Contraloría declara inconstitucional decreto del Gobierno que buscaba mantener FF.AA. en Macrozona Sur
DENEGADO. Ejecutivo pedía que militares mantuvieran apoyo a las policías para combatir la violencia.
La Contraloría General de la República comunicó ayer en la tarde al gobierno que declaró inconstitucional el Decreto 249 que había enviado al organismo y que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.
De esa forma se buscaba continuarcon la capacitación y colaboración que el Ejército había prestado a las policías en la llamada Macrozona Sur durante el estado de excepción constitucional, que finalizó a las cero horas de hoy.
El decreto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián de la Maza- autorizaba la colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos "que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo".
El decreto también mencionaba que los efectivos se desplegarían "en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen (...) Las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en procedimientos operativos que implique ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, tales como el Poder Judicial y el Ministerio Público".
Finalmente, establecía que Defensa podrá suscribir los decretos supremos que "ordenen la organización y distribución de unidades de Fuerzas Armadas que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico".
Contraloría indicó en su respuesta al Ejecutivo que "de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo".