, suelo, y agua en la región. Lo cual, sin duda requerirá de un aumento en la glosa presupuestaria.
Finalmente, es importante señalar que en la elaboración de los artículos que se consignan en el Capítulo III de la Propuesta Constitucional, se consideraron de forma transversal las recomendaciones internacionales para enfrentar la crisis climática, que pone en riesgo los ecosistemas y con ello nuestra vida.
El cambio climático, es una de las mayores amenazas que enfrenta la sociedad moderna y Chile, no está ajeno a sus efectos. Recordemos que hace un unos años, las tres provincias de Atacama sufrieron las consecuencias de un potente e inesperado aluvión.
Danilo Gutiérrez Bornes
Ingeniero ambiental
Un duro golpe recibieron los afiliados de la isapre Cruz Blanca, que mediante un correo o bien comprobando en terreno, supieron que la clínica RCR Atacama ya no cuenta convenio con esa entidad por concepto de hospitalización y, por ello, deberán pagar el total de forma anticipada. Se trata de una complicación para las familias o personas que buscan estabilidad en el sistema privado, que en teoría debería brindar soluciones más que problemas. No todos tienen la capacidad de desembolsar cientos de miles de pesos o millones y si bien la isapre debería devolver los montos, no se sabe el cuándo ni cómo. Este Diario contactó a Cruz Blanca el lunes y hasta ayer no había respuesta respecto a este tema.
Es una arista de la deuda que tienen las isapres, lo que ha imposibilitado -según dicen- realizar una gestión acorde a sus capacidades, lo que además está marcado por un fallo de la Corte Suprema que impide generar alza de los planes de los usuarios.
La Superintendencia de Salud busca traer calma al decir que la medida de Clínica RCR sería momentánea y que con estas medidas las clínicas presionan para que se salde la deuda, pero lo cierto es que la desaparición de convenios viene hace rato. Hay especialistas de la clínica y de otros recintos que ya no tienen convenio con esta isapre y que solamente atienden en particular.
Es decir ¿qué sentido tiene que una isapre entregue un servicio si gran parte de este no cuenta con mecanismos que lo hacen atractivo?
A una usuaria le dijeron en la isapre, según su testimonio, que podía atenderse en Integramédica, pero allí no hay urgencia y, aunque tuviera, es un completo sinsentido en la modalidad actual de salud. En el marco del debate del proceso constituyente, se ha defendido el sistema de libre elección, pero lo cierto es que incluso con un pago mayor no se asegura una salud de calidad y, por el contrario, personas están tomando la opción de cambiarse a Fonasa y usar el seguro complementario de la empresa en que se trabaja o bien pagarlo directo.
Queda mucho paño que cortar en este tema. Esto podría ser tomado como uno de los pasos para el traslado parcelado de personas a un sistema universal de salud, lo que abre interrogantes de cómo funcionará en la práctica.