Redacción

El pleno de la Convención Constitucional inició ayer la votación en particular del segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, que incluía normas sobre los denominados "derechos sociales", tales como la vivienda, la protección social y la educación.

Respecto de la vivienda, se aprobó parcialmente el artículo 4, pasando a formar parte del borrador de la nueva Constitución la norma que establece que "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria".

Además, fue aprobado el texto que señala que "el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley".

El resto del artículo no alcanzó el quórum de dos tercios, pero al recibir la mayoría de los votos volverá a la comisión para que esta elabore una nueva propuesta.

En tanto, fueron rechazadas las indicaciones presentadas por la convencional Rocío Cantuarias (Chile Vamos). Una de ellas planteaba que "la propiedad sobre la vivienda es inviolable" y que "el Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena".

Otra de los artículos aprobados parcialmente fue el 7, relativo al derechos a la ciudad y el territorio. Quedó en el borrador de la futura carta magna la norma que reconoce a todas las personas el "derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna".

El texto visado por el pleno también señala que "el derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad".

Con respecto a la protección del trabajo y el derecho al trabajo decente, fue rechazada toda la propuesta de la comisión, excepto el inciso quinto, que "prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario".

Otro de los aspectos llamativos de la jornada fue la aprobación del artículo que permitiría a los sindicatos participar en las decisiones de las empresas. En específico, el artículo 9 señala que "los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho".

Lo más relevante de lo que ha ocurrido por estos días no es el rechazo del diez por ciento -algo bienvenido cuando se lo examina desde el punto de vista económico- sino la porfía en solicitarlo una y mil veces.

Y es que esa porfía es indicativa de un fenómeno, por llamarlo así, sociológico que de un tiempo a esta parte ha ocurrido en la sociedad chilena y del que el comportamiento de los parlamentarios no es más que un resultado.

Para advertirlo hay que retroceder hasta antes del 2019.

Mucho antes de esa fecha comenzó a expandirse la idea de que buena parte de los problemas que se experimentaban no eran el fruto de la falta de crecimiento sino el resultado de la cicatería, la mezquindad, el egoísmo, de una élite voraz dedicada a acumular riqueza a costa de una mayoría trabajadora y virtuosa. Buena parte de los problemas se creía entonces, eran fruto de una élite ambiciosa frente a un pueblo virtuoso: los malos resultados de la educación, fruto del lucro; las magras pensiones, resultado de las AFPs y su desmedida ambición; la congestión en la salud, resultado de las isapres; los precios, fruto de la colusión, y así. Ese diagnóstico de los problemas sociales -al que técnicamente suele llamársele populismo y al que la actual coalición gubernamental contribuyó, sin excepciones, con entusiasmo- comenzó a cundir poco a poco; aunque se trataba solo de una idea, una idea que no encontraba ningún fenómeno en la realidad, ningún acontecimiento tangible, que permitiera confirmarla. Y ocurre que las ideas adquieren eficacia social cuando un fenómeno parece confirmarlas. Y esa visión de los problemas sociales no encontraba ninguno.

Hasta que llegó la pandemia.

La pandemia obligó a la entrega permanente de subsidios, tanto subsidios directos por parte del estado con cargo a rentas generales o ahorros fiscales, como transferencias con cargo a los fondos previsionales. De pronto, entonces, gracias a decisiones políticas, empujes de la simple voluntad, los problemas parecieron poder resolverse. Y es probable entonces que buena parte de la gente se preguntara ¿por qué hoy se puede disponer de recursos -bastando para hacerlo una simple decisión de la autoridad- que hasta anteayer se nos negaban? ¿Acaso no era verdad entonces que todo era cuestión de voluntad, de sensibilidad hacia los problemas de la gente puesto que la experiencia mostró que, si se quería, se podía?

En ese momento, el fenómeno que el populismo necesitaba para adquirir verosimilitud se configuró. Las transferencias que fue necesario hacer, sirvieron de estructura de plausibilidad del populismo.

Hoy es muy difícil hablar de escasez, de la necesidad del esfuerzo sostenido para crecer y resolver los problemas, cuando la experiencia sostenida en estos años (justificada en sus inicios, de eso no hay duda) demostró, a ojos de la gente de a pie, que el estado podía resolver los problemas y transferir recursos al compás de la voluntad. Menos todavía si quienes hoy manejan el estado (incluido el ministro Marcel, quien acaba de abandonar su papel de cancerbero de las finanzas) accedieron a la solicitud de retiros, solo que modificándola. Retrospectivamente el fenómeno de las ayudas vino a confirmar la verdad, por decirlo así, del populismo, a conferirle eficacia social a la imagen que él divulga acerca de los problemas sociales (la riqueza está ahí, solo que algunos la atesoran).

Y no será fácil espantar esa imagen del espacio público.

No tiene nada de raro entonces (como lo mostró esa señora que llamó amarillo al presidente o como lo están mostrando las encuestas) que cualquier forma de contención del gasto o de los subsidios o de las transferencias sea visto de aquí en adelante como una forma de sumarse a esa oscura conspiración de las élites inundadas de cicatería y ambición.

Y menos raro aún es que los parlamentarios, la mayor parte de los cuales son buscadores de votos (que es otra forma de decir buscadores de rentas, como todos) no hagan el menor esfuerzo de contradecir esa imagen y en vez, se empeñen en fortalecerla.

Una de las materias que más debate generó durante la jornada de este martes fue la seguridad social.

La propuesta de la Comisión sobre Derechos Fundamentales dice que "la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad".

El artículo también señala que "la ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo".

Respecto de las pensiones, la propuesta plantea que "el Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido".

Ayer se repitieron las críticas de los convencionales de Chile Vamos, luego que la comisión rechazara las indicaciones que buscaban garantizar explícitamente que los fondos previsionales son inexpropiables.

"No son capaces de decirle a la cara a los chilenos que no están dispuestos a resguardar la propiedad sobre sus ahorros previsionales y que estos sean heredables. No son capaces de dar la libertad para decidir si es una institución pública o privada la que administrará sus ahorros", dijo Constanza Hube (UDI).

"Esta Convención debe declarar el carácter inexpropiable de uso exclusivo y heredables los fondos de pensión acumulados de sus legítimos dueños, lo contrario solo será otro robo de los que la clase política nos tiene acostumbrados a los chilenos", agregó Luciano Silva (RN).

Por su parte, Marcos Barraza (PC) aseguró que "lo que se ha presentado por parte de la derecha es una indicación tramposa que busca impedir esa voluntariedad en el traspaso de los recursos (a un eventual sistema solidario). No vamos a ceder frente a las presiones del gran empresariado, de las AFP y de la derecha política".

Hasta el cierre de esta edición, el pleno había aprobado el artículo que garantiza el derecho al cuidado "a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal". Restaba votar normas sobre seguridad social, salud y educación.

Los primeros artículos del segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales en ser aprobados fueron los relativos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El pleno dio luz verde a la norma que señala que "las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral". Además, quedará en el borrador el artículo que reconoce a las víctimas "el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial".