La opción de contar con una moneda digital en Chile avanza, luego de que se conociera un informe del Banco Central que hizo una primera evaluación sobre los beneficios, riesgos y desafíos de contar con esta modalidad de transferencia. El avance vertiginoso de los pagos online es razón suficiente para explorar esta opción, más si han entrado nuevos actores y nuevos instrumentos.
Estos informes parecen adecuados y al menos acercan un poco a un mercado, que inevitablemente logrará consolidarse con el paso del tiempo y que es probable que entre muy fuerte con herramientas tecnológicas más potentes.
Chile no se puede quedar atrás en esta materia y debería ir haciéndose la idea de contar con algún tipo de modalidad que lentamente sea insertada en la vida diaria, siempre y cuando haya un marco regulatorio claro y seguridad para los usuarios.
Una moneda digital permite un sistema más eficaz, dado que el dinero físico es un constante problema para las personas. Hay un riesgo permanente de pérdidas por descuido o robos, mientras que a nivel de comercio la ausencia de monedas se ha transformado en un dolor de cabeza.
Junto a esto se evita la impresión de billetes, lo que para ciertos sectores incluso es visto como un impacto incluso en lo ecológico, aunque otros sectores aluden que el bitcoin tiene un alto consumo energético.
Además, según BBVA, evita actividades ilegales dado que se mantiene un rastreo por la "huella" que deja y con ello se tendría más dificultades en cometer delitos como la corrupción.
Sin embargo, los ataques cibernéticos y estafas parecen ser el gran "pero" de su implementación. La pérdida de monedas digitales o del monedero por culpa de un hacker suponen la imposibilidad de recuperación, lo que deja desprotegidos a los usuarios. Junto a esto, al menos en Atacama no parece una entrada fácil dado que incluso el sistema de pago con tarjeta es evitado por un grupo de comerciantes para evitar el cobro de comisión o bien por la mala señal de Internet.
Como sea, el mundo parece avanzar con el pago de bitcoin y el país no puede quedarse atrás en esta discusión. Por ello el Banco Central debe tomar definiciones más claras entre 2022 y 2023.