Pamela Vásquez Fuentes

A más de diez años del accidente que dejó atrapados a 33 mineros en la mina San José en agosto de 2010, 31 de ellos recibirán una indemnización de 40 millones de pesos cada por uno por concepto de daño moral.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia del noveno Juzgado Civil de Santiago que determinó el pago de 80 millones de pesos para cada uno de los 31 mineros.

Ante esto, el caso fue analizado en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó que "los órganos del Estado han faltado a su deber de protección, actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones, lo que lleva a estos sentenciadores a concluir que es el Fisco de Chile, el que debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada".

Para el tribunal al analizar los antecedentes entregados por cada una de las partes en el proceso "se coincide con la sentenciadora en cuanto a la existencia de la falta de servicio alegada, quedando circunscrita la responsabilidad al Fisco de Chile, el que habrá de responder por los perjuicios ocasionados a los actores, por lo que será acogida la demanda dirigida en su contra, como se dirá. En efecto, se ha acreditado el actuar negligente de los órganos del Estado, la existencia del daño causado y la relación de causalidad entre ellos".

Además, el tribunal argumenta que "si los órganos de la administración del Estado hubieran cumplido con su obligación legal de la forma en que fue previsto (como ha sido observado y concluido en la investigaciones realizadas como consecuencia del accidente de autos), en atención a la actividad de riesgo realizada por la empresa minera y la falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del accidente, los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento".

Otro punto que se consideró al momento de la sentencia es que la mina San José contaba con las autorizaciones que le exigía la ley para funcionar, esto a pesar de "incumplir de manera reiterada y con las exigencias básicas, constatado todo por los diversos entes estatales".

Al quedar atrapados por un periodo prolongado bajo tierra, le causó a los trabajadores daños sicológicos que fueron constatados en el proceso.

El tribunal rechazó sin costas, el recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile y el Sernageomin, en contra de la sentencia de 24 de agosto de 2018, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago. Por ende se confirmó la sentencia y se condenó al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los 31 demandantes la suma de $40.000.000 por concepto de indemnización por daño moral.

Los mineros analizarán el fallo con sus abogados para determinarán si apelarán al dictamen de la Corte de Apelaciones.

Durante la autopsia realizada a los cuerpos de dos de las víctimas del accidente ocurrido el miércoles camino a Chañaral, se descubrió que trasladaban ovoides.

Se trata de las dos mujeres de nacionalidad boliviana y se desconoce cuál era el destino de la sustancia encontrada. Según los primeros antecedentes los ovoides contenían clorhidrato de cocaína. "Desde la Fiscalía de Atacama indicaron que al momento de la autopsia a las víctimas encontradas durante la tarde del miércoles, se encontró evidencia de droga en sus cuerpos. Por este motivo se adoptó en procedimiento de rigor y se ordenó al OS7 de Carabineros para que procediera con el retiro de la especie".

Este jueves y viernes la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Atacama (Uravit), ha desarrollado diversas gestiones y mantenido contacto con la mayoría de las familias de las personas lamentablemente fallecidas en el accidente ocurrido en las cercanías de Chañaral durante la madrugada de este miércoles.

Respecto de esta labor, el jefe de esta Unidad del Ministerio Público, Marcelo Miranda Diaz, indicó que la función de los profesionales de Uravit en este tipo de casos involucra tomar contacto con familiares de las víctimas y entregar información y orientación en lo que respecta a la entrega de los cuerpos. Trabajo que se realiza de forma coordinada con el Servicio Médico Legal y el fiscal del caso.

"Luego de este accidente, los sicólogos y asistentes sociales de la Uravit trabajaron en contactar a las familias y como una manera de respeto y resguardo, la Fiscalía mantuvo en reserva las identidades de las personas fallecidas hasta poder contactar a familiares. Luego de lo cual, se ha continuado apoyando en lo que respecta a la entrega de los cuerpos y las gestiones para sus traslados, además de establecer un familiar directo con quien mantener comunicación en lo que respecta a la investigación penal de este accidente", indicó Miranda.

Fallecidos

En relación a las personas fallecidas, Miranda indicó que ya fueron entregados a sus familiares Sergio Valderrama Olate, conductor del bus; Honorino Miranda Castillo y Pedro Valdés Jofré, ocupantes del camión; además de Andrés Simón Morales, pasajero del bus. Mientras que durante la jornada de ayer se procedió con la entrega de Luisa Espinoza, también pasajera de la máquina de transporte de pasajeros; además de las últimas víctimas que fueron encontradas durante la tarde de ayer en que ocurrió el accidente que corresponden a dos mujeres de nacionalidad boliviana.