Un nuevo debate sobre el trabajo de la Convención Constitucional comenzó a instalarse ayer, luego que el constituyente Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente, exLista del Pueblo), propusiera ampliar el plazo que tiene el organismo para proponer al país una nueva Constitución.

Según la reforma constitucional que habilitó el proceso, la Convención tiene un plazo de nueve meses para cumplir su mandato (marzo próximo), prorrogable por tres meses más (julio 2022), lo que totaliza un año. Considerando que ya pasaron tres meses desde su instalación y el debate sobre el contenido de la futura Carta Magna acaba de iniciarse esta semana, Woldarsky pidió más tiempo.

"No ha existido la voluntad política de entender que una Constitución, la ley más importante que debe tener un país debe ser debatida y discutida con el tiempo debido. Y un año, y de ese periodo nueve meses, me parece absolutamente insuficiente", dijo.

"Creo que debiese ser en total de dos años, pero si es más mejor", agregó el representante, argumentando que en sus primeros meses de trabajo los convencionales han estado sometidos a un intenso ritmo. "Hemos trabajado 16 e incluso 18 horas al día los constituyentes, nuestros asesores y los equipos técnicos, y eso me parece inhumano. Creo que debemos apuntar hacia la dignidad", sostuvo.

"El país lo va a agradecer y va a recibir un proyecto de Constitución política mucho mejor trabajado y con constituyentes que no terminen enfermos de los nervios por tener un año de plazo para algo que en ningún país del mundo se ha demorado un año", puntualizó Woldarsky.

Consultado sobre dicha posibilidad, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, consideró "apresurado" el planteamiento.

"Los borradores que hemos estado preparando los distintos equipos dan cuenta de que el trabajo constituyente se puede hacer dentro de los periodos que están contemplados en la Constitución (…) No hay buenas razones para pensar que necesitemos más tiempo". manifestó Bassa.

Para concretarse, la iniciativa debería tener el consenso mayoritario dentro de la Convención. Adicionalmente, requeriría una reforma constitucional para modificar el capítulo XV de la Constitución, norma que habilitó el proceso constituyente. Para ello se necesita el respaldo de 2/3 del Congreso.

La Convención también definió ayer la sede de su primera sesión fuera de Santiago: será a la Región del Biobío, la semana del 22 al 26 de noviembre.

Carabineros dio de baja a un funcionario de la Primera Comisaría de San Fernando, en la Región de O'Higgins, sindicado como responsable de la muerte de un hombre al interior de esa unidad policial. Según el prefecto de Colchagua, coronel Rodrigo Bascuñán, el hecho ocurrió tras la detención del fallecido en un procedimiento por violencia intrafamiliar. "Se detectó que uno de sus componentes (funcionarios de la comisaría) hizo uso excesivo de la fuerza", dijo el uniformado. La formalización del carabinero se realizará el jueves en el Juzgado de Garantía de San Fernando.

¿Hay algo en común entre los acontecimientos de hace dos años y lo que ocurrió ayer?

Aparentemente sí.

En ambos casos hubo destrucción, vandalismo más o menos desatado y un desorden generalizado en el centro de las ciudades y en los barrios. Como era de esperar, este lunes, al igual que hace exactos dos años, el epicentro fue la zona cercana a la Plaza Baquedano coronada hoy por un plinto -lo único que queda en ella- desprovisto de estatua.

Sin embargo, cuando el fenómeno se mira de cerca, esa similitud desaparece.

Porque si hace dos años el fenómeno estuvo revestido, siquiera por una delgada capa de componente simbólico, la violencia y el vandalismo de anteayer careció incluso de ese mínimo barniz y, en cambio, se reveló como pura naturaleza, simple pulsión destructora de grupos pertenecientes al lumpen, a lo que la literatura llama underclass, sumados a otros grupos más ilustrados, seguramente anarquistas a sabiendas o espontáneos, que vieron en esto una ocasión carnavalesca y orgiástica, sin sentido normativo alguno. Todas las sociedades (y sería ridículo pretender que la chilena este exonerada de eso) anidan en su seno un potencial de violencia que se sublima y se contiene mediante las instituciones. Pero allí donde las instituciones desaparecen o entran en un periodo de reconstrucción (como ocurre hoy en Chile) resulta casi inevitable que este tipo de fenómenos ocurra y es totalmente predecible que vuelvan a ocurrir de nuevo.

La pregunta entonces consiste en cómo contener esa violencia o cómo evitarla.

Hay varias medidas para hacerlo y por lo pronto dos.

La primera alude a la índole del estado. En la filosofía política del siglo XVII se creyó -y la receta sigue siendo válida- en lo que pudiéramos llamar la "homeopatía de la violencia". Se trata de una receta hasta cierto punto paradójica puesto que afirma que la violencia de los particulares, de los individuos, se cura con la violencia reunida en el estado. Del mismo modo que la homeopatía cura la enfermedad con sustancias en cantidades mínimas que en porciones desequilibradas serían fatales (fármaco, en griego, significaba tanto remedio como veneno), así también el estado moderno, el estado de derecho, cura la violencia que a veces se expande en la vida social aplicando la violencia en base a reglas, la violencia que por estar regulada se la considera legítima. Hay entonces que recuperar el sentido básico del estado. El estado es un proveedor de bienes que nos alejan (como sostienen las diversas versiones del estado de bienestar) del hambre; pero sobretodo es una institución que nos aleja del miedo al otro, de la violencia cotidiana. Desgraciadamente (como se ve a propósito de lo que ocurre en la Araucanía) hay pocas personas que estén dispuestas a reconocer este básico (e incómodo) papel del estado.

La segunda es, por llamarla así, puramente intelectual. Consiste en desproveer a la violencia (como alguna vez sugirió Jorge Millas) de las máscaras tras las cuales suele ocultarse y engañar. La más popular de esas máscaras es aquella según la cual la violencia puede ser virtuosa cuando produce causalmente resultados buenos. Algo de eso parece creer la Convención constitucional (o algunos de sus miembros) cuando decide iniciar el debate constitucional el día 18, lo que constituye una manera inequívoca de atribuir su origen a lo que ese día ocurrió. Esta vinculación entre la violencia (el 18 de hace dos años) y el origen de las instituciones (la Convención) acaba reduciendo la historia a mera naturaleza, a simple fruto de procesos instintuales que no seríamos capaces de controlar.

Un estado deslegitimado en su tarea más íntima y la violencia camuflada de historia, son dos circunstancias que, de mantenerse, acabarán reproduciendo lo de ayer.

Pero desgraciadamente en Chile nadie parece dispuesto a recordar la "homeopatía de la violencia" que constituye al estado. Y muchos en cambio (desde luego la Convención) parecen dispuestos a mantener la máscara con que la violencia hasta ahora se presenta entre nosotros.

"Allí donde las instituciones enflaquecen (como sucede hoy) resulta casi inevitable que ocurran fenómenos como el del lunes y es totalmente predecible que vuelvan a ocurrir. Salvo que se desprovea a la violencia de máscaras y se recupere el sentido del estado.

Luego que Walmart presentara ante el TDLC su respuesta a la demanda interpuesta por la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP), el gremio aseguró que "persistiremos en corregir los abusos de posición dominante y las distorsiones a la libre competencia". En 2020 la asociación acudió al TDLC acusando a la compañía de "imponer" a los proveedores la contratación y cobro de servicios por concepto de reposición y centralización. "La estrategia de Walmart no se puede construir abusando de los proveedores, traspasándoles riesgos y costos que son propios de la cadena", señaló AGIP, entidad de la cual P&G ya no forma parte, como informó ayer este medio.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) manifestó preocupación por algunas de las normas contenidas en el reglamento de la Convención Constitucional, las que a su juicio podrían tener repercusiones negativas para el ejercicio de la libertad de expresión.

En un informe presentado en la Asamblea General que se desarrolla hasta el viernes de manera virtual, el organismo aludió a las disposiciones que sancionan el negacionismo entre los constituyentes, respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar y tras el estallido social de 2019.

La SIP también hizo referencia a las normas que buscan condenar a quienes nieguen o minimicen las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios.

La entidad argumentó que si bien estos artículos aplican al trabajo interno de los convencionales, "podrían tener repercusiones sobre el estatuto de la libertad de expresión en la futura Constitución".

También cuestionó la norma del reglamento que busca combatir las fake news. El texto condena la desinformación entendida como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso".

El gremio considera que estas expresiones podrían traspasarse a la futura carta magna. Además, la SIP sostuvo que "esa definición exigirá que la Comisión de Ética determine la 'verdad oficial', mientras que el término 'debiendo saber que es falso', es ambiguo".

En su informe, la SIP denunció también que las autoridades de la Convención Constitucional "limitaron el acceso de los medios a ciertos espacios de debate y al propio edificio" argumentando razones sanitarias.

El documento es de carácter preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la Asamblea General. Precisamente, la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios de comunicación son ejes de la cita que reúne a representantes de medios escritos de todo el continente.