Redacción
Tras los hechos de violencia ocurridos el lunes 18 de octubre, en el marco de la conmemoración del estallido social de 2019, volvió a instalarse la discusión sobre la efectividad del sistema de persecución penal en el país.
El tema fue puesto en la mesa por el Gobierno, aunque con posturas disímiles. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó su preocupación por el bajo número de personas que quedaron privadas de libertad por los delitos cometidos ese día.
"Presentamos nueve querellas que involucraron a cerca de 100 personas y solamente 14 quedaron con prisión preventiva y el resto, con otras medidas cautelares. Algunos incluso en libertad y otros en su casa con una cautelar de arresto domiciliario", afirmó el jefe del gabinete.
El debate se cruza con la discusión del proyecto de ley que busca un indulto a los llamados presos del estallido social (o de la revuelta), algunos de los cuales, según sus promotores, se encuentran privados de libertad desde 2019 a la espera de un juicio oral.
De acuerdo a la Fiscalía, hasta agosto había 53 personas recluidas por delitos cometidos en el estallido social, de las cuales 46 se encontraban en prisión preventiva.
Aunque el ministro del Interior se quejó por el bajo número de detenidos que quedó con esa medida cautelar por los hechos del lunes, otras autoridades de gobierno consideran que su uso es excesivo.
"Nosotros creemos que aquí en Chile la prisión preventiva se usa en forma indebida", dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín. "El 40% de las personas que han estado en prisión preventiva, cuando termina el proceso, no terminan con condena alguna, o los que terminan con condena, terminan sin pena privativa de libertad, y por lo tanto hay un porcentaje alto de personas que se pasan una temporada gratuita en la cárcel", enfatizó el secretario de Estado, según consignó radio Biobío.
Una opinión similar manifestó la presidenta del Senado, Ximena Rincón. "El uso de la prisión preventiva, no solo en este caso sino en todos los casos del país, es un tema que tiene que ser revisado", manifestó.
Indulto en campaña
El proyecto de indulto está en la Comisión de Constitución del Senado, pero no cuenta con los votos necesarios para seguir avanzando. Incluso los parlamentarios de oposición coinciden en que requiere mejoras para ser votado favorablemente.
La iniciativa se ha instalado como tema de la campaña presidencial. El lunes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, responsabilizó a los candidatos opositores Gabriel Boric y Yasna Provoste por los hechos de violencia de la jornada, dado que ambos apoyan el indulto.
El miércoles el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pidió "que se retire o se rechace ya el proyecto de indulto que han promovido particularmente los candidatos Provoste y Boric".
Ayer el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) insistió: "Lo que se está haciendo con este proyecto por parte de la senadora Provoste es faltarle el respeto al anhelo de paz de todos los ciudadanos, y al diputado Boric, mi colega, señalarle que estamos cansados de sus tuits y de sus perdones".
Desde el comando de Apruebo Dignidad respondió el diputado Giorgio Jackson (RD). "El candidato Sichel se suma a la absurda campaña del gobierno de querer culpar a Gabriel Boric por cualquiera de los males, lo culpan por la migración, lo culpan también por la inflación y ahora lo culpan también por los saqueos", sostuvo, según radio Cooperativa.
9 querellas presentó el Gobierno por los hechos violentos del lunes. De 100 involucrados, 14 quedaron en prisión preventiva.
40% de las personas que han estado en prisión preventiva, al finalizar el proceso, no terminan con condena alguna, dice Larraín.
