Los niños
Estimado Director: ¿Qué estamos haciendo los adultos que nos enferma de COVID-19 y ahora Delta?
¿Son los niños más saludables o realizan acciones y tienen conductas más limpias y responsables que nosotros los adultos?.
Se concluye entonces: Los niños primero.
Y, por favor, que esto sea de verdad, lo que no equivale a vacunarlos.
Carlos Alberto Sepúlveda Durán
Código rojo
"El informe de IPCC es un código rojo para la humanidad" señaló el secretario general de la ONU, confirmando que somos nosotros los responsables de alterar el clima del planeta de forma irreversible. Aunque hay una esperanza: todavía es científicamente posible revertir el daño si se toman medidas urgentes y contundentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¡Ahora es cuando!
No somos un gran emisor como país, pero por nuestra gran variedad de ecosistemas, somos muy vulnerables a los efectos contaminantes. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Chile aporta al fenómeno del calentamiento climático con un 0,25% del total de las emisiones a nivel mundial. El promedio mundial de emisiones de CO2 por persona alcanza las 4,5 toneladas, lo cual nos sitúa cercanos al promedio mundial con 4,4 toneladas por habitante.
Debemos prestar atención a la ciencia porque se nos está acabando el tiempo. No existe un Plan B y como señala el propio IPCC, la naturaleza podrá evolucionar a un nuevo equilibrio, pero la especie humana no. El llamado es a empoderarnos como sociedad de las acciones que nos permitan hacer nuestro país cada día más sustentable, a valorar las pequeñas acciones que, sumadas, pueden producir grandes cambios. La comunidad no puede seguir ignorando la ciencia climática y las obligaciones que de ellas se desprenden.
Dr. Carlos Esse, coordinador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS) de la Universidad Autónoma de Chile
Aumentar los fondos para la convención constitucional es invertir en la democracia
Ya es sabido que corresponde al Presidente de la República disponer de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Convención, por expreso mandato del artículo 133 de la Carta Fundamental vigente.
La solicitud de incrementar el presupuesto para el funcionamiento de la Convención ha sido un asunto que se viene discutiendo durante semanas y que seguirá en el foco del debate. Sobre el particular, es necesario recordar que los fondos asignados por el ejecutivo para solventar los gastos de operación del órgano constituyente fueron pensados sobre la base de pronósticos que no necesariamente se cumplieron. No se avizoraban, por ejemplo, la existencia de una mesa de vicepresidencias ni se podía calcular la cantidad de comisiones en que se organizaría la convención. Mucho menos los resultados de la elección de mayo en los cuales nuevas fuerzas políticas ganaron numerosos escaños. Por lo tanto, una vez confirmado que la proyección resultó insuficiente, se debe revisar. Absurdo sería insistir en una proyección derrumbada por los hechos.
Un punto sensible está dado por el requerimiento de fondos para remunerar asesores y cubrir otros gastos. Los y las Convencionales no están pidiendo un aumento de sueldo. Al respecto es necesario tener a la vista que, en una Convención integrada en una importante proporción por independientes y representantes de pueblos originarios, que no cuentan con centros de estudios que los abastezcan de insumos para la deliberación ni el respaldo financiero de partidos u otras instituciones, la contratación de asesores profesionales se convierte en una inversión necesaria.
En efecto, si bien la remuneración percibida por los y las convencionales supera el ingreso promedio nacional, es ostensiblemente inferior a la que reciben ministros de Estado y parlamentarios. Ni que mencionar las asignaciones de gastos que se les entrega a dichas autoridades. Pero con toda la importancia que revisten estos cargos, su función no se asemeja a la de redactar un proyecto de nueva Constitución, tanto por la relevancia como por lo inédito de la situación, factor que demanda mayor apoyo en inversión para que esta tarea resulte bien desarrollada. Los recursos utilizados en fortalecer la democracia no son gastos, sino inversiones indispensables.
Por otra parte, nunca está demás recordar la justificación histórica de la remuneración y asignaciones a parlamentarios y convencionales en este caso. Si estas labores se desarrollaran de manera gratuita, únicamente personas con riquezas o financiadas directamente por grupos de interés podrían participar en la actividad política, representando - precisamente - los intereses de esos grupos aventajados.
Por eso al momento de formarnos una opinión acerca de lo positivo o negativo de aumentar el presupuesto de la convención hemos de tener claro que en este caso no se trata de privilegios para los y las convencionales, sino que de recursos necesarios para intentar nivelar las ventajas que gozan los grupos privilegiados.
José Ignacio Núñez Leiva, coordinador Observatorio Nueva Constitución y académico UCEN
