El arribo a la comuna puerto de Caldera de 37 inmigrantes que quedaron varados en la Ruta-5 Norte este lunes, puso a prueba la institucionalidad atacameña y esta reprobó el exámen, puesto que la situación dejó en evidencia las carencias de recurso humano, instalaciones y procedimientos para abordar la crisis migratoria que se ha dejado sentir con fuerza en el norte, sobre todo en la ciudad de Iquique.
En primera instancia, entre la propia Municipalidad de Caldera y el Gobierno Regional debieron adoptar las primeras medidas ante la falta de respuesta inmediata por parte del Ejecutivo, que en la región está representado por la Delegación Presidencial.
En segunda instancia, el día martes, los inmigrantes fueron alojados momentáneamente en la sede de una Junta de Vecinos en la comuna de Copiapó. Allí el equipo de la Seremi de Salud les realizó a cada uno de ellos tests de antígeno para descartar la presencia de covid-19 en el numeroso grupo, resultando dos de ellos positivos.
El problema es que la necesidad de una respuesta inmediata derivó en improvisación, porque de partida, el gobernador regional no tiene las competencias para abordar esta contingencia, además los vecinos del sector donde fueron alojados los migrantes reclamaron debido a que la situación los tomó de sorpresa.
Para colmo de males, desde el Servicio Nacional de Migración (SNM) a nivel regional advirtieron que "lamentablemente los albergues de nuestra región están a máxima capacidad". Dicho en términos simples, ya están advirtiendo un colapso en los dispositivos de acogida, haciendo aún más aguda la problemática.
Desde la Asociación de Gobernadores emitieron una declaración conjunta en la que emplazaron al Poder Ejecutivo por hacer "oidos sordos" hasta que la crisis estalló, develando un problema muy complejo de solucionar en efecto, la percepción de la ciudadanía es que aumentó la inseguridad en las calles, hay delincuencia, problemas sociales y sanitarios. En resumidas cuentas, falta de gestión migratoria.
Si con tan solo una oleada de 37 personas quedaron en evidencia las carencias de la institucionalidad para abordar la crisis migratoria en la Región de Atacama, las consecuencias que podría traer la llegada de más migrantes a la zona serían más delicadas en la medida que los organismos competentes no tomen cartas en el asunto desde ya.