El viernes antepasado a la directora de Mejor Niñez Atacama, Cinthia Rojas, se le pidió su renuncia la cuál no se concretó dado que presentó una licencia médica. A su regreso, ya no debería estar trabajando en un puesto fundamental para la nueva institucionalidad del cuidado de los niños.

Según trascendió, su salida obedece a motivos políticos, esto al ser autoridad en los gobiernos de Sebastián Piñera con lo que se transformaría en una nueva baja por no ser de la confianza del actual Gobierno dado que Claudio Baeza acusó que le pidieron la renuncia como director del Servicio de Salud.

Lo ocurrido revela contradicciones y un mal sistema de designación. Esto debido a que ambos fueron elegidos por Alta Dirección Pública, el cual se define como uno que busca "dotar a las instituciones de gobierno -a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad".

Su implementación buscaba apartar el sentido político de estos cargos, pero lo ocurrido en Atacama es el fiel reflejo de que el papel aguanta mucho, pero en la práctica se termina por tomar decisiones que se basan en la confianza partidista o cercanía.

El Sistema de Alta Dirección Pública se ha transformado en un sentido sea para un Gobierno de uno u otro color, por lo que parece necesario transparentar que finalmente estos cargos son de confianza, como también parece necesario revisar si los elegidos, aparte de su currículum, no deben estar ligados a conglomerados políticos.

Ya sea por una u otra razón, este proceso termina perdiendo validez y, por otro lado, termina demostrándole a los incrédulos que siempre tuvieron razón, dado que queda patente que una buena idea -como es dar prioridad a lo técnico- no siempre termina siendo plasmada de la mejor forma tomando en cuenta que hay otros factores que pueden pesar más.

Al final, nuevamente, la política hace lo suyo.

Hoy nos encontramos en una verdadera vorágine en torno a las campañas del Apruebo y el Rechazo, y no hemos tomado en cuenta que ya ha pasado un año de la elección de los gobernadores regionales y de alcaldes(a), por lo que evaluar la gestión no resulta baladí. En lo general, ¿qué debiera el ciudadano(a) evaluar que impacte en su quehacer diario? La mayoría - me incluyo - es el retiro de basura, operativos Covid diarios, acceso a la salud primaria, calles en buen estado, seguridad y servicios como licencia de conducir funcionen sin tanta burocracia. Asimismo, que existan puntos limpios de reciclaje, aspecto que las personas lo perciben y valoran bien, como también, se valora que la "autoridad comunal" esté en terreno y vaya resolviendo problemas cotidianos o de emergencias. Por tanto, los alcaldes tienen a mi juicio, una mayor oportunidad de conexión con las personas. ¿Cómo evaluamos la efectividad de la gestión municipal? Por cierto, existen parámetros que podemos evaluar desde la perspectiva de la gestión: financiera, participativa, personas y tecnológica, pero sí, considerando las complejidades socio territoriales que estén presentes. Teniendo claridad meridiana sobre lo anterior, ¿cómo evaluamos la gestión de un gobernador regional y su equipo? No creo que sea tan fácil de explicar, pero como punto de partida no sólo basta con que informen todos los días de las actividades de terreno realizadas, y si uno visualiza los likes son "pocos", ya existe un factor comunicacional, pero entendamos que la Ley de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales cubre otras dimensiones como la creación de seis (6) Divisiones, aunque sean de "confianza" del gobernador, DEBEN cumplir roles técnicos.

Para ello, son esenciales las siguientes preguntas. La División de Desarrollo Social y Humano, ¿sigue realizando sólo los concursos y seguimiento de la glosa del 7% del FNDR o ha avanzado con algún estudio social que derive a futuro en un traspaso de competencia y a la par avanzado con la División de Planificación y Desarrollo con la Política de participación ciudadana? La División de Infraestructura y Transportes, ¿ha propuesto, promovido o ejecutado algún plan y programa de alcance regional en materia de obras de infraestructura, equipamiento y gestión de transportes, por ejemplo, un plan con el Ministerio de Obras Públicas?

Entonces, no sería tan irrelevante la existencia de un sistema de accountability. ¿Quién debiera generarlo? No olvidemos que dentro de la organización del GORE existe una figura de administrador regional, debiendo preocuparse y ocuparse de esta materia. Por otra parte, si el cargo de jefe(a) de la Unidad de Control estuviera en ejercicio de su función, apoyaría la función de fiscalización del Consejo Regional y haría de puente con el gobernador, entiendo que en varios Gobiernos Regionales ese cargo ya funciona y emite informes trimestrales.

La reflexión es que no basta con haber presentado una propuesta de ideas ante el Servel cuando se inscribió la candidatura a gobernador, sino que a un año debe existir un plan riguroso (análisis territorial, imagen objetivo, escenario(s), niveles/estándar, brechas, metas y plazos, cartera inversión, indicadores, modelo de gestión, fuentes e instrumentos financieros y cartografía), que permita avanzar en dimensiones como Planificación e inversión regional y articular con dimensiones como: Fomento e industria, Social y Humano, Adm. y Finanzas, e Infraestructura y Transportes. O, simplemente, estaremos viviendo el día de la marmota.

Cuatro millones 143 mil personas que viven en Chile se encuentran hoy en situación de morosidad, un aumento de 28 mil personas respecto al trimestre anterior, cifras que reflejan una tendencia general al alza de la deuda en los últimos meses. El escenario no es sorprendente, sino, por el contrario, previsible.

Dicho de otro modo: nada permitía ser muy optimista respecto a la realidad que nos encontraríamos a esta altura del 2022, e incluso con proyección de empeorar hacia finales del año.

Los datos del reciente informe de Equifax y la Universidad San Sebastián apuntan a que la cantidad más alta de deudores está en el retail, pero que, en términos del monto de la deuda, las personas deben más dinero al banco que al retail. Además, se evidencia que cuatro regiones tuvieron alzas en el número de personas que no cumplen sus compromisos financieros; y que casi un 20% de los extranjeros residentes en Chile se encuentra en situación de morosidad.

Las estadísticas del Poder Judicial también apuntan a que el número de procesos ejecutivos iniciados se incrementó, al menos en un 4,3%, tanto para personas naturales como empresas.

Todo hace prever, en definitiva, que a fin de año el país tendrá más de 4.5 millones de ciudadanos en Dicom y más de un millón de recursos ejecutivos contra deudores. Muchas de estas nuevas deudas contraídas por cubrir necesidades de la canasta básica.

Hoy, más que nunca, resulta vital que el deudor moroso esté informado acerca de los derechos que tiene, especialmente, porque ya se acabaron casi todas las medidas que llevaron a cabo los gobiernos durante los últimos dos años para ayudar al bolsillo de las personas.

Aunque estas acciones demostraron ser insuficientes para dar sostenibilidad a la economía doméstica, su término supone una piedra más para la carga que deben llevar los más de cuatro millones de personas endeudadas que viven en Chile. Las ayudas estatales y algunos "gestos" de instituciones financieras fueron solo un bálsamo, que de algún modo patearon el problema para más adelante.

Pues bien, ahora es ese "adelante": un contexto complejo, con inflación, cesantía, política monetaria restrictiva, bajo crecimiento e incertidumbre.

La tormenta del endeudamiento ya está sobre las personas naturales y las pequeñas empresas. Aquella amenaza o riesgo que pensamos que se disiparía una vez que se mitigaran los impactos de la pandemia, se está haciendo sentir fuerza. Es momento de actuar y tomar decisiones responsables en el tiempo. De lo contrario, los estragos del temporal pueden ser devastadores.