Desde ayer comenzó a operar la Ley del Orden de los Apellidos, la que permite a las personas solicitar administrativamente el cambio en el orden de los apellidos poniendo primero el materno y después el paterno, así lo dio a conocer esta mañana la directora (s) regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, María Teresa Zepeda.

Desde ayer, la ley entrega la responsabilidad a los progenitores de establecer el orden de los apellidos de su primogénito el cual se extenderá a los hijos en común que inscriban con posterioridad, eligiendo si va primero el apellido paterno o materno. Es por ello que en todas las inscripciones de nacimiento del primer hijo en común que se hagan desde hoy, la persona que inscriba al recién nacido deberá presentar el formulario de acuerdo firmado por ambos progenitores. Si el formulario no viene firmado por los dos, la ley establece que el oficial civil deberá efectuar un sorteo, en este caso, por medio de una moneda, para establecer el orden de los apellidos del inscrito.

En el caso de los hijos(as) menores de edad ya inscritos, los padres podrán solicitar el cambio de orden de apellidos de sus hijos(as) menores de edad hasta un año después contado desde el día de entrada en vigencia de la ley, es decir hasta el 11 de enero de 2023.

Además, la ley establece que también pueden solicitar el cambio de orden de apellidos los mayores de 18 años, cuyo cambio se transmitirá a sus hijos menores de edad. En estos dos casos si los hijos son mayores de 14 y menores de 18 años deben firmar un consentimiento el día de la solicitud.

"El compromiso del Registro Civil es simplificar la vida de las personas, por lo que hemos trabajado para facilitar este trámite y evitar esperas innecesarias, disponiendo de un agendamiento en línea para solicitar hora para la ley del orden de los apellidos en las oficinas de nuestra región", explicó Zepeda.

Pasaron 6 días desde que renunció Guillermo Ready al cargo de seremi del Medio Ambiente de Atacama hasta la designación del nuevo titular, se trata de David Olivares Calvo.

"Hoy recibimos al nuevo seremi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, Don David Olivares Calvo, que va a continuar con el trabajo que ha desarrollado la cartera en la región, impulsando las iniciativas que están vinculadas al humedal urbano, al plan de descontaminación en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla, y sobre todo el impulso de iniciativas de inversión de carácter sustentable para que existan alternativas de trabajo y progreso en la Región de Atacama", manifestó el delegado presidencial de Atacama Patricio Urquieta.

Por su parte el nuevo seremi partió diciendo que "es un lindo desafío donde tenemos un plan de acción regional sobre el cambio climático, la consulta ciudadana, y una consulta sobre la segunda normalización del Río Huasco" y agregó que "es importante entregar los antecedentes y lo que hace el Gobierno para mejorar el Medio Ambiente".

Si bien Olivares admitió que "los efectos negativos que tiene el cambio climático en la región, lo podemos ver día a día", señaló que "lo que no vemos son las acciones que se están desarrollando". por consiguiente "es parte de este Gobierno impulsar las acciones correctivas o que minimicen los efectos del cambio climático", finalizó.

Carlos Opazo

Hace unos días atrás, se dio a conocer la condena por tutela laboral por la que el ex director de la Secretaria Comunal de Planificación, Juan Carlos Rodríguez, de la administración del ex alcalde Cristián Tapia recibirá desde el municipio una cifra superior a los 18 millones de pesos.

Junto con eso, también se dio a conocer que el municipio de la comuna deberá cancelar más de 22 millones de pesos, en un juicio de tutela laboral por despido discriminatorio y vulneratorio a la ex directora de Desarrollo Comunitario, Karina Zárate, debido a las condiciones en las que fue desvinculada por el ex alcalde suplente, Víctor Isla.

El 30 de noviembre de 2020, y en razón de la vacancia del cargo de alcalde, se llevó a cabo la sesión especial convocada por el Concejo Municipal para efectos de elegir un nuevo edil, resultando electo el concejal Víctor Isla Lutz, citándose a todos los directivos de la Municipalidad a una reunión para el 1 de diciembre de 2020, a las 08:30 am en las dependencias de la sala de sesiones de la Municipalidad.

Una vez iniciada la reunión y tras dar las palabras de bienvenida el alcalde señala de forma inmediata "… en este acto vengo a avisarles que vamos a hacer cambios en los equipos municipales y por lo mismo, le solicito a los 4 directivos de exclusiva confianza que presenten su renuncia el día de hoy, que lo hagan sin trampa", expresando que los dictámenes de la Contraloría General de la República así lo establecen y señalando la obligación de confeccionar los informes que la ley les exige para los nuevos directivos de las tres direcciones de exclusiva confianza.

En la presentación del municipio, y según lo que manifiesta el escrito la entidad señala que "respecto de las circunstancias en que se realizó la desvinculación, expone que si bien se reconoce la existencia de una reunión realizada en la fecha señalada en la demanda, esta lo fue con el propósito de presentar al nuevo equipo de confianza, indicar formas de trabajo y comunicar la remoción de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde anterior, lo que en ningún caso se hizo con el ánimo de dañar la integridad psicológica de la actora ni de ningún funcionario, no pudiéndosele imputar al alcalde ni siquiera un error de procedimiento por la forma que decidió solicitar la renuncia de los funcionarios de confianza, habiendo obrado en todo momento dentro de la órbita de sus facultades, constituyendo la circunstancia que en la reunión se generara una pugna entre los asistentes, sobre si correspondía o no que los directivos de confianza salientes gozaran de feriados legales, permisos administrativos y horas compensatorias previo a la materialización de aceptación de la renuncia, un hecho imprevisto, no imputable al alcalde, y que no reviste la gravedad suficiente ni lesiona el derecho a la integridad psicológica de la denunciante".

El tribunal considera que el despido pudo haberse hecho en privado, lo que no ocurrió. Ante esta situación, se decidió acoger la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido de la ex Dideco del municipio en la época de Cristián Tapia. "Conforme lo declarado… se condena a la demandada a pagar a la actora una indemnización equivalente a siete meses de remuneración, ascendente a la suma de $22.063.510 pesos", señala el escrito del tribunal. Además, se condeno al municipio a pagar las costas del caso.