Redacción

Cobrar más a quienes consuman agua en exceso, además del racionamiento, es una de las ideas que asoma en la discusión sobre la escasez hídrica.

Así al menos lo planteó el ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, durante una visita a las obras de modernización de la planta Padre Hurtado de Aguas Andinas, que abastece a 250 mil hogares de la zona oriente de Santiago.

"Queremos reconocer el trabajo de las municipalidades para reducir el consumo de agua en parques y reconocemos que existe una conciencia en la ciudadanía, pero vamos a tener que seguir en este proceso", dijo García en la actividad, realizada en el marco del Día Mundial del Agua.

En tal sentido, la autoridad no descartó "gravar el consumo de agua de las familias si eso fuera necesario".

El secretario de Estado argumentó que algo similar ya se realiza en el mercado de la electricidad. "No es una medida radical, es una medida progresiva que existe por ejemplo con el consumo eléctrico en los periodos de invierno. Son medidas que estamos empezando a estudiar y tendrán que ser consensuada con todos los actores", recalcó.

De acuerdo a lo señalado por el titular del MOP, el análisis de este eventual "gravamen" al alto consumo hídrico está a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

García destacó la necesidad de "hacer visible la situación en la que estamos, con un cambio climático importante. Tenemos que hacer conciencia de la importancia del recurso hídrico para el consumo humano y agricultura".

Racionamiento

En relación a eventuales restricciones al consumo de agua potable en la Región Metropolitana, el titular de Obras Públicas aseguró que gracias a las obras hidráulicas que se están realizando, como la planta Padre Hurtado, es posible asegurar el abastecimiento "sin racionamiento" durante este 2022.

Sin embargo, aclaró que "nunca estaremos tranquilos dada la escasez hídrica que tenemos. Tenemos que observar las lluvias que tendremos en invierno y a partir de ahí, ir informando a la ciudadanía sobre los riesgos".

Además, Juan Carlos García remarcó que si bien en las ciudades aún es posible mantener la continuidad en el suministro, existen muchas zonas rurales que están viviendo dificultades "extremas".

Lo anterior en alusión a aquellas localidades que deben abastecerse mediante camiones aljibe u otras alternativas. En esa línea, aseguró que se buscará avanzar a través de las herramientas que entrega el nuevo Código de Aguas y de un plan especial de agua potable rural del MOP.

Uno de los fenómenos más dignos de análisis, de todos los ocurridos por estos días, lo constituye la amplia aprobación inicial a la iniciativa de autorizar un quinto retiro de los fondos previsionales. Hasta poco antes de las últimas elecciones el fenómeno podía atribuirse al anhelo de los diputados, y los senadores, por reelegirse. Como sugeriría la escuela de la elección pública, no debe sorprender que los parlamentarios, llegado el caso, se sirvan del dinero de los ciudadanos para promover su propia reelección.

Pero una vez reelectos ¿qué podría explicar este empeño por promover un quinto retiro cuando todos saben, o debieran saber, que eso acabará dañando el bienestar social? Si se descuenta la ignorancia supina (es decir, la idea que los parlamentarios simplemente no saben o no logran comprender cómo un retiro adicional daña la economía) no cabe más que buscar explicaciones a este fenómeno en alguna dimensión de la vida social distinta a la de la racionalidad puramente económica.

¿Cuál sería ella?Una explicación posible es que en la cultura del Congreso -lo que pudiera llamarse con algo de exageración, su ethos- se ha producido un cambio silencioso pero radical. Ese cambio consistiría en que los parlamentarios ya no se ven así mismos como partes de un proyecto ideológico o de un programa de políticas públicas cuyo sentido final deben servir, y a cuya consecución deben subordinar sus propias decisiones. Esa concepción del trabajo legislativo que se consolidó durante la transición habría sido sustituida por la idea que ser parlamentario consiste en ser mandatario de los intereses inmediatos del electorado que, de otra forma, los abuchea, los insulta o los degrada en las redes o en la calle. Ser político no consistiría así en tener ideas que modelen o conduzcan las expectativas de las personas, sino en tener la sagacidad para adivinar esas expectativas y seguirlas o amplificarlas cuidando -hasta el escrúpulo - no denunciarlas como inconvenientes, dañinas o irracionales.

