Con el Gobierno llamando a votar con tranquilidad este domingo 21 y haciendo un especial énfasis en las medidas sanitarias, este jueves se en el fin de semana de elecciones, que hoy continuará con la habilitación de los locales de votación a lo largo de todo el país.

El vocero llamó llamó a la responsabilidad a los candidatos y candidatas, a que respeten aforos y eviten aglomeraciones en las convocatorias y celebraciones. Recordó que candidatos parlamentarios y a consejeros regionales pueden convocar hasta a 50 personas en sus comandos, y los presidenciales a máximo 250, todos con mascarilla y pase de movilidad.

Cierres de campaña

Al mediodía, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) llenó de coloridos remolinos la Plaza Italia en la capital, en un cierre simbólico. "Las campañas no solo se tratan de presentar programas, sino de dar símbolos al país. Nosotros queremos recuperar la Plaza Italia para todos los chilenos,", dijo. Por la tarde, en el Barrio Italia, junto a Briones, Desbordes y líderes oficialistas, tuvo un acto final donde destacó "lo colectivo" de su proyecto.

También apostando al simbolismo, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) plantó un árbol -ícono de su "relato"- en Lo Espejo y al cierre de esta edición se reunía con adherentes y figuras de su sector en Casablanca, con transmisiones por videoconferencia. "No puede crecer un país fracturado socialmente. Queremos un Chile distinto, justo", sostuvo.

Marco Enríquez en el centro de eventos Alto San Francisco de la capital cerraba con candidatos de su partido e invitados. "El domingo no se elige presidente; se elige quién pasará a segunda vuelta para enfrentar un extremismo de derecha. Nosotros ofrecemos al país prudencia, moderación y propuestas", dijo.

Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), en tanto, prefirió concluir su campaña en Concepción, en un acto en el exterior de la Catedral, mientras que José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) lo hizo en un multitudinario evento en el Parque Araucano de Las Condes.

Eduardo Artés, tras un acto en Valparaíso la noche previa, ayer se reunió con organizaciones sociales y de pueblos originarios en un cierre en la Plaza de Armas de Santiago.

Según el reportaje de Ciper, Martín Miranda cobró $40 millones en cinco meses de campaña legal; Camila Ríos, (directiva Comunes), $25,5 millones; José Robredo, asesor comunicacional, $20,9 millones; Jorge Ramírez, (expresidente Comunes), $16,2 millones; Jean Flores, $15 millones; Diego Corvalán, $10 millones; y Luis Romero, $10 millones solo por segunda vuelta. Además de estas boletas se consignan asesorías de la Fundación Chile Movilizado ($120 millones), vinculada a Comunes, $128 millones a Criteria Research y un "desayuno feminista" por $50 millones a Sport Management, que luego se dijo era un "error de digitación".

Como una bomba de racimo cayó la tarde-noche de este miércoles una investigación periodística que reveló que la declaración de gastos que la candidata a senadora por la Región Metropolitana del Partido Comunes, Karina Oliva, hizo ante el Servicio Electoral (Servel) después de su campaña a gobernadora regional -que perdió frente a Claudio Orrego (DC)-, incluyó altos pagos en asesorías a militantes de su propia colectividad por $137 millones, además de otros servicios con altos valores declarados (ver recuadro).

Fin al apoyo

La denuncia publicada en Ciper generó enconadas reacciones en el mundo político y obligó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a intervenir en un imprevisto que terminó opacando su última jornada de campaña legal previo a las elecciones de este domingo. Oliva, favorita del bloque en la contienda senatorial metropolitana y con 704 mil 227 votos en segunda vuelta de gobernadores, había sido apoyada explícitamente por él.

De allí lo tajante al retirar su respaldo: "Lo que ha hecho el resto los partidos de Apruebo Dignidad, de llamar a votar por las otras candidaturas, es lo correcto. Hoy día una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo".

Boric también pidió "máxima rigurosidad" a los partidos en las sanciones, asegurando que "acá no puede haber espacio para defensas corporativas".

"Este no es un tema electoral, este es un tema de principios y nosotros vamos a defender de manera muy clara los principios que nos trajeron a la política: no queremos que este tipo de prácticas se reproduzcan y, por lo tanto, hay que cortarlas de raíz", cerró el frenteamplista.

Más duros aún fueron en el Partido Comunista, que alinearon postura con el presidenciable. "La transparencia es esencial en política, sobre todo si hablamos de platas. La situación de Karina Oliva es inaceptable, antiética y daña el proyecto de Apruebo Dignidad. Su candidatura no cuenta con nuestro apoyo, la gente no quiere más engaños", dijo la diputada Camila Vallejo, mientras que su par -también candidato a senador por la RM-, Guillermo Teillier, añadió que "no podemos aceptar tales prácticas".

La candidata y el servel

Tras conocerse la información, diputadas de Comunes -Claudia Mix y Camila Rojas pidieron la "suspensión" de la militancia de la candidata al Senado, lo que el partido confirmó. En paralelo, el presidente del conglomerado, Jorge Ramírez, uno de los asesores involucrados en los cobros, renunció a su cargo argumentando, al igual que Oliva, ser víctima de "aprovechamiento político", agregando que nadie en el comando ganó más de $2,5 millones y que la campaña había durado "cinco meses, no tres".

La candidata enfatizó en varias entrevistas que "aquí no hay una denuncia, porque no he incurrido en algo ilícito", dijo en CNN. Además, señaló que la rendición de gasto responde a lo que efectivamente se desembolsó durante la campaña. "Se ha querido decir que hemos querido hacer un abuso al sistema de aportes. Si hubiera querido hacer eso, hubiese solicitado el reembolso máximo de $800 millones", sostuvo en T13 Radio.

"Hay personas que han sido financiadas de manera irregular en la política y no les han pedido bajar sus candidaturas", argumentó Oliva en CNN, y aunque reconoció que el "valor es alto" en relación con los costos de las asesorías, añadió que en este caso "hay una objeción social respecto al valor que cobraron personas, (pero) no es una denuncia por uso de recursos públicos".

En paralelo, desde el Servel, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, indicó que se volverá a revisar la declaración de gastos de la candidata y que se harían "las denuncias al Ministerio Público como corresponde".

El caso Oliva despertó reacciones en todos los frentes. "Lamentablemente este no es un hecho aislado, porque ya lo habíamos visto cuando ellos decían que se rebajaban el sueldo, pero en el fondo se lo entregaban para ellos mismos", sostuvo Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), mientras que Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) dijo que "mucha gente de izquierda da sermones respecto a cómo mejorar la política, pero ellos tienen las peores prácticas".