El demoledor informe de la "Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre… Venezuela", podría ser el comienzo del fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero también, según parece, puede generar una crisis en el PC chileno: Daniel Jadue, su candidato presidencial, discrepó de forma inédita con su correligionaria, la diputada Camila Vallejos.
Nicolás Maduro, el sucesor casi por accidente de Hugo Chávez, se ha afirmado en el poder, más allá de las descalificaciones (y desaciertos) de sus opositores y, sobre todo, por encima de las angustias y dolores del pueblo que pretende beneficiar. Su régimen nunca había recibido un golpe comparable. Se lo propinó un grupo presidido por Marta Valiñas e integrado por Francisco Cox Vial y Paul Seils. Fue creado hace un año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El resultado de sus investigaciones es un texto de 400 páginas, que se conocerá oficialmente esta semana: "La Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres... Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad".
Es un auténtico catálogo de violaciones a los derechos humanos.
El gobierno venezolano reaccionó como era previsible. Es "un informe plagado de falsedades -expresó el canciller Jorge Arreaza- elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno".
La Misión efectivamente no pudo visitar Venezuela. Pero fue porque el Gobierno ni siquiera respondió a sus solicitudes. Pese a esas difíciles condiciones, "realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional".
El grupo ya terminó su labor. Ahora, plantean, es el momento de que intervengan otras instancias como la Corte Penal Internacional. Varios gobiernos han planteado lo mismo.
Abraham Santibáñez
Secretario general Instituto de Chile