Es difícil exagerar cuán dañino para el bienestar social puede resultar esa forma de concebir el trabajo del político parlamentario.

El bienestar social exige adoptar medidas que, desde el punto de vista de los intereses inmediatos de los ciudadanos puedan resultar lesivas o insatisfactorias; pero que, en el mediano plazo, sean el único camino razonable para incrementarlo. Por eso el político de veras (es decir, aquel que no concibe su trabajo como el de simplemente transportar los intereses de su electorado abogando por ellos) suele persuadir a la ciudadanía, orientar sus expectativas o llegado el caso moderarlas o contenerlas según lo exija el horizonte de largo plazo que su programa o ideología le indique.

Pero si el político se deja atrapar por los intereses inmediatos; si para él el tiempo pierde todas sus dimensiones, salvo la del presente; si las ideas generales que deben orientar la vida colectiva desaparecen, entonces es la política la que también arriesga su existencia para tarde o temprano ser sustituida por la mera agregación de intereses. Porque suele olvidarse que la diferencia que media entre el mercado y la política deriva del hecho que en el primero los intereses se agregan o suman, en tanto que en la segunda se deliberan a la luz de un cierto horizonte de ideas en las que se cree.

La semilla de esa forma de concebir la política -suele olvidarse- la plantó la derecha mediante Joaquín Lavín quien persuadió a todos que la política consistía en atender a las necesidades de la gente (entendiendo por tales lo que la gente apetece sin pensar las ulteriores consecuencias) para lo cual debía consultársela, incluso, mediante la realización de plebiscitos cotidianos (hoy reemplazados por las redes). Y no deja de ser irónico que cuando la izquierda se ha hecho del poder, ese estilo de hacer política parlamentaria sea el que predomina, como si por debajo del triunfo del PC y el FA hubiera, después de todo, un triunfo casi cultural de esa forma liviana de concebir la vida colectiva.

El ministerio de Educación (Mineduc), en conjunto con el ministerio de Salud (Minsal), entregaron ayer orientaciones sanitarias para el "reencuentro" de comunidades educativas.

Entre las medidas anunciadas se consignan la priorización de vacunación a niños y adolescentes durante marzo y abril, definir un umbral de 80% de vacunados por curso, de manera de flexibilizar los aforos de ahí en adelante, y garantizar pago de subvenciones para asegurar recursos para el desarrollo del proceso educativo.

Además, se considera implementar un Plan de Reactivación de Aprendizajes Integral, pensado en reparar el daño que produjo la pandemia en aprendizajes y socialización durante los últimos dos años.

De todas formas, desde el Colegio de Profesores acudieron hasta el Mineduc para pedir que siempre se consideren aforos en las salas.

El presidente de la entidad, Carlos Díaz, sostuvo que "hay 500 establecimientos educacionales que ya tienen contagiados, tal vez no da para brotes, no estamos hablando de que el colegio esté cerrado, pero sí preocupa la rapidez con la que se han dado estos contagios y por ello nos parece que la prevención en estos momentos es fundamental".

Disminución de casos

El Minsal reportó ayer 5.045 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja desde el 12 de enero de este año, además de 11 personas fallecidas.

La positividad llegó hasta un 10,87% y el número de pacientes covid-19 en las UCI llegó a 769, de los cuales 593 están conectados a ventilación mecánica.

Por otro lado, el Minsal dio a conocer ayer los nombres de nuevo Consejo Asesor Externo para el manejo de la pandemia, donde destacan quien será su presidenta, la epidemióloga Ximena Aguilera; la exsubsecretaria de Salud Pública del anterior Gobierno María Teresa Valenzuela, y la economista Andrea Repetto.

El Consejo tendrá hoy su primera sesión.