Concejal Boris Pérez quedó en prisión preventiva por fraude: recibía dinero de trabajador
POLICIAL. A través de sobresueldo le aumentaron el pago a un arquitecto, quien bajo amenaza de perder el empleo le entregaba cerca de un millón de pesos mensual.
El concejal Boris Pérez fue formalizado por el delito de cohecho y fraude. Quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva y a partir de ayer fue recluido en la cárcel de Copiapó y podría en el futuro hacerle compañía a quien fue alcalde suplente, Mario Morales.
El 29 de julio siete funcionarios de la municipalidad fueron detenidos por la arista de fraude al fisco, en que se investiga la adjudicación de proyectos a contratistas a cambio que estos entregaran coimas a él y a sus cercanos colaboradores. Además, en esa audiencia también se mencionó que se indagaba si existían sobresueldos.
Esto se hizo patente tras la detención de Boris Pérez por parte de la Brigada de Delitos económicos de la PDI por fraude. Ayer la Fiscalía formalizó cargos en su contra y uno de los antecedentes que se conoció en la audiencia es que ganaba 750 mil pesos por su labor como concejal, sin embargo esa suma no tenía relación con la vida que llevaba, ya que arrendaba una casa en Tierra Viva, además de otros gastos.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Atacama, el imputado junto al alcalde suplente, Mario Morales, actualmente en prisión preventiva, contrataron a un arquitecto en modalidad de honorario para cumplir funciones en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Tierra Amarilla, y quien bajo amenaza de perder su empleo debía entregar parte de sus honorarios, aumentados de forma artificial, al mencionado concejal. Acto ilícito que se reiteró desde hasta febrero de 2020, afectando el erario público y los recursos económicos de este municipio, según el Ministerio Público.
Morales y Pérez solicitaron al entonces administrador municipal, la modificación del convenio a honorarios del arquitecto para aumentar sus honorarios mensuales de $1.300.000 a $3.100.000. El objetivo del aumento en la remuneración, según la Fiscalía, tenía como único fin el traspaso de dicho monto a Morales y Pérez, por una cifra total de $15.168.850 en dinero en efectivo en