La Comisión de Constitución del Senado inició este lunes el estudio de un proyecto de ley que modifica la Ley de Arrendamiento, simplificando los procesos de restitución de inmuebles en caso de que sus arrendatarios no paguen la renta.

La iniciativa apunta a utilizar en estos casos la figura del "procedimiento monitorio", que ya existe en la justicia penal y civil, y que consiste en una vía rápida para lograr el pago de lo adeudado o la restitución del inmueble.

El proyecto fue presentado en 2019 y se reactivó este año a raíz de los numerosos casos de personas que no logran desalojar a sus arrendatarios "rebeldes".

"Nuestra idea es que también exista para estos casos, donde en estas causales el arrendador tenga certezas (…) que si el arrendatario no paga, sin la posibilidad de apelar estas decisiones a la corte y que se dilaten, va a poder desalojar a esas personas en un plazo de 10 días", dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida, al exponer la propuesta legal ante los senadores.

Fuenzalida explicó que, considerando los 10 días para que el juez resuelva y otros plazos intermedios, el desalojo podría concretarse aproximadamente en un mes.

La norma en discusión también contempla un procedimiento para que los dueños de una casa o departamento puedan recuperar el inmueble, aunque no haya deudas de por medio, si existe evidencia de que sus moradores están produciendo daños materiales en él.

"A muchas personas les han pagado el arriendo, pero tienen otros problemas. Les están transformando la propiedad y quieren recuperarla, pero mientras más se demora el juicio, más daño le provocan a la propiedad", argumentó el parlamentario.

El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno, que solicitó hacer algunos ajustes para no alterar otras normas de la Ley de Arrendamiento.

La Comisión de Constitución del Senado acordó recibir a expertos en derecho civil para afinar la redacción, antes de votar en general.

Medios argentinos señalaron este lunes que la cancillería del país trasandino, a través del ministro Felipe Solá, esperaba poder reunirse esta semana con su par chileno, Andrés Allamand, a raíz de las diferencias surgidas en torno a la actualización de espacios de soberanía marítima de Chile en la zona austral, publicada el 23 de agosto, lo que generó la acusación argentina de que nuestro país buscaba "apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina".

En paralelo, ayer se conoció que el Parlamento del Mercosur -foro del cual Chile no es parte formal- buscará convocar a ambas naciones con el fin de abordar la controversia en un espacio de diálogo.

Así lo señaló Oscar Laborde, vicepresidente de la instancia internacional quien en una entrevista con la radio AM750 -recogida por varios medios- aseguró que "queremos armar una mesa de diálogo para contactarnos con las autoridades chilenas y solucionar este tema con diálogo e intercambio".

La postura chilena, hasta ahora señalada por el canciller Allamand, es que en la interpretación trasandina "hay un error de concepto" ya que "nadie se apropia", aunque manifestó que desea resolver la controversia con diálogo.

Redacción

Este miércoles se inicia la votación del cuarto retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados, en medio de una creciente incertidumbre respecto de si logrará los votos necesarios para seguir avanzando.

A diferencia de los retiros anteriores, que tuvieron el respaldo de casi toda la oposición y una parte del oficialismo, esta vez varios parlamentarios han manifestado sus dudas, debido a la evolución de la pandemia y las ayudas económicas entregadas por el gobierno.

Son seis proyectos los que serán revisados por la Comisión de Constitución de la cámara baja, incluidos aquellos que plantean un retiro del 100% de los fondos previsionales. "El día miércoles solamente se vota la idea de legislar, por lo tanto es la voluntad de la Comisión de Constitución respecto a la idea de los retiros, sean del 100 o del 10%", explicó el presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS).

"Estoy muy confiado de tener los votos este día miércoles para que este proyecto sea aprobado en general y poder continuar con la discusión en particular", dijo Ilabaca a Mega.

La diputada Pamela Jiles (PH), autora de uno de los proyectos, instó a sus pares a aprobar un nuevo giro desde las cuentas previsionales y envió un mensaje a quienes han ido cambiando su forma de votar desde el primer retiro hasta ahora.

"Invitaría a aquellos que se han manifestado en contra del cuarto retiro a darse las vueltas de carnero correspondientes, que ya se han dado durante los tres retiros anteriores", dijo. "Veremos qué puede más, si todos los especialistas unidos, toda la derecha unida o esta humilde servidora trabajando para conseguir votito por votito", agregó Jiles.

Desde el oficialismo, el diputado integrante de la comisión Gonzalo Fuenzalida (RN) insistió en el impacto económico que tendría la medida. "Una inflación incontrolable, en el sentido de poder aumentar los retiros y meter más dinero en la economía que no puede soportar, y donde el dinero se va a desvalorizar, las tasas de crédito van a seguir subiendo, la UF también, y eso finalmente lo van a tener que pagar todos los chilenos", sostuvo.

El candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reafirmó su postura de limitar los retiros. "No es posible que sean universales tal como han sido hasta ahora, sino que tiene que haber un pago de impuestos al respecto. Tienen que constituir renta, entrar en parte del global complementario y que eso genere un desincentivo para quienes no lo necesitan con urgencia", dijo en radio Cooperativa.

Además, Boric llamó a considerar la voz de los expertos: "Creo que uno tiene que escuchar también la evidencia y buscar cómo complementar y mejorar las políticas públicas".

Un reporte del Ministerio Público, enviado a la comisión de Constitución del Senado, cruzó datos entre antecedentes propios y de Gendarmería en relación a los llamados "presos del estallido".

El oficio determina que de los 806 casos indicados por agrupaciones que piden la libertad de esos detenidos, y de los 758 casos que -eventualmente- podrían relacionarse con delitos de diversa naturaleza cometidos durante la "revuelta social", apenas 53 personas podrían ser beneficiadas por el proyecto de indulto que actualmente se debate en el Congreso y cuya celeridad fue exigida por la Convención Constitucional a pocos días de su instalación en julio: son siete personas en reclusión, ya condenadas, y otras 46 que permanecen en prisión preventiva.

Desde La Moneda, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, reiteró que no existen presos políticos en el país. "Cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando", dijo, admitiendo que "por eso creo que cuesta tanto clasificar el número, como no existe la categoría de preso político en Chile, muchas veces hay discordancias en los números".

En tanto, la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, a través de su vocero, Jaime Fuentes, aseguró que "no compartimos la cifra; creemos que hay muchas más personas en prisión preventiva. El proyecto de ley de indulto no sólo beneficia a aquellos que están en prisión preventiva o condenados, también va a beneficiar a aquellos que estén con otra medida cautelar", explicó y añadió que la decisión de Fiscalía "de reducir en número de beneficiarios, es claramente contraproducente".

Desde la aproblemada Lista del Pueblo, el convencional Manuel Woldarsky dijo en CNN que "no fueron 56 personas las que fueron detenidas", sino "muchas más".