país debemos impulsar esta Transición Ecológica Justa -que como dije antes los costos no los paguen los mismos de siempre o los beneficios los obtengan los mismos-, convocando a los actores relevantes a nivel territorial, y en esta transformación sin duda que sumaremos a la Región de Atacama.

En relación al plan de descontaminación para Copiapó y Tierra Amarilla, existe un proceso reglamentado por el que deben pasar este tipo de normativas. Es así que en enero de este año publicamos la resolución de inicio del plan y a partir de esa fecha existe el plazo de un año para la elaboración del anteproyecto, periodo que es muy relevante, porque se recogen todos los antecedentes sobre las emisiones y se proponen qué medidas pueden aplicarse para reducir la contaminación.

Una vez que tengamos listo el anteproyecto, daremos inicio al proceso de participación ciudadana, muy importante para nosotros. Tras eso, y luego de incorporar las observaciones que nos hagan las personas, desarrollamos el proyecto definitivo que será sometido a discusión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que tenga la firma del Presidente y la Contraloría tome razón, debería ser publicado, con lo que comenzará a regir.

¿En este Gobierno se terminarán con las zonas de sacrificio como Huasco? ¿Qué pasará con Chañaral que históricamente ha sido golpeada por la contaminación?

-Esa es una situación que no debería repetirse en Chile. Tenemos un deber moral como país de dar solución a las denominadas "zonas de sacrificio", aunque sabemos que hacerlo completamente tardará más de cuatro años.

A eso apunta precisamente la Transición Ecológica Justa, que contempla acciones muy relevantes para delinear una hoja de ruta que nos permita tomar medidas concretas en estos cuatro años de gobierno que mejorarán la calidad de vida de las personas en los territorios afectados, pero proyectado hacia una solución definitiva de largo plazo.

Lamentablemente todavía existen en Chile zonas que por décadas han enfrentado la contaminación y degradación del medioambiente. Como dije, esto lo abordaremos a través de comisiones de transición justa y nuestro compromiso también es que no se generen nuevas zonas de sacrificio.

En el Día Mundial del Agua diversos actores en Atacama coincidieron que el "Agua subterránea" debe ser el gran tema en 2022 y que su gestión no ha estado a la altura de los desafíos que se vienen con la escasez hídrica. ¿Está de acuerdo?

-La crisis hídrica es uno de los temas más urgentes que tenemos como sociedad. Es una causa muy sentida para la población y la están sufriendo en muchos territorios como consecuencia, principalmente, de una megasequía que arrastramos por más de 12 años, uno de los efectos claros del cambio climático en Chile.

Sin embargo, los actuales niveles de escasez son acentuados por el modelo de gestión del agua vigente en el país, que establece un mercado del agua y en el que no existen las herramientas necesarias para que el Estado coordine, regule, fiscalice y planifique los distintos usos y usuarios. Es así que las decisiones que toma el Estado con respecto al agua involucran a más de 40 instituciones, solo ese dato te da una idea de que es un problema muy complejo de abordar.

Por eso es urgente avanzar hacia una transición que garantice que las personas y la naturaleza cuenten con agua. En ese sentido, estamos trabajando arduamente en los lineamientos que permitan desarrollar una Transición Hídrica Justa, es decir, un proceso gradual de adaptación de la gestión del agua desde el actual modelo fragmentado, de corto plazo, hacia uno sustentable e inclusivo. Este proceso se construirá en los territorios sobre la base de los derechos ratificados en Escazú.

Por eso quisiera destacar la reciente promulgación de la reforma al Código de Aguas, porque es un paso importante en la dirección correcta para los procesos de transformación institucional que tenemos por delante. Luego de 11 años de tramitación, contamos con un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua, reconociendo explícitamente el derecho humano al agua como una prioridad y se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua, y se protege la función ecosistémica del agua.

La Ley de Glaciares avanza en el Congreso y la Comisión de Hacienda del Senado definirá su futuro. Hay preocupación en gremios dado que se dice que pondría en peligro operaciones mineras. ¿Cuál es su postura?

-Los glaciares son un recurso estratégico del país, una riqueza invaluable y todos los actores que tenemos algo que decir sobre ellos estamos llamados a encontrar la forma de reconocer jurídicamente esta realidad, para que coexista con otras actividades de importancia económica. Para ello, esperamos que en el Congreso sean consideradas todas las visiones, incluyendo por igual la industria, las comunidades y la voz científica. Lo que sí creo que todos compartimos es que, en el escenario que vive el mundo completo y Chile en particular, proteger los glaciares y el entorno que lo componen es un imperativo.

Uno de los grandes problemas de la inversión en Atacama ha sido, según gremios, la falta de certeza jurídica en materia medioambiental. Incluso hay proyectos que han tenido luz verde, pero que son rechazados por tribunales ambientales. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Habrá algún cambio en la institucionalidad o en procedimientos? ¿Se pretende avanzar en una modernización de instancias como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)?

-Mucha de la conflictividad socio-ambiental que vemos en el país, ligada principalmente a proyectos de inversión, se debe a la falta de diálogo y de participación real. Por eso es una señal muy potente que el primer proyecto que envió el Presidente Boric al Congreso fue el proyecto de ley para adherir el Acuerdo de Escazú, porque garantizará los derechos de acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en temas ambientales. La aplicación de estos tres derechos debiera resultar en la disminución de la conflictividad socio-ambiental.

Asimismo, en el programa de gobierno nos comprometimos a iniciar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que permita fortalecer la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio.

La expresidenta del TC Marisol Peña dice que dar derechos a la naturaleza, como se propone en la redacción de la nueva Carta Magna, limitaría la actividad económica y derechos de las personas como el derecho al trabajo. ¿Cree que es tan así?

-La Convención Constitucional está en pleno desarrollo, en un trabajo deliberativo que propondrá una nueva Constitución a todas y todos los chilenos. Sin duda que estamos muy atentos, porque aquello que quede escrito nos va a tocar implementarlo como Ministerio, pero, por el momento, solo podemos decir que valoramos que en esa instancia se plantee la necesidad de contar con una Constitución Ecológica.

Dicho eso, creo que debemos entender que existe una relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza y, tal como expliqué anteriormente, tenemos que dejar atrás el paradigma de que el cuidado del medioambiente se contrapone con el desarrollo económico. Nuestra convicción apunta a que el desarrollo económico no es desarrollo sin el cuidado del medioambiente.

"Tenemos un deber moral como país de dar solución a las denominadas "zonas de sacrificio", aunque sabemos que hacerlo completamente tardará más de cuatro años"

Por zonas de sacrificio

"Mucha de la conflictividad socio-ambiental que vemos en el país, ligada principalmente a proyectos de inversión, se debe a la falta de diálogo y de participación real"

Por proyectos de inversión trabados

2018 fue nombrada por la por entonces Presidenta Michelle Bachelet como representante de la Presidencia para la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático. tiene la actual ministra de Medioambiente, quien es independiente de partidos políticos.

Tras un largo proceso de preparación, el Instituto Teletón Atacama fue acreditado por la Superintendencia de Salud luego de haber dado cumplimiento a las normas del "Estándar General de Acreditación de Prestadores Institucionales de Atención Abierta" del Ministerio de Salud (Minsal).

En 2018 el instituto recibió por primera vez esta importante certificación. Y, este año, fue nuevamente acreditado, lo que lo reconoce como un prestador que da cumplimiento a las mejores prácticas establecidas por la autoridad sanitaria, y como un establecimiento de salud de excelencia, que asegura seguridad y calidad clínica a todos sus pacientes.

Joyce Lavanchy, directora del Instituto Teletón Atacama, enfatiza que "todo el proceso para lograr esta acreditación se constituyó como una oportunidad de incrementar la unión y colaboración entre todos los trabajadores, en pos de mantenernos en este círculo virtuoso de mejora continua de calidad y seguridad con la que ofrecemos nuestros servicios de rehabilitación integral".

La certificación, que es otorgada por un periodo de tres años, estuvo a cargo de una entidad acreditadora externa, y fiscalizada por la Superintendencia de Salud, la que evaluó rigurosamente áreas como la competencia profesional, procesos internos, acceso y atención a los pacientes, instalaciones, entre otras.

Teletón solicita estas acreditaciones en cumplimiento a sus lineamientos institucionales, y como parte de su compromiso con la calidad de los servicios que ofrecen a pacientes en los institutos, la búsqueda de excelencia y mejores prácticas, así como someterse a miradas externas que evalúen y señalen sendas de crecimiento y desarrollo.

En los últimos 12 meses, el Instituto Teletón Atacama ha atendido a 758 niños, niñas y jóvenes provenientes de comunas como Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Huasco, Alto del Carmen, Freirina, El Salvador, entre otras.