El naipe de los partidos para enfrentar las primarias está prácticamente definido en Atacama, donde también se ha trasladado la controversia entre el Partido Comunista y el Frente Amplio con la ex Nueva Mayoría. El ex diputado (PC) Lautaro Carmona descartó que ese conglomerado haya pedido un pacto de omisión -como se especuló que ocurría en otras regiones-, también rechazó que sea candidato y dijo que el consejero regional Javier Castillo es la carta.

Se trató de peleas propias del mundo político por abarcar territorios e imponer dominios, pese a que se podría decir que los futuros mandatos en los municipios y gobernaciones estarán marcados por los "fierros calientes" inéditos en la vida política nacional.

Los alcaldes no tendrán los mismos recursos, producto del impacto de la pandemia y el 2021 puede que sea de mucha austeridad. Que lo digan en Copiapó, donde ayer el Concejo Municipal aprobó el leaseback del Centro Cultural en medio de los reclamos de una concejala, Paloma Fernández.

En la casa consistorial ya advirtieron que la deuda llegaría a los 3 mil millones de pesos y hay que sacar los recursos de algún lado. De esta forma en 2021 es probable que la concreción de grandes proyectos -que al fin y al cabo son fundamentales para demostrar gestión en los alcaldes- se verá muy afectada, aunque en el caso de la capital regional el del Pretil parece ir caminando de acuerdo a lo planificado.

En el caso de los gobernadores regionales, los postulantes parten esta carrera sin saber cómo finalmente será su función. El traspaso de competencias y recursos sigue siendo una incertidumbre y puede que, al menos en el comienzo, su campo de acción no sea el adecuado para gestionar ideas e imponer su sello, transformándose en figuras decorativas que no les serían agradables, bajo el mismo parámetro con que se mueven alcaldes, es decir, que se concreten sus iniciativas o que, al menos, sean visibles entre sus electores.

Así queda la sensación de que estos cargos, al menos en 2021, no van a ser precisamente de total confort, sino que más bien de aguantar chaparrones. ¿Estarán dispuestos?

Debido a las malas cifras de empleo vistas en el último tiempo, y para ayudar a la reactivación económica y del mercado laboral, es que el gobierno hace unos días presentó un plan de subsidio al empleo con un costo fiscal de US $2.000 millones donde se cubrirán parte del sueldo de los trabajadores nuevos o reintegrados, siempre y cuando la empresa haya visto afectado sus ingresos en los últimos meses, sin importar el número de trabajadores ni el nivel de utilidades de estas empresas en períodos anteriores.

Extrañamente, el subsidio es mayor para contratar nuevos trabajadores que para reintegrar a los suspendidos, por ende se crea un incentivo perverso a despedir a los trabajadores suspendidos y contratar nuevos. Además el subsidio será de un 60% de la remuneración para ingresos menores a $450.000, mientras que para ingresos mayores a ese monto, hasta el tope de $961.500, el subsidio llegará a los $270.000. Esto crea un segundo incentivo perverso para que los empleadores paguen sueldos más bajos, puesto que la ayuda en términos porcentuales será mayor si el sueldo es menor a $450.000.

Si bien la idea va en el sentido correcto para ayudar a impulsar el mercado laboral, para muchos es contraproducente pagarle a las empresas para que reintegre a los trabajadores que la Ley de Protección al Empleo buscaba proteger. Es cierto que esto puede ser necesario para que las empresas no quiebren y los trabajadores no pierdan su trabajo definitivamente, pero se puede restringir a empresas con cierto tope en las utilidades los últimos años, y así evitar dar financiamiento a empresas que no lo necesitan.

Cuando se promulgaron las ayudas económicas a las personas, estas tuvieron varias restricciones que provocaron la molestia de muchos, pero para las empresas la única restricción es que no podrán repartir todas sus utilidades mientras dure el beneficio. Estas diferencias son las que molestan. Cuando las empresas obtiene ganancias, estas ganancias son privadas porque son los privados quienes la financian y corren el riesgo, pero cuando estas empresas obtienen pérdidas pareciera que las pérdidas son públicas y el Estado debe ayudar a cubrirlas.

Hace 5 años comenzamos con este sueño llamado Huella Local, fundación conformada para actuar en pos del desarrollo local, colaborando directamente con los municipios más vulnerables y/o rezagados del país, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura con alto impacto social. Nuestro modelo de innovación social, se sustenta a partir de 3 pilares fundamentales: justicia, definida por la RAE como "principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece"; solidaridad ("Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros"), y cohesión social, definida por el sociólogo Emile Durkheim como el grado de consenso de los miembros de un grupo social y la percepción de pertenencia a un proyecto común. En este sentido, evaluando nuestra sociedad actual, podemos ver un alto grado de desconfianza entre los distintos estamentos y una alta desafección de la ciudadanía, además, el sistema político no ha dado el ancho para lograr ser permeado por los ciudadanos.

¿Cuál es el problema? A través de la experiencia que hemos alcanzado en diversos territorios de Chile, creemos que hacen falta instancias de encuentro. Hoy, el poder adquisitivo se ha transformado en la barrera para que los chilenos nos miremos a la cara, por esto, a través de nuestro modelo, queremos seguir facilitando ese espacio de encuentro, relevante para los desafíos que se avecinan y así, logremos ponernos de acuerdo y encontrar caminos comunes para construir una sociedad más justa y solidaria, pero, sobre todo, fuertemente cohesionada.

Para muchos quizás esto es una ilusión de larga data, sin embargo, esta forma de trabajar nos ha permitido generar una nueva de gobernanza en más de 26 comunas (en 10 regiones), colaborando en el desarrollo de más de 110 proyectos de alto impacto social a través de alianzas público-privadas, donde más de 30 empresas han visto en el modelo de gobernanza de Huella Local una oportunidad para alinear sus estrategias de RSE con las de los gobiernos locales en zonas donde convergen. A esto se suma un tercer actor relevante: la comunidad, participantes activos en todo el proceso, desde el diseño de una plaza hasta la ubicación de una red de alcantarillado. Propuesta que de forma mancomunada, nos ha permitido apalancar USD$11,5 millones de fondos públicos que sin este modelo, no estarían llegando a las comunas que más lo necesitan.

Actualmente aún existen 84 comunas en Chile con altos índices de vulnerabilidad (definidas por el índice Huella Local), localidades que sienten con tristeza la ausencia de recursos y medidas de apoyo. En esa línea, valoramos la invitación que nos han hecho la Asociación Chilena de Municipalidades para trabajar en conjunto, y 3 carteras de Estado para impulsar dos programas enfocados en el apoyo de estos territorios y colaborar en la Mesa N°1 de Compromiso País (Servicios básicos y sanitarios), instancia donde junto a los miembros realizamos un diagnóstico que arrojó cifras alarmantes, como que más de 1.150.000 de chilenas y chilenos aún no cuentan con agua potable en sus hogares.