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Alta volatilidad del dólar
xEn las últimas semanas, el precio del dólar cruzó el umbral de los $700 y llegó a su mínimo valor con respecto a la moneda nacional en meses. Unos días después, el dólar subió abruptamente $15, volviendo a valores sobre los $700. Al día siguiente, volvió a caer. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Es beneficioso para los ciudadanos de a pie?
Que el dólar tenga ese nivel de volatilidad nunca es tan conveniente porque nos indica que el valor de nuestra moneda con respecto a la moneda extranjera no tiene una estabilidad a largo plazo, un síntoma que -en tiempos de pandemia e inestabilidad económica producto de la misma-, no es bien recibido.
De esta manera, que el precio de la moneda estadounidense esté tan fluctuante no nos entrega buenas señales dentro de Chile y el nivel de incertidumbre en los mercados, tanto locales como extranjeros, también puede ser muy alto, lo que nunca es bueno.
Esta alta volatilidad ya la habíamos observado durante 2019 y 2020. Recordemos que el dólar en los últimos dos o tres años no ha tenido la estabilidad a la que nos tenía acostumbrados.
Respecto a lo que puede suceder con los consumidores de manera individual, hay muchas personas que quizás especularon y en dicha especulación han obtenido dividendos. Personas que quizás pudieron comprar cuando el dólar estaba bajo, luego tuvieron rentabilidad al corto plazo. Sin embargo, es especulación. Buscar oportunidades de inversión en base al dólar es arriesgarse con una acción volátil. Para una persona aversa al riesgo no sería conveniente. Por lo tanto, la conveniencia o no respecto a invertir en dólares va a depender mucho del perfil de riesgo del inversionista.
Finalmente, el impacto que puede provocar la alta volatilidad del dólar incorpora una cuota importante de incertidumbre que generará, además, alta incertidumbre en los mercados.
Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial y director del Centro de Economía Aplicada de la U. San Sebastián
La pobre reforma de modernización del empleo público
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó una consulta pública sobre el anteproyecto de modernización al empleo público, que estará disponible hasta el próximo 28 de enero. Encuesta que presenta deficiencias metodológicas en cuanto a sus preguntas que están formuladas sin presentar alternativas dicotómicas y tienden a conducir las respuestas hacia la validación del modelo ideológico que desean implementar.
Dicha reforma, que a la fecha solo se conoce una minuta de posición por parte del gobierno es, a todas luces, pobre. Su aplicación no resolvería ni las demandas sociales de la ciudadanía, ni mejoraría las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos.
Los desafíos de una modernización del Estado son muy superiores y no pueden limitarse sólo a la flexibilización de la evaluación del desempeño para argumentar despidos y bajar los costos, ante la reciente legalización de la aplicación de tutelas laborales en el sector público. Toda reforma de esta magnitud debe ser desarrollada con participación directa y real de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), protagonista de esta discusión.
Excluir a quienes tienen relación directa con una reforma da cuenta de un diseño ideológico elaborado por un sector político, que solo pretende jibarizar al Estado para resguardar su modelo económico, sin darle valor a las relaciones laborales ni mucho menos tener la real intención de acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Esto, por cuanto no consideran a quienes están gobierno tras gobierno enfrentando el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Las y los funcionarios públicos sabemos bien cómo transformar la administración del Estado, pues, nuestro conocimiento acumulado va mucho más allá que el que puedan alcanzar las autoridades de un gobierno de turno.
Además, una reforma de esta magnitud debería ser posterior al proceso refundacional que se está llevando a cabo en Chile. En la nueva Constitución, se definirán aspectos tan importantes como el rol del Estado y su organización política, administrativa, financiera y territorial. En consecuencia, automáticamente surgirá la necesidad de revisar, como segunda instancia, la normativa que rige y ordena nuestra actual administración pública para que ella se ajuste al nuevo Chile.
Claudia Hasbún, directora nacional ANEF
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