Joseph Ramos, economista y novelista nacido en Filadelfia de padres cubamos y criado en Chile, quien fue reconocido en el año 2020 como el "Economista del año", siendo además nombrado profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y autor del libro "Creer o no creer" sostuvo recientemente que sentía "frustración y tristeza, se perdió la oportunidad de aunar principios y reglas del juego en una casa común para todos sin vencedores y vencidos".

En El Mercurio, Ramos explicó que su balance con la convención y los convencionales era "dispar, con mucho maximalismo y espíritu refundacional, lejos de la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet y nacida de los cabildos del pueblo" y también dio su diagnóstico respecto al desarrollo económico del país. "No veo en la propuesta constitucional ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo económico. En cambio, contiene varios que erosionan la economía. Ninguno por sí solo es un exocet a la economía, por ejemplo, nacionalizar la minería o remover las bases de una economía de mercado, pero en conjunto dificultan un crecimiento más allá de lo mediocre".

Ramos analizó las cinco disposiciones que catalogó como las peores en el nuevo texto constitucional "Los derechos de agua, que pasan a no ser comercializables, lo más grave, y de duración definida, menos grave, si se pueden renovar en condiciones objetivamente enunciadas. Golpea así a cientos de miles de agricultores cuya propiedad pierde mucho valor sin indemnización y reduce el valor de las garantías que respaldan sus créditos, reduciendo sus inversiones. Tira por la borda el nuevo Código de Aguas que el Parlamento acaba de aprobar por amplias mayorías".

Como segundo punto Ramos detalló que "la iniciativa parlamentaria en gastos, seguridad social e impuestos que debilita la responsabilidad fiscal", y la tercera: "La autonomía financiera de los territorios, que incluye la posibilidad de emitir deuda, donde el fisco central pasará a ser el que se hará garante efectivo de la deuda, lo que presionará la deuda pública al alza sin mayor freno, pues el principio de responsabilidad fiscal enunciado en la Constitución me parece aspiracional más que eficaz".

También apunta en su crítica que "se incrementará la conflictividad laboral al extender el derecho de huelga a cualquier momento, incluso mientras rija el contrato colectivo, y sobre cualquier materia, incluso en temas no atingentes a la empresa, como solidaridad con otras huelgas o presionar por legislación, y en el sector público. Imagínese una huelga de los controladores aéreos, de Contraloría, del Servicio Médico Legal, de Gendarmería. Las concesiones mineras dejan de ser indefinidas. Me parece bien que sean del tipo 'úsenlas o piérdanlas', pero dejan de tener protección constitucional pues son revocables por simple ley. ¿No desalentará esto la inversión minera que es necesariamente a muy largo plazo?" cuestiona el académico.

En términos generales, las críticas de Ramos apuntaron también a "los dientes" de los derechos sociales en la nueva Constitución "me parece que la Constitución debe garantizar umbrales mínimos de estos derechos sociales, pero mínimos determinados por la ley y actualizados periódicamente por ley. Que sea análogo a la salud, donde las enfermedades designadas Auge garantizan la debida atención en un período máximo de tiempo. Así, por ejemplo, en educación la ley puede fijar un umbral mínimo de años obligatorios, hoy es 12 años, pero tal vez ya estamos maduros para 14 años; o en cuanto a su calidad, que la ley diga el derecho a asistir a escuelas con un Simce, digamos, de al menos 225. De este modo, el derecho tiene "dientes" y se evita que sea mera aspiración o que se judicialice todo".

Otras visiones

A este respecto, un jurista experto en desarrollo y un economista de la región dieron su parecer sobre el enunciado de la propuesta de Carta Magna.

Sebastián Salazar, doctor en derecho constitucional, docente de la Universidad Alberto Hurtado y experto asesor en materias constitucionales señaló que "la propuesta de nueva Constitución en materia económica lo que hace es trasladar definiciones de nivel Estado Social a nivel de Estado Regional y Estado Ecológico, que son los tres pilares de la Constitución económica, desradicalizando la actual Constitución de 1980" y respecto al desarrollo económico y la productividad a propósito de la nueva Constitución, Salazar aclara que "muchas de estas decisiones van a estar circunscritas en el ámbito económico en el ámbito del Estado regional y eso implica una toma de decisión que podrá realizarse por parte de las nuevas entidades territoriales que el texto constitucional crea y que podrán tomar ciertas definiciones de índole económica. Esto se ve en el caso de poder crear tasas y contribuciones y empresas regionales, mediante la ley en el Congreso y así se descentraliza que las decisiones de índole económica puedan ser de las entidades territoriales". Agregó Salazar que "en el caso del rol del Estado en la economía, se establece la posibilidad de favorecer el desarrollo económico y la productividad, se establece particularmente en un artículo que el Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, y en este último caso lo hace a través de la figura del Estado empresario en materias de interés público y estratégico que van a ser creadas por la ley, que va a ser la que defina las características y el régimen jurídico sobre el cual se va a aplicar el Estado empresario".