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Experta y constituyentes locales analizan el rol político de la comisión de normas transitorias

CONVENCIÓN. Miriam Henríquez, Maximiliano Hurtado y Guillermo Namor coinciden en que la labor de esta comisión jugará un "rol clave" en la continuidad institucional si llega a aprobarse la nueva Carta Magna.
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Vanessa Carrasco

Entregado ya el borrador de la Nueva Constitución, comienza por una parte la difusión del texto entre la ciudadanía para efectos pedagógicos y de discusión, sin embargo, quedan aún tareas claves pendientes para el futuro del nuevo texto en manos de la comisión de normas transitorias.

Si bien, por una parte, la comisión de armonización ya inició su trabajo de revisar cada artículo y dar cuerpo al texto como un solo gran sistema; junto con la labor de la comisión de preámbulo que justamente debe redactar un texto declarativo que será el encargado de abrir la eventual nueva Carta Magna, en la otra vereda se encuentra la ardua labor de la Comisión de Normas Transitorias, que comenzó su menester en dependencias de la Biblioteca Nacional de Antofagasta en donde las tres comisiones pondrán fin al trabajo de la convención.

Consultada a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, sobre el por qué la labor de la comisión de normas transitorias es tan importante desde el punto de vista de su rol político, señaló que "su relevante trabajo implica definir las normas que colocarán en vigencia la futura Constitución y las que reemplazarán la Constitución anterior y las normas que derivan de ella".

Esto quiere decir que será la misma convención a través de esta comisión quien definirá cómo será la transición entre una constitución y la otra. "En términos concretos, su relevancia es jurídica y política porque definirá cómo y cuándo entrarán en vigencia las distintas instituciones que se contienen en el borrador de la nueva Carta, como por ejemplo el Consejo de la Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y las Asambleas Regionales", declaró Henríquez.

Sumado a esto, el mundo político tiene sus ojos en las propuestas de esta comisión debido a que entre otras cosas definirá "también si continuarán o no las autoridades que integran los órganos que se supriman o modifiquen sustancialmente, como el mandato de los senadores ante el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones o el Tribunal Constitucional por la Corte Constitucional", señaló la experta.

En el fondo, la logística propiamente tal que dará continuidad a la institucionalidad del aparato gubernamental, con decisiones como "si se contemplarán periodos de vacancia, por ejemplo, si los jueces activos mayores de 70 años continuarán o no en el cargo; o si el Presidente de la República, Gabriel Boric, podrá reelegirse al término de este mandato", sostuvo la constitucionalista.

Constituyentes locales

Para el convencional PS Maximiliano Hurtado, el trabajo de esta comisión "tendrá un rol importantísimo en lo político, en al menos dos dimensiones. Por una parte vendrá a regular el traspaso de un régimen a otro de las autoridades políticas nacionales y regionales, establecerá fechas de elecciones, traspaso de facultades de los concejos regionales a las asambleas regionales y del senado a la cámara de las regiones, solo por citar dos ejemplos; además tendrá la posibilidad de establecer prioridades mediante mandatos legislativos, es decir determinará cuál de los nuevos sistemas de provisión de servicios asociados a los derechos fundamentales, se implementan primero, por ejemplo si en plazo de determinados años se determina la ley que establece el nuevo sistema de pensiones, o el de salud".

Por su parte,el convencional independiente, Guillermo Namor, la labor de la comisión es fundamental debido a que su rol es "neurálgico en la razonabilidad, gradualidad y viabilidad técnica del proceso constituyente, por ello las personas que integran la comisión tienen una labor fundamental en el debate político que se dará sobre la forma de lograr la implementación del texto en cuanto a sus plazos y medidas".

Para Namor, lo político del trabajo de la comisión "se observa claramente en la integración de esta con personas como Constanza Schonhout, Marcos Barraza, César Valenzuela o Cristian Monckeberg, entre otros".

"Y especialmente definir cómo se resolverá la posible incompatibilidad de las normas previas con las nuevas normas constitucionales. ¿Por qué especialmente? Porque, a partir de la publicación de la nueva carta, una importantísima cantidad de normas legales e infralegales (Reglamentos y normas, por ejemplo) quedarán en una situación precaria o interina al ser potencialmente incompatibles con las nuevas normas constitucionales. Entonces la Comisión también deberá proponer al Pleno las normas transitorias constitucionales derogatorias, como instrumentos claves para regular el tránsito de actual orden jurídico constitucional al nuevo" remató la experta constitucionalista, Miriam Henríquez.

"Su relevancia es jurídica y política porque definirá cómo y cuándo entrarán en vigencia las distintas instituciones que se contienen en el borrador de la nueva Carta".

Miriam Henríquez, experta constitucionalista.

"Vendrá a regular el traspaso de un régimen a otro de las autoridades políticas nacionales y regionales, establecerá fechas de elecciones, traspaso de facultades ".

Maximiliano Hurtado, constituyente PS

"Las personas que integran la comisión tienen una labor fundamental en el debate político que se dará sobre la forma de lograr la implementación del texto en cuanto a sus plazos y medidas".

Guillermo Namor, constituyente INN

Aprueban en general en la Comisión de Educación de la Cámara Baja la "Ley José Matías"

AVANCE. La iniciativa busca prevenir acoso y discriminación por identidad de género en las escuelas y lleva el nombre del joven trans que se quitó la vida en Copiapó.
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Su satisfacción manifestó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, tras la aprobación en general en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, del denominado proyecto de "Ley José Matías", en recuerdo al joven trans que se suicidó en 2019 en Copiapó, que busca que los establecimientos se hagan responsables de la prevención del acoso y discriminación por motivos de identidad y expresión de género.

El proyecto fue presentado con el patrocinio de la legisladora junto a Marcela Guevara, madre de José Matías, haciendo ingreso del texto al Congreso en noviembre de 2020, en donde no registró avances hasta que fuera puesto en tabla el presente año en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, recibiendo además urgencia por parte del Ejecutivo con el respaldo del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, solicitado por la parlamentaria.

Respecto a la aprobación en la instancia parlamentaria, coincidiendo con el Día contra la Homofobia, lesbofobia, transfobia, y bifobia, la diputada Cicardini manifestó que "estamos a pocos días de que este 23 de mayo se cumplan 3 años de que José Matías se quitara la vida, por el acoso y violencia escolar que vivió por su identidad de género, sin la prevención y el apoyo adecuado de su liceo, y por eso, dentro del gran dolor que significó su partida, es una satisfacción llegar a recordar esa fecha con esta aprobación en general del proyecto de Ley José Matías"

"Esto fue posible también gracias a la urgencia que le dio este nuevo gobierno a través del ministro de Educación, y es una gran noticia y un importante paso en el camino para hacerlo realidad, lo que esperamos sea pronto, y en el que estamos acompañando la valiente lucha de su madre, Marcela Guevara, con quien presentamos este proyecto", señaló.

En esa línea, la parlamentaria subrayó además que "nos permite acercarnos al gran objetivo final que es proteger de mejor manera del acoso y la discriminación en nuestras escuelas a los estudiantes, en especial a niños y jóvenes trans y hacer responsables a las escuelas de tener equipos adecuados, denunciar y prevenir esas situaciones tan dolorosas, lo que creemos es el mejor recuerdo, homenaje y la mejor forma de dar un nuevo sentido a la partida de José Matías".

"Es además muy relevante cuando tenemos informes como el de UNESCO de 2020, que dice que en Chile, 4 de cada 5 estudiantes que pertenecen a la diversidades sexuales no se sienten seguros en su escuelas, o cuando desde la subsecretaría de prevención del delito señalan que casi el 90% de estas comunidades han sufrido violencia o discriminación".