La violencia, gran consecuencia de la pandemia
Violeta Villalobos Utreras , Jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Atacama, Belén Abarca Herrera, Fundación Fútbol Más
Hemos sido testigos de los hechos de violencia dentro y fuera de las escuelas, peleas entre alumnos, uso de armas de fuego y amenazas de muerte. Todo en distintas comunas y regiones del país, por lo que se podría establecer que atravesamos por un problema transversal que no deja a nadie fuera. Eso sin contar la permanente agresividad con la que se convive en las calles, medios de transporte y espacios públicos.
Dos años pasaron para que los niños y niñas volvieran de manera presencial y permanente a clases, luego de que la pandemia provocara una nueva modalidad, donde el aprendizaje se volcó a la pantalla y las casas se convirtieron en salas de clases. Las relaciones sociales y el vínculo con los pares disminuyeron notablemente, habilidades que se perdieron en el camino y que hoy estamos obligados a atender. Si una se pusiera a pensar, no existió una transición hacia el retorno a clases, por lo que el cambio fue nuevamente brusco y las sensaciones de inseguridad y cuadros de estrés/ansiedad están en el tapete.
Sabemos que la infancia debe volver a clases, manteniendo los resguardos necesarios para cuidarse, porque no debemos olvidar que el covid-19 sigue estando presente y con casos activos, pero ¿de qué manera acompañamos este proceso?, ¿estamos consciente de que volver a retomar la rutina ha provocado más violencia?, ¿será que a nuestros niños, niñas y jóvenes se les olvidó el cómo sociabilizar con el otro?
Preguntas que debemos hacernos como sociedad, autoridades y organizaciones que trabajan con la infancia y las familias. Una vez más no podemos dejar de escucharles cuando están pidiendo ayuda a gritos, debemos seguir garantizando sus derechos y que sean capaces de recibir atención de todo tipo. Debemos seguir insistiendo en que está demostrado que deben ser los primeros en la lista cuando se trata de cuidar la salud mental.
Disminuir la jornada escolar pareciera ser un buen primer paso para descongestionar el espacio educativo que ya se encuentra saturado. No obstante, debemos pensar y crear una estrategia que solucione el efecto post trauma que está viviendo nuestra infancia y juventud.
Ciberdelito y derechos fundamentales
El martes 22 de marzo de 2022, el Senado envío al Presidente de la República Sr. Gabriel Boric Font, para su aprobación, un proyecto de ley, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como "Convenio de Budapest".
El proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, por lo que el Presidente de la República se encuentra facultado, según el inciso 1º del artículo 73 de la Carta Fundamental, para desaprobarlo, en cuyo caso lo devolverá a la Cámara de origen, es decir, el Senado, con observaciones, dentro del término de treinta días, y si, por el contrario, lo aprueba, el proyecto pasará al Tribunal Constitucional para que controle su constitucionalidad, antes de ser promulgado como ley de la República.
Este proyecto tipifica delitos como el ataque a la integridad y el acceso ilícito a un sistema informático, la interceptación ilícita, la falsificación y la receptación de datos informáticos, entre otros ilícitos asociados a abuso de dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso, creados o adaptados principalmente para la perpetración de delitos informáticos.
Con el objeto de pesquisar a los responsables de la comisión de estos ilícitos, la ley permitirá el uso de las técnicas investigativas más intrusivas de nuestro sistema, como el uso de agentes encubiertos en línea y la grabación de comunicaciones entre personas presentes, con autorización judicial previa.
Además, incorporará al Código Procesal Penal, un nuevo artículo 218 bis que permitirá al Ministerio Público, requerir, a cualquier proveedor de servicios, la preservación provisoria de datos informáticos que se encuentren a su disposición hasta que obtenga autorización judicial para su entrega. La empresa estará obligada a prestar su colaboración, y guardará el secreto ante su cliente y terceros, y será sancionada si infringe este deber de reserva o secreto.
Según mi opinión, este proyecto de ley debe ser analizado rigurosamente antes de su aprobación, para impedir el abuso de aquellas técnicas de investigación que resultan lesivas de derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.