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Fundación Rakizuam visitó a pueblos originarios de la región para informar sobre el proceso constituyente

CRUZADA. La agrupación busca reunirse con las 10 etnias, en un viaje desde Arica hasta Puerto Williams, para discutir los derechos a la propiedad privada individual sobre tierras indígenas, y a desarrollar cualquier actividad económica.
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Rodrigo Moreno Valera

La Fundación Rakizuam, que opera como un think tank (centro de estudios o laboratorio de ideas) orientado a temas que competen a los pueblos originarios, y está visitando todo Chile desde Arica hasta Puerto Williams, con el objetivo de abordar el derecho de propiedad individual sobre las tierras indígenas y el de libre iniciativa o a desarrollar cualquier actividad económica; contexto en el cual se reunieron con las etnias indígenas de la región.

El objetivo de su paso por Atacama fue discutir con los pueblos originarios ambos derechos, los cuales no están contenidos en el documento base elaborado en la Comisión de derechos de pueblos indígenas y plurinacionalidad.

Sobre la importancia de ambos derechos, el presidente de Rakizuam, Hugo Alcamán, expresó que "por décadas, los pueblos indígenas han sido considerados erróneamente como 'comunitaristas' en lo que dice relación con el derecho de propiedad sobre sus tierras. Tal percepción se encuentra totalmente alejada de la realidad. El derecho de propiedad individual encuentra un lugar privilegiado en el seno de las familias indígenas".

Además que "la futura carta fundamental debe reflejar ese anhelo que, en definitiva, es el sustento del desarrollo económico, social y cultural e insumo primordial del 'buen vivir'".

Planteamiento

Cabe mencionar que ambos derechos abordados por Rakizum involucran temas difíciles de tratar, ya que en el caso del derecho a la propiedad individual sobre tierras indígenas, está directamente ligado al conflicto territorial que en Chile se mantiene hasta nuestros días en el caso de la Araucanía, y que en Atacama enfrenta a las empresas (principalmente mineras) con los pueblos Colla y Diaguita principalmente.

Por eso, consultado respecto al cómo plantean este dereho, a fin de no conducir a más conflictos a futuro, Alcamán manifestó que "consagrar el derecho de propiedad individual significa certeza jurídica, reglas claras y, ha sido la base del desarrollo económico y social. Lo anterior constituye el punto de partida para el análisis de la realidad. Nuestra propuesta incluye el buen vivir y el respeto irrestricto por la democracia y la institucionalidad".

"Abogamos para que las familias de los pueblos originarios puedan poseer un titulo de propiedad que les otorgue la calidad de propietarios y no de proletarios (...) más allá de lo podamos pretender, hay que ver lo que al día de hoy la convención constitucional ha ido aprobando en sus diversas comisiones. La Comisión de Medioambiente, aprobó una iniciativa de norma constitucional que decreta la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas forestales y megaproyectos ubicados en territorios indígenas y, que no hayan sido consultados debidamente", agregó el presidente de Rakizuam.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, este derecho ha sido abordado con anterioridad por la expresidenta Bachelet, y posteriormente por la actual constituyente Constanza Hube (UDI), quien desató una ola de críticas, debido a que en primera instancia se difundió una gráfica de la constituyente en la que exponía tal derecho como el "derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, sin limitaciones fundadas en lo moral, el orden público y la seguridad nacional".

No obstante, lo anterior fue explicado por la constituyente como "un error humano de tipeo" al momento de mandar a hacer esa gráfica, y sosteniendo que no representaba su manera de pensar.

Respecto a la propuesta de Rakizuam sobre este derecho, y las limitaciones para el mismo el presidente de Rakizuam dijo que "hay que analizar lo que la convención constitucional, discute, aprueba o rechaza día a día. Esta semana se rechazó la propuesta que tenía por finalidad consagrar el derecho a la libre iniciativa o a desarrollar cualquier actividad económica. Sin embargo, se aprobó otra iniciativa que contenía el deber del Estado respecto de las actividades económicas y empresariales de los particulares. En este sentido se establecían limitaciones o condiciones para la actividad empresarial. Tales limitaciones estaban dadas por la función social y ecológica de la propiedad, los derechos indígenas, la protección de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, entre otros aspectos".

"Se pretende obligar al Estado a reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica de la sociedad chilena (...) Se contempla una omnipresencia del Estado que asegure las condiciones para una efectiva competencia. Nuestras aspiraciones presentan diferencias sustanciales, ya que por décadas hemos conocido las pesadas manos del Estado que han ahogado toda posibilidad de desarrollo para los pueblos indígenas y, han reemplazado la libre iniciativa por asistencialismo e indignidad, tratándonos como incapaces o interdictos", enfatizó Hugo Alcamán.

"Por décadas hemos conocido las pesadas manos del Estado que han ahogado toda posibilidad de desarrollo para los pueblos indígenas, y han reemplazado la libre iniciativa por asistencialismo e indignidad, tratándonos como incapaces o interdíctos"

Hugo Alcamán, Presidente de Rakizuam

Corte de Apelaciones rechazó recurso de reposición del Gobierno y licitación del litio seguirá suspendida

ACCIÓN JUDICIAL. Lo ocurrido supone un revés para el Poder Ejecutivo y tendrá que esperar la resolución del tribunal de alzada.
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La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de reposición que interpuso el Gobierno. Con esto, el Poder Ejecutivo vio frustrada su intención de revocar la medida que adoptó el mismo tribunal de alzada hace unas semanas.

Pues cabe recordar que el 14 de enero la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite los recursos interpuestos por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote y el gobernador regional Miguel Vargas, logrando así frenar la polémica licitación del litio. Esto, justo en momentos que el Ministerio de Minería había anunciado la adjudicación - por parte de dos empresas - de la licitación de dos de las cinco cuotas que ofrecían.

Tras aquello, el Gobierno no tardó en poner un recurso de reposición, donde solicitaron revocar la orden de no innovar y levantar la paralización del concurso publico de la licitación del litio.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó este recurso y mantiene su orden de no innovar esta licitación, no obstante, aún se deberá esperar para esta determinación, debiendo esperar a que la misma Corte resuelva el fondo de los recursos de protección presentados por la Comunidad Indígena y el Gobierno Regional, por lo tanto, ambos podrían ser acogidos en su totalidad o ser rechazados.