Este martes la comisión revisora conformada la semana pasada por la Cámara de Diputados inició la evaluación de antecedentes de la acusación constitucional presentada por parlamentarios de la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera, tras conocerse nueva información de la venta de minera Dominga, en la que está involucrada la familia del jefe de Estado.

La instancia, presidida por Maya Fernández (PS) e integrada por Raúl Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.), inició el análisis del fondo del libelo acusatorio, recibiendo durante la mañana a abogados ambientalistas, entre ellos Dominique Hervé y Llankiray Díaz, además del abogado Enrique Aldunate, en representación del equipo jurídico de las bancadas de oposición patrocinantes del recurso contra el Mandatario.

En la cita, además, estuvo el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien advirtió sobre una cláusula del contrato de venta de Dominga que a su juicio llama la atención, que es la omisión de declaración de la existencia de una persona política expuesta (PPE) -como ocurría con el Presidente- entre los involucrados en la operación.

Entre la audiencia presente en la sala de la comisión estuvo Jorge Gálvez, abogado parte del equipo jurídico de la defensa del Mandatario, que ahora dispondrá de diez días para hacer llegar los argumentos de su defensa para el conocimiento del órgano parlamentario, previo a su pronunciamiento sobre la acusación.

Además ayer también se invitó a los periodistas Pedro Ramírez, director de Ciper, y Francisca Skoknic, directora de LaBot -ambos parte de la investigación conocida como Pandora Papers que aportó nuevos antecedentes sobre el caso; y al director de El Desconcierto, Sergio Jara, quien en 2017 -como parte de radio Biobío- había desarrollado una investigación en torno a los negocios del Presidente.

La comisión continuará sus sesiones durante este miércoles y jueves, con la audiencia de exministros de Medio Ambiente, además de la actual titular de la cartera, Carolina Schmidt, así como el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Fiscal nacional

Se esperaba que en el inicio de la comisión se hiciera presente el fiscal nacional Jorge Abbott. Sin embargo, el jefe del ente persecutor envió un oficio señalando que no podría ser parte de la audiencia, considerando que hay una investigación actualmente en curso a cargo de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, "quien actúa autónomamente en uso de sus atribuciones". Por ello, explicó el persecutor, "no resulta procedente que este fiscal nacional pudiera referirse a tales antecedentes".

La comisión, de todos modos, expresó que haría llegar un cuestionario a Abbott, así como también debatirá la pertinencia de citar en una de las sesiones venideras al exfiscal Manuel Guerra, quien lideró una investigación al mandatario (caso Exalmar), donde acabó solicitando el sobreseimiento definitivo de la máxima autoridad nacional.

La conmemoración del segundo aniversario del estallido social, este lunes, estuvo marcada por multitudinarias marchas en varios puntos del país, pero también se vio empañada por graves hechos de violencia, destrucción de mobiliario público y saqueos que ocurrieron hasta la madrugada de este martes.

"Estamos en presencia de algunos delincuentes y me refiero a quienes van y utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, para quemar, robar, para atacar a Carabineros, para atacar a civiles, y atacar propiedad pública y privada", evaluó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado sobre los hechos producidos en el contexto de 232 manifestaciones en el país.

Según Carabineros, se generaron 109 barricadas, 35 saqueos -evitándose más de 300 gracias a denuncias ciudadanas- y 12 atentados incendiarios, principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

Llamaron especialmente la atención el ingreso de saqueadores al Mall Arauco Quilicura en una micro del Transantiago para derribar el portón de entrada y el robo de 100 millones de pesos desde un BancoEstado de Maipú, aprovechando el caos en la comuna.

Además, se reportaron 49 actos de desórdenes, 13 ataques a cuarteles policiales y 15 atentados contra la autoridad. Fueron 19 mil efectivos desplegados para controlar el orden público, de los cuales 45 resultaron heridos. Además de ellos, 450 personas fueron detenidas por desórdenes y daños, 11 fueron heridas y dos fallecieron.

Dardos en la moneda

En la evaluación del "día después", el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, apuntó a quienes tuvieron "responsabilidad" en los hechos de violencia registrados. "Este nivel de violencia no es tolerable en una sociedad democrática", dijo, apuntando a "los responsables finales de esta violencia" que, a su juicio, "son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia".

"Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste; quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio Gabriel Boric; o Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia", lanzó Galli.

Sus palabras fueron, luego, ratificadas por el vocero de La Moneda. Jaime Bellolio descartó "aprovechamiento político" en sus dichos, calificándolo como una "opinión". "No basta con tuitear, hay después que accionar, tener un correlato entre lo que se dice en Twitter y lo que se hace; no basta con decir 'condeno la violencia' al mismo tiempo que propongo un proyecto de indulto", explicó el ministro de la Segegob.

OPOSICIÓN: INTERVENCIÓN

Uno de los aludidos, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acusó que "una vez más, el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol". Por ello llamó a que "dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos", refiriéndose a Sichel y Kast.

Por su parte, el constituyente Fernando Atria -también mencionado por Galli- calificó como "bien increíble" lo que hace el Ejecutivo: "Pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene. Siempre este gobierno es irresponsable".

En la DC, en tanto, optaron por la vía formal y a través de un oficio ante la Contraloría, los diputados Gabriel Silber y Gabriel Ascencio pidieron investigar posible intervencionismo.