El presidente colombiano Iván Duque cedió ante la presión ciudadana y anunció el retiro de su polémico proyecto de reforma tributaria, tras cinco días de multitudinarias protestas en todo el país, que llegaron hasta su casa y dejaron al menos seis personas fallecidas.

El impopular proyecto de reforma fiscal nació muerto. Todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, cuyo jefe es el expresidente Álvaro Uribe -mentor de Duque- se posicionaron contra la iniciativa, que fue calificada como un "engendro", pero que el presidente insistió en defender hasta ayer, incluso bajo el anuncio de mantener fuerzas militares en las calles para evitar las manifestaciones.

Con la reforma el Gobierno aspiraba a recaudar unos 6.302 millones de dólares para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda aumentó con la pandemia de covid-19.

Paso atrás

Rodeado de varios de sus ministros y de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, Duque comunicó al país la retirada del proyecto "para evitar incertidumbre financiera", pero en ningún momento se refirió a las decenas de miles de personas que salieron en los últimos cuatro días a oponerse a esta iniciativa que buscaba ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos, entre otras medidas.

El mandatario explicó que, luego de múltiples diálogos con las fuerzas políticas del país, solicitó al Congreso el "retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera".

"La reforma no es un capricho, es una necesidad, retirarla o no, no era la discusión", agregó el presidente, que describió que con la iniciativa busca mejorar planes educativos y sociales.

"El principio de la propuesta es que los de mayores ingresos contribuyan solidariamente con los más vulnerables", aseguró Duque. "El consenso nos permite decir con claridad que no habrá aumentos del IVA para bienes y servicios ni cambiarán reglas existentes", agregó.

Saldo trágico

El anuncio presidencial, sin embargo, no tuvo el efecto esperado y durante la jornada de ayer se volvieron a registrar múltiples y masivas protestas, debido a que la ciudadanía no confía en que se comience una nueva reforma desde cero, según medios locales.

La situación en el país es crítica y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, informó que han confirmado "seis muertes relacionadas con las protestas", cuatro en la ciudad de Cali y dos en Ibagué.

Sin embargo, la Procuraduría (Ministerio Público) señaló que las protestas "arrojan un saldo trágico de 14 muertes", sin dar detalles de lugares o circunstancias, mientras que las organizaciones sociales elevan el número de muertos y acusan desaparecidos.

La Procuraduría pidió recabar pruebas, adelantar investigaciones y entregar resultados sobre las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante las marchas, "en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales".

La medida de retirar la polémica propuesta supone un alto costo político para Duque por el desgaste que arrastra cuando se aproxima al tercero de sus cuatro años de Gobierno.

Durante las protestas hubo enormes masas de cientos de miles de personas protestando de manera pacífica, pero también grupos de encapuchados que saquearon comercios y quemaron micros en ciudades como Cali y Bogotá.

Duque reaccionó solicitando el apoyo de los militares en el control de las protestas, debido a que el sábado, previo al anuncio del retiro de la reforma, las manifestaciones incluso llegaron al condominio donde vive el presidente colombiano para expresar su inconformismo, concentración que fue dispersada con gases por la policía.

14 muertes asociadas a las protestas informó la Procuraduría de Colombia, que están siendo investigadas.

19% de IVA pretendía aplicar a los servicios públicos la reforma tributaria que promovía Iván Duque.

Tras su derrota, el presidente Iván Duque explicó que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso incluirá una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. Entre los programas sociales que busca financiar mencionó la prolongación del Ingreso Solidario, que beneficia a más de 3,4 millones de hogares y ofrecer educación universitaria gratuita a jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos.

A pocas horas de que asumieran los congresistas electos de la renovada Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, decidieron destituir a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por cometer un presunto "fraude a la constitución" y violar la separación de poderes, mientras que también expulsó de su cargo al fiscal general.

La destitución en la Suprema, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo.

La iniciativa fue introducida por Suecy Callejas, la primera vicepresidenta del mandatario Nayib Bukele, y el documento señala a los magistrados de cometer "fraude a la Constitución" y ejercer funciones atribuidas al Gobierno por sus sentencias sobre el manejo de la pandemia de covid-19.

Bukele acusó en más de una ocasión a los jueces de retirarle facultades para atender la pandemia. En junio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales 11 decretos ejecutivos, incluidos dos estados de emergencia dictados por Bukele, y dos leyes de "restricción temporal de derechos constitucionales" para frenar la pandemia.

En agosto de 2020, Bukele dijo que "si fuera de verdad un dictador", hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Suprema por declarar inconstitucionales los decretos.

La Sala declaró inconstitucional la destitución de sus magistrados y señaló que la medida "viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista".

Blinken llama a Bukele

El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó a Nayib Bukele su "profunda preocupación" por la decisión de la Asamblea Legislativa. "Un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática", dijo en una conversación telefónica y defendió que el fiscal Raúl Melara "es un socio eficaz" para combatir el crimen "tanto en Estados Unidos como en El Salvador",

El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, llamó a la OEA a mediar para una salida pacífica a la "alteración del orden constitucional", mientras que el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que "haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte la relación con el Gobierno de EE.UU., el Banco Mundial, el el FMI y el BID". Bukele acusó a Vivanco de ser "financiado por Open Society" de George Soros y dijo que será "interesante" ver qué tanta influencia tiene en El Salvador.