En 2016 Felipe Harboe fue el único senador del eje PPD-PS en votar a favor del artículo 12 de la ley 20.931 que permite a las policías realizar el control preventivo de identidad. La norma vuelve a estar en entredicho casi cinco años después, luego de la muerte del artista callejero Francisco Martínez en Panguipulli, y Harboe sigue pensando que la medida no es mala, sino que está siendo mal aplicada.

Como subsecretario del Interior de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, se ha relacionado de cerca con Carabineros. Con ese conocimiento, dice que es necesaria una refundación de este cuerpo y que debe partir por un reentrenamiento de toda la tropa operativa, vale decir, de los 45 mil efectivos que salen a la calle.

-¿No se ha arrepentido de su voto aprobando el control de identidad?

-El control de identidad es una herramienta que existe en muchos países, desarrollados y no desarrollados, y que bien utilizada es efectiva. El problema es que no se está siendo utilizado de forma adecuada y la falta de proporcionalidad entre la negativa a hacerse un control de identidad y el uso de un arma de fuego es tan evidente que ni aquí ni en ninguna parte del mundo es aceptada.

-Las mismas estadísticas de Carabineros dan cuenta de que no ha sido efectiva, como lo demuestra un estudio de la UDP (Universidad Diego Portales) conocido esta semana.

-Lo que pasa es lo siguiente: el control de identidad preventivo recordemos que viene a intentar corregir los problemas prácticos que se estaban produciendo con la declaración de ilegalidad a la detención a partir del artículo 85 del Código Penal, del otro control de identidad.

-La detención por sospecha.

-Lo que se denominó así. De hecho, cuando uno revisa, la modificación que se hizo al artículo 12 es mucho más garantista que el 85. Por de pronto, el tiempo del procedimiento, la lectura de derechos, las limitaciones con menores de edad y un conjunto de garantías adicionales. Mi percepción es que lo que está ocurriendo en la práctica es que las policías están prefiriendo usar el 85 antes que el 12, porque se dan cuenta que el nuevo era más garantista.

-¿Y por qué no se eliminó el anterior?

-Eso se planteó en la discusión y algunos dijeron que no era necesario eliminarlo. Mi percepción es que, en el fondo, más allá del instrumento, es un problema en la formación policial. Evidentemente, como se lo dije en una oportunidad al nuevo ministro del Interior y al nuevo general director de Carabineros, situaciones como la del Sename (disparos de un carabinero a menores de un hogar en Talcahuano) o Panguipulli y otros van a seguir ocurriendo porque el problema no es la ley, es un problema de formación policial, cultural, y ahí es donde a mi juicio hay que hacer una profunda reforma, urgente. Yo le sugerí al general (Ricardo Yáñez), a pocos días de haber tomado su cargo la necesidad de hacer un reentrenamiento a toda la tropa operativa que estaba en la calle, pero con los nuevos estándares, los nuevos parámetros, para que la gente que hoy día está ejerciendo función de seguridad tenga claridad sobre lo que no tiene que hacer y lo que sí puede hacer. En la modificación que hicimos pusimos una serie de controles, incluso transparencia, y el informe de la UDP se hace gracias a lo que se consigue con esa modificación del artículo 12, que no existe respecto del 85.

-Es una información incompleta, que no está desagregada.

-Y no está descargable, que es algo que también se lo planteé al director, que fuera en formato descargable, abierto, para que uno pudiera hacer tablas Excel, hacer comparaciones, cruce de información, que es fundamental. Segundo, se requiere que esta información sea auditada externamente por el ministerio del Interior. La pregunta es si el ministerio del Interior está exigiendo que esa información o auditando que sea real. Ese es un problema. Si a final del día el legislador, cualquiera que sea, tiene que partir de la base de la desconfianza, de que las instituciones, las personas, los gobiernos, hagan su trabajo, entonces tenemos un problema más delicado, porque supondría que no le podemos encargar a un gobierno a un gobernante la protección de las leyes. Por eso creo que tenemos una crisis de las instituciones, de las instituciones de seguridad. Chile hoy vive una crisis del sistema de seguridad que tiene que ver por un lado con la falta de proporción, de criterio, de formación de quienes ejercen la función de seguridad, pero por otro con la completa ineficacia e ineficiencia (...) A mí me parece que lo más delicado que tenemos hoy día es que se produce una discriminación social, racial, de lugares, que no es aceptable en el Chile de hoy. No es posible que haya un trato tan diferenciado para unos y otros, que el control de identidad opere en unos casos con violencia y en otros pidiendo permiso.

-¿Estamos frente a evidencia de una descomposición profunda? ¿Cuál es el camino?

-Nosotros propusimos un conjunto de modificaciones que a nuestro juicio conforman la reforma más profunda desde 1990. Es una reforma que negó la derecha durante muchos años (...) decían que por ningún motivo la aprobarían, porque era politizar Carabineros. Pero nosotros decíamos que una institución, cualquiera que sea, que tenga tal nivel de autonomía como tiene Carabineros o las Fuerzas Armadas, se presta para que se generen elementos abusivos, tanto desde el punto de vista de la probidad, como del punto de vista del abuso de poder. Y eso es lo que estamos constatando. Ya no son casos aislados, sino que tenemos un problema conductual más estructural de la policía. Por eso que es clave el profundo proceso de reforma. Y creo que el gobierno se ha atrasado en eso de una forma francamente preocupante.