La Cámara de Diputados aprobó una ley que impide fumar en playas, lagos y ríos, a lo que se suma la prohibición de botar colillas en la vía pública o espacios abiertos. Junto a esto, recintos como restoranes y aeropuertos deberán tener contenedores especiales para reciclaje de estos elementos.

La normativa, que debe ser ratificada, busca el cuidado del medioambiente y evitar incendios forestales, en un contexto donde el cigarrillo cada vez va perdiendo más espacios, aunque queda la duda si pasa lo mismo con sus adeptos.

Se ha criticado que esta podría convertirse en una "ley muerta" dado la imposibilidad de fiscalizar cada sitio, pero lo cierto es que se debe mirar con el "vaso medio lleno", dado que el país puede avanzar en cambiar las conductas de las personas y entender que no en cualquier lado se puede fumar.

Quizás alguien que fume en estas zonas jamás se lleve una multa, pero sí debería al menos recibir el comentario de otras personas que están cerca. El castigo social puede ser incluso más doloroso y no debería ser motivo de discusión el pedirle fumadores que dejen de tirar humo. La libertad de uno termina cuando socava la de otro y el inhalar tóxicos desde cualquier fuente no puede ser aceptado.

La normativa debería también impulsar otros cambios conductuales en playas, ríos y lagos. ¿Será el tiempo de que disfrutemos de la naturaleza no solamente sin cigarro, sino que sin plásticos o elementos que son un daño para el entorno? Es lógico que se deba llevar comida para largas jornadas, pero no por ello se deben dejar las bolsas en estos sitios dado que pueden afectar a la flora y fauna, como también muestran un feo escenario.

Lo mismo pasa en las calles. El botar una colilla puede significar una multa y en ese aspecto la fiscalización puede ser muy difícil, pero también las personas pueden ser muy colaborativas instando a evitar esta práctica.

La falta de fiscalización es un tema a debatir, pero también la comunidad debe poner de su parte. No hablamos únicamente de una colilla que se bota, sino que de crear una cultura de medioambiente y del reciclaje. Esto lo merecen las ciudades atacameñas, como también sus propios habitantes, especialmente en las zonas más golpeadas por el histórico daño medioambiental.

Es evidente que los efectos negativos de la pandemia por covid 19 ha golpeado con fuerza a las familias del mundo y de Chile en materia sanitaria, económica y social. Así lo revela la encuesta Casen 2020 que señala que la región de Atacama presenta una pobreza por ingresos de 9,5% y 3,8% de pobreza extrema en la población. La CEPAL, al referirse a estos indicadores señala que sin las ayudas sociales del gobierno la vulnerabilidad podría haber alcanzado cifras cercanas al 13,7%. Por lo tanto, la Red de Protección Social que hemos construido en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido fundamental para mitigar las afectación en miles de familias.

Nadie puede quedar indiferente de estas cifras, y en este segundo semestre que iniciamos debemos utilizar las potencialidades endógenas que posee nuestra región para atacar de frente a la pobreza. ¿Cómo? Primero, como Gobierno hemos comprometido el apoyo a más de 130 mil familias de Atacama vía transferencia monetarias del IFE Universal que operará hasta septiembre. Segundo, articulando la oferta laboral de los distintos sectores productivos de Atacama los cuales se han mostrado resilientes y con capacidad de adaptabilidad operacional para afrontar la pandemia. Tercero, el esfuerzo individual de los emprendimientos, otra oportunidad de salir adelante y para lo cual hemos creado herramientas de recuperación y apoyo desde Fosis hasta Corfo sumando el BonoAlivioPyme e instrumentos financieros. Y cuarto, debemos potenciar la reactivación económica, fundamental para la generación de puestos de trabajo y la recuperación de los ingresos de las 29.871 personas afectada por la pobreza en Atacama. Siempre considerando que el principal factor que aumenta hoy la pobreza, es la destrucción de los puestos de trabajo dependientes e independientes siendo las mujeres las mayoritariamente afectadas.

Como Gobierno, seguiremos fortaleciendo la Red de Protección Social con acento en la recuperación de los empleos, que es la mejor política social, contextualizando que debemos innovar en las fórmulas para seguir avanzando, y que nadie se quede atrás. A pesar que los beneficios sociales no son una solución definitiva, si nos permite amortiguar los ingresos de los grupos familiares e ir abarcando un gran número de personas que han visto mermados sus ingresos por la pandemia. Por lo que estamos convencidos que dando fuerza al empleo estos números saldrán de la fase roja en la cual se encuentran, junto al trabajo que nos encontramos realizando en la región y a nivel país, liderados por el Presidente de la República Sebastián Piñera.

• Luis Morales Vergara

Seremi de Desarrollo Social y Familia

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