La Cámara de Representantes de Estados Unidos, votó ayer para declarar al aliado del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, en desacato ante el Congreso, después de negarse a comparecer ante el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, donde murieron cinco personas.

El pleno de la Cámara Baja, aprobó con 229 votos a favor y 202 en contra dicha declaración de desacato, que fue firmada por su presidenta, Nancy Pelosi, y luego enviada al Departamento de Justicia, que deberá decidir si adopta medidas contra Bannon. Incluso, estas podrían resultar en una multa de hasta 100 mil dólares y una pena de hasta 12 meses de cárcel, aunque es poco habitual.

"El Departamento de Justicia hará lo que siempre hace en tales circunstancias, aplicaremos los hechos y la ley, y adoptaremos una decisión coherente con los principios de los enjuiciamientos", señalo el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en audiencia frente a un comité legislativo.

El pleno de la cámara votó después de que el martes la comisión que indaga el asalto al Capitolio aprobara por unanimidad la declaración de desacato de Bannon, con el apoyo de los dos únicos republicanos que integran este ente, Liz Cheney y Adam Kinzinger.

Las sospechas

A su vez, dicho comité investigador quiere que Bannon testifique porque cree que el ultraderechista "tenía algún conocimiento previo sobre los extremos sucesos que podrían acontecer" el 6 de enero, cuando el Congreso ratificó la victoria electoral del ahora presidente, Joe Biden, y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca.

Las sospechas del comité se sustentan, entre otras cosas, en unas declaraciones que el exasesor de Trump hizo en un podcast, la víspera del asalto.

"¿Va a desatarse el caos mañana? Mucha gente me ha dicho: 'Hombre, si hubiera una revolución, sería en Washington'. Bueno, este será su momento en la historia", dijo.

Efe/Redacción

Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, respectivamente, fueron arrestados este jueves por la Policía Nacional y permanecerán en prisión hasta 90 días para ser investigados por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía explicó que solicitó una audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial contra los dos líderes empresariales, "quienes están siendo investigados por la Policía Nacional".

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, detuvo ayer a los dos principales líderes del Cosep para investigarlos por los presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, entre otros.

"Las audiencias especiales de cumplimiento de garantías constitucionales se llevaron a cabo hoy mismo y las solicitudes fueron admitidas por las correspondientes autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial por 90 días para cada investigado", indicó esa cartera, que no precisó el nombre de los jueces.

La Policía, sin ofrecer evidencia, dijo que basa su investigación contra los empresarios citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre.

Esa ley, promovida por el Ejecutivo, los cataloga "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

Un día después

La detención de Healy y Vargas, críticos del Gobierno de Ortega, se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación "inmediata" de los aspirantes a candidatos presidenciales y los "presos políticos" en Nicaragua, cuando faltan 17 días para los comicios en los que el mandatario buscará una nueva reelección.

Tanto el Cosep, principal cúpula empresarial de Nicaragua, como la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los líderes y demandaron su inmediata liberación.

Healy dijo tras salir del Ministerio Público que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones sobre el caso por el que se le investiga.

Posteriormente abordó su vehículo y cuando se dirigía hacia su residencia, fue interceptado por la Policía Nacional y detenido junto a su conductor.

Los arrestos de Healy y Vargas son los número 38 y 39, respectivamente, que realiza la Policía Nacional desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición.

Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 75 años que presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La Federación Italiana de Vóleibol lamentó ayer, con un mensaje en sus redes sociales, la noticia que han publicado algunos medios internacionales sobre la decapitación de la jugadora afgana Mahjabin Hakimi a manos de los talibanes.

"Su culpa: practicar el deporte que amaba", publicaron.

Según las informaciones que circulaban, la entrenadora de la selección juvenil de vóleibol de Afganistán se habría comunicado con un seudónimo con el Persian Independent, para contar que el hecho ocurrió los primeros días de octubre en Kabul.

Pese a ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo ayer que su país se plantea excluir a los talibanes de la lista de organizaciones terroristas, aunque matizó que es la ONU la que debe dar el primer paso.