Rochel Saavedra Zepeda
Hasta la comuna de Copiapó, llegó la subsecretaria de Bienes Nacionales, Maribel Cabrera, quien hizo un recorrido por la zona con el objetivo de conocer el territorio y sus necesidades.
En este sentido, la subsecretaria de la cartera, señaló que trabajan en paralelo junto con otros servicios para generar proyectos sociales que permitan solventar el déficit habitacional por el que atraviesa la zona y el país. Además, fue enfática en señalar que en la región han detectado actividades fraudulentas en torno a la venta de terrenos fiscales o privados a terceras personas, quienes los adquieren bajo engaños.
También, se refirió a la usurpación de espacios costeros y los planes de regularización para la zona.
Diagnóstico
Desde el punto de vista de la administración del territorio, la subsecretaria, señaló que la zona posee más de un 70% de propiedad fiscal, lo que significa que la región cuenta con los espacios para desarrollar diversos proyectos. Sin embargo, destacó, que no cualquier territorio cumple con las características para gestar, por ejemplo, viviendas sociales.
"No es cualquier territorio, no es que uno llegue y entregue ese territorio de cualquier manera, queremos ir construyendo ciudad (...), hay territorios que son muy retirados de la ciudad y que no cuentan ni con agua, luz, o infraestructura urbana, ni colegios, ni consultorios, entonces queremos ir avanzando en ese conjunto de cosas que requiere la ciudadanía (…), necesitamos conjuntos habitacionales con viviendas dignas, pero también necesitamos dotarla de todo lo que necesita la gente", indicó Maribel Cabrera.
El déficit habitacional ha provocado un alza en el número de campamentos, lo que con el tiempo ha desencadenado una oportunidad para cometer ilícitos. En esa línea, la autoridad indicó que "no faltan esos inescrupulosos, que se aprovechan de la situación y del déficit habitacional que hay, les hacen cesión de derecho, que no significa propiedad, no significa la tenencia y el demonio de la propiedad, y les venden inclusive, siendo que el propietario es el fisco, con ese problema nos hemos encontrado en esta región y que no es un problema no muy distinto del resto del país".
Regularización
Entre los instrumentos de administración del territorio fiscal que tiene el servicio de Bienes Nacionales, cuando se trata de sectores o campamentos que se van a erradicar en el mismo territorio, se utilizan los permisos de ocupación, los que permiten proporcionar los servicios básicos; en segundo lugar, cuando son sectores en donde van a ser relocalizadas las familias que se encuentran en asentamientos precarios, se utilizan las concesiones a corto plazo; y por último, está la transferencia de terrenos que requiere el Minvu para sus programas regulares de construcción de viviendas.
En este sentido, la subsecretaria, indicó que, "ayer entregamos cinco permiso de ocupación para cinco campamentos de la región, que es el primer paso que se hace para poder iniciar el proceso de obtener la vivienda propia, para las personas que están en estos campamentos, es el primer paso para que puedan instalar agua, que es una cosa mínima, luz eléctrica".
Los sectores beneficiados, pertenecen a la comuna de Tierra Amarilla, el cuál es campamento Luis Uribe; otro en la comuna de Chañaral; y dos en la comuna de Copiapó: Juntos Unidos y el campamento Colonias Extranjeras.
Por último, la subsecretaria mencionó que existen distintos tipos de tomas, ya sea en terrenos privados o fiscales, las cuales catalogó como violentas, cuando se trataba de personas que imponían un derecho que no les corresponde. Al respecto, comentó que "cuando se produce una ocupación del territorio de forma violenta, es decir, donde yo voy me impongo y me tomo el lugar, eso no es posible de regularizar, no significa que en el tiempo que vamos a regularizar", enfatizó la subsecretaria.
"Nosotros tenemos un decreto de ley que habla de la regularización de dominio, pero se refiere a aquellas personas que viven hace mucho tiempo, viven en algún lugar que no lo adquirieron entre comillas de una forma no impuesta, ni violenta, sino que han vivido ahí por generaciones, entonces ellos piden regularizar su título de dominio", señaló la autoridad nacional.
En esa línea, comentó que la regularización de "tomas", no cabe dentro de lo que es el decreto de ley 26.095.
Costa de Atacama
Respecto a la situación del cobro de estacionamiento de la playa La Virgen en Atacama, la subsecretaria indicó que el privado está dentro del marco legal.
"El espacio, entre la más baja marea y más alta marea, es un bien nacional de uso público, dentro de ese espacio es lo que llamamos, la playa, pero si el terreno es particular, desde la línea de más alta marea, ya es propiedad privada, y nosotros no tenemos nada que hacer, entonces si el estacionamiento está más arriba de la "alta marea", él tiene todo el derecho a cobrar y está dentro de los márgenes de legalidad", indicó la subsecretaria.
Sin embargo, agregó que "lo que sí podría haber, y ahí hay que ver de qué manera se trata, es que, si podría haber un ingreso, y ese ingreso no tiene que ser pagado, el ingreso a la playa no es pagado, inclusive uno podría ingresar con el auto, dejar a la familia y devolverse".
Por otra parte, la autoridad se refirió al plan de regularización del borde costero, indicando que la mayoría de los hogares emplazados en el sector marítimo son segundas viviendas.
Explicó que "no estamos hablando de personas con problemas de vivienda o personas vulnerables, ahí estamos hablando de personas frescas, que se toman un terreno, que es fiscal, a sabiendas de lo que es, y construyen sus casas, y eso no corresponde".
Al respecto, la seremi de Bienes Nacionales de Atacama, Mónica Marín, indicó que ya se trabaja en la regularización de quienes se asentaron en el sector antes del 2018, agregando que "todo aquellos que estén ocupando irregularmente el borde costero de Atacama, posterior al 2018, tienen una alternativa que es ser desalojados del borde costero, salvo que quieran participar de los procesos licitatorios que realice el ministerio en Atacama".
Barranquilla, Rodillo y Flamenco fueron parte de la primera etapa de normalización, quedando otras para el análisis y si cumplen con requisitos para regularizar.
En cualquier caso, uno de los criterios es la demilitación de zonas de riesgo tsunami.
