Los trastornos provocados por la inmigración descontrolada son un tema recurrente en comunas como Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, donde se están concentrando los planes para afrontarla y así evitar efectos colaterales vinculados a seguridad pública y vivienda. En la Región de Tarapacá las formas de delinquir no vistas son un foco de preocupación actual. "Nuevas criminalidades han llegado del extranjero", comentó el fiscal nacional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien dijo que no se trata de ser xenófobo sino que ser responsables con la regulación.
Atacama mira de lejos esta problemática, aún. Y es que sigue siendo considerada como una "zona de paso" de quiénes ingresan ilegalmente y los trastornos son vistos como menores respecto otras comunas.
La pregunta es ¿será tan así? Lo cierto es que en el caso de avenida El Chañar o Circunvalación hacia abajo se podría decir que se vive una realidad distinta, pero no hay una noción clara y menos exacta de lo que sucede en materia de vivienda. Los campamentos han crecido y llegado a 99 en la región con más de 6 mil familias ocupándolos, pero ¿cuántos son utilizados por inmigrantes?
Difícil respuesta, pero sí da nociones de que puede haber una "cifra negra" de ingresos, dado que estimaciones indican que en los asentamientos en general el 30% es habitado por extranjeros.
Junto a esto, las nuevas formas de criminalidad tampoco han llegado como sucede en Tarapacá y eso, en parte, deja tranquilidad a la ciudadanía.
Pero mirar esto desde lejos y pensar que esas realidades no se verán jamás en las comunas atacameñas es muy iluso y nos puede mantener en una "zona de confort" muy riesgosa.
Es común que las diásporas tengan más impacto en ciertas zonas que en otras, pero el paso del tiempo puede ir modificando escenarios y, lamentablente, en Atacama se carece de un diagnóstico y proyecciones que permitan ir tomando acciones en la materia.
También se depende mucho del actuar del Gobierno en la regulación que haga en las fronteras y de las regulaciones que haga en la ciudades, siempre considerando el respeto a los derechos humanos y no criminalizar a personas que vienen a ser un aporte al país y que deben pagar "los platos rotos" de otros.