Los servicios preventivos conjuntos entre Carabineros de la Subcomisaría Caldera y personal de Sernapesca Atacama, permitió detener a dos hermanos que se dedicaban a la extracción de recursos marinos en veda.

Los hechos, según los antecedentes entregados por el oficial de servicio Subteniente Felipe Martínez, fue producto de los controles que realizaban en la Ruta C-302, km. 27 de la comuna de Caldera. Allí junto al personal de Sernapesca en circunstancias que realizaban fiscalizaciones selectivas, proceden a controlar una camioneta color blanco, conducida por un hombre de 52 años, quien iba acompañado de su hermano. Al realizar una inspección ocular al móvil, el personal pudo percatarse que en el pickup de la camioneta se transportaba un recurso marino en veda (concholepas-concholepas).

Ante esto fue detenido y se determinó que transportaban 43,75 kilos de este molusco.

Pamela Vásquez Fuentes

La Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) detectó graves faltas en la distribución de agua por parte de la Junta de Vigilancia de la Cuenta del Río Copiapó (JVRC). Entre ellas aparece un listado de 107 usuarios a los cuales se les cesará el recurso.

Se trata de un caso que partió en abril de 2019, cuando la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada (Casub), desembocadura interpuso una denuncia en contra de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes ante faltas graves cometidas en la distribución de las aguas y solicitando la fiscalización por parte de la DGA Atacama. Incluso se solicitó que la Casub pagara los gastos de la fiscalización, unos 25 millones de pesos y finalmente tras una reconsideración la suma llegó a $14.268.46.

En la asesoría externa, se estableció la comprobación de la denuncia donde se apunta a empresas agrícolas, mineras y otras. Entre los hallazgos se determinó la existencia de 81 casos de entregas de agua en puntos de captación en cauce natural distintos a los autorizados, es decir, a lo señalado en los respectivos títulos de derechos de aprovechamiento, según inscripciones del Conservador. Existen 26 casos de derechos de aprovechamiento de aguas que "no cuentan con una obra de bocatoma operativa, a pesar de que la JVRC informó que están siendo distribuidos conforme a lo indicado en los títulos conservatorios, por lo cual se presume que dichos derechos están siendo ejercidos en otros puntos de captación", indicó el documento.

Además, se identificaron 24 casos que corresponden a traslados realizados al interior del canal matriz Compuertas Negras, obra artificial que fue construida por el Estado. Respecto a los casos, en la resolución se da cuenta que la "JVRC se arroga la facultad exclusiva de la Dirección General de Aguas para autorizar traslados del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en cauces naturales. A su vez, se atribuye funciones que no son propias de esta Organización de Usuarios y que, están fuera de su jurisdicción, autorizando y permitiendo traslados en obras artificiales que no corresponden al sistema canal matriz Mal Paso".

Uno de los puntos que se argumenta es que la JVRC no ha cumplido con la obligación de entregar información fundada acerca de la distribución de aguas superficiales bajo su jurisdicción.

Medidas

La DGA concluyó que hay faltas graves en la distribución de las aguas por parte del directorio de la JVRC y se ordenaron medidas correctivas, entre estas el cese de "la distribución de las aguas a los 107 usuarios individualizados en el Informe Técnico de la DGA", los cuales "se encuentran captando agua en puntos no autorizados, distintos a los que constan en los respectivos títulos de derechos de aprovechamiento según inscripciones conservatorias".

Junto a esto, deberá reestructurar el modelo de distribución de aguas "de manera que las entregas se realicen en las captaciones indicadas en la inscripción correspondiente, en base a lo establecido en el título de derechos de aprovechamiento en el caso de usuarios de captaciones individuales y en el caso de comunidades de aguas, de acuerdo al punto de captación indicado en el registro público de Organizaciones de Usuarios del Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas y conforme al registro de comuneros actualizado, así como en lo dispuesto en las Resoluciones de la Dirección General de Aguas que autoricen traslados del ejercicio del derecho, de acuerdo con el Código de Aguas".

Además, deberá abstenerse de autorizar traslados del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas al interior de los canales matrices Compuertas Negras y La Turbina. Junto a esto, deberá presentar en un plazo de 30 días, el Registro de Comuneros actualizado de la JVRC, considerando como comuneros a las comunidades de aguas y usuarios individuales que capten directamente del cauce natural, en el cual deben constar los derechos de aprovechamiento de aguas de cada uno de ellos, el número de acciones y las mutaciones de dominio que se produzcan, entre otras medidas.

La JVRC finalmente deberá reembolsar los gastos de la investigación a la Casub monto que asciende a la suma de $14.236.183.

El Diario de Atacama se intentó contactar telefónicamente con el presidente de la JVRC, sin embargo no se obtuvo respuesta.

Carlos Araya, administrador de la Casub fue uno de los precursores de la denuncia y considera que la resolución de la DGA es categórica, ya que da cuenta de faltas graves de la JVRV.

"En los análisis que hicimos de los repartos de agua de la JVRC, nos percatamos que había alrededor de cien titulares de derechos que la JVRC, le había permitido trasladar derechos en cauces naturales y el único facultado es la DGA, solicitamos una fiscalización. Además los volúmenes que entregaba la JVRC al séptimo distrito donde teníamos estas acciones era mucho menor de lo que correspondía y la DGA aceptó la denuncia".

Tras dos años de estudios, culminó el proceso con una resolución que revela graves faltas y se ordenan medidas. Por ello la Casub está atenta a que se concreten. "La DGA solicita que en 30 días la JVRC tiene que demostrar cómo reparten los volúmenes de agua porque en el proceso no pudieron demostrarlo, eso es gravísimo. Se pudiese presentar que en estos últimos 30 años o al menos desde 2008, un daño medioambiental sobre la fuente de agua para la biodiversidad y el ser humano", dijo.

Según Araya, la JVRC todavía no puede explicar porque daba más agua a los sectores altos desde el 1 al 4 y en el centro los castigaba. "Los que estaban en la ciudad más la municipalidad, les rebajaba un tercio, eso ha significado (una merma) al no correr agua por el río, al no tener los titulares de derechos de agua los volúmenes que le correspondía. La recarga natural del acuífero donde estaba el agua de la población se vieron afectados en estos últimos 36 años".

Agregó que "se afectó a la municipalidad, nosotros le dijimos al alcalde Marcos López que no hizo nada por pelear al agua que es del municipio, dañaron a la pequeña agricultura campesina, a los grandes pulmones verdes de Tierra Amarilla y Copiapó, al hacer algo contra la ley. Hay faltas gravísimas tanto del repartidor de agua que es el gerente, como el directorio. Ya hay voces que señalan que el directorio debe renunciar".

Finalmente, señaló que la Casub estará atenta a que se cumplan los plazos que dispuso la DGA para que se cumplan las medidas.