Miguel Vargas.

Daniella cicardini

Daniella Cicardini, consultada por un supuesto nexo con los abogados de LBM, señaló que "sobre el caso conozco básicamente lo que me relataron en alguna oportunidad algunos de los vecinos que denuncian ser afectados, que me señalaron que el caso viene aproximadamente del año 2013, por lo que cuando yo conozco del tema y cuando hablé con ellos, los hechos estaban judicializados hace mucho. Por eso mismo, aunque he escuchado de esa situación de los propios vecinos, precisamente por estar ya en la justicia, el motivo de mi reunión con ellos siempre ha sido apoyarlos pero no por ese caso, sino por la problemática en general de la regularización del borde costero".

Además fue enfática en decir que "descarto total y categóricamente haber hecho jamás ningún nexo de la persona que me señala (César Barra) con nadie, ni tengo conocimiento de cómo aquellos a los que se involucra en el tema lo contactaron como abogado. Ahora, por el relato de estos propios vecinos afectados y denunciantes, entiendo que esa persona es parte del mismo staff o grupo de abogados al que pertenecería quien se señala como responsable de esta estafa, por lo que me imagino que el vínculo podría venir desde ahí, pero la verdad es que yo lo ignoro".

El Diario de Atacama se comunicó con el área de comunicaciones de la Gobernación Regional para conocer la versión del gobernador Miguel Vargas, sin embargo no recibimos respuesta a nuestra solicitud.

Daisy CORTES

Los vecinos apuntan sus dardos a la concejal Daisy Cortés, ya que aseguran que fue ella quien inició la toma. Consultada respecto al caso señaló que "todo lo que se está diciendo está en manos de la Fiscalía, se han entregado los antecedentes a la PDI y me he presentado a declarar".

Respecto su labor como dirigente explicó que "yo renuncié hace cinco años y mientras estuve en todas las reuniones, los acuerdos que se hacían para entregar indicaciones a los abogados patrocinadores, las actas fueron firmadas por los socios participantes, la documentación la tiene el fiscal".

Consultada por el dinero al que hace alusión la querella, fue enfática en indicar que "mientras estuve como presidenta se entregaron 320 millones de pesos, 120 millones al inicio por la promesa de compraventa con Cemin y se pagó en septiembre, en noviembre se pagaron 200 millones de pesos con vale vistas que fueron presentados a la comunidad. Fueron mandatados por la asamblea para firmar contrato que teníamos que pagar en diciembre 500 millones de pesos más, que no pagamos porque no se reunieron".

Continuó diciendo que "en 2015, firmaron las actas todos los socios participantes y se aceptaron los acuerdos de las reuniones. Acá se contrató a la consultora judicial LBM,los que recibieron todos los dineros, entraban a una cuenta corriente del Banco Crédito de Inversiones y después quedó otra directiva, me retiré en octubre de 2016".

Finalmente, en las reuniones se acordó que los dineros llegaban a la cuenta de los abogados. Todos saben que esos dineros entraron a la cuenta de LBM".

En tanto, desde la Fiscalía de Atacama se indicó que la causa se encuentra vigente y en investigación.

El Diario de Atacama intentó contactarse con César Barra, y con Mauricio Lagos, sin embargo no logramos contactarnos con ellos. Mientras que el abogado Luis Medina al cierre de esta edición no respondió la solicitud de información.

2013 fue el año de inicio de la toma de El Pulpo en la comuna de Caldera.

320 millones de pesos se entregaron para la compra de los terrenos, según explicó la ex presidenta de la comunidad Los Pulpos, Daisy Cortés.

La alcaldesa de Caldera Brunilda González fue consultada respecto a la situación de Los Pulpos, quien descartó haber contactado a al abogado César Barra, ex gobernador e integrante del PS para que asesorara a los vecinos.

"No he tomado contacto con el señor Barra , ni he tenido vínculo con el señor Barra".

Consultada respecto a Mauricio Lagos, la alcaldesa explicó que "el señor Mauricio Lagos y un abogado que representaba a su estudio, entró en contacto con nuestros abogados del municipio por una demanda de salud que ellos llevaban por medio de la Super de Salud y el CDE contra el Cesfam de Caldera. Es en ese marco que se le conoce".

Respecto a si hubo algún vínculo con don Mauricio Lagos, dijo que "estos han sido por los ya referidos anteriormente, las denuncias de los vecinos de los Pulpos y una demanda que la Pesca Artesanal de Caldera le había encomendado a su estudio, a la cual nosotros no accedimos a ser parte, pues era materia litigiosa entre privados, similar a la de Los Pulpos".

Consultada respecto a si el acercamiento a los vecinos de El Pulpo fue en la búsqueda de votos, la autoridad señaló que "durante toda campaña electoral las candidatas y los candidatos, sostenemos múltiples reuniones sociales con la comunidad que posee algún tema que requieren sean incorporados en nuestros Programas de Gobierno".

Es así que según señaló "asistí a múltiples reuniones del borde costero con vecinas y vecinos que estaban en condición de ocupantes irregulares. Entre ellos también residentes del Pulpo y Pulpito, tanto de las ocupaciones de BB.NN. como de privados, que en este último caso, asistían sin diferenciación de quien era el dueño del terreno".

Agregó que "con ellos, al igual que el resto de los ocupantes irregulares del resto del territorio comunal de Caldera, nos comprometimos a impulsar el "Plan de regularización del borde Costero", que llevaba en su momento el Gobierno 2 de la Presidenta Bachelet y el Gobierno 2 del Presidente Piñera, los que aún no dan frutos. No por problemas del Municipio, sino que por parte de la demora burocrática BB.NN.".

Finalmente, informó que respecto a los ocupantes de terrenos privados, tanto del Pulpo como de Puerto Viejo, siempre se les ha dicho "que ese era un tema entre privados, y que el Municipio no podía intervenir en esa materia", salvo lo relacionado con el PRC o materias de Higiene y Seguridad territorial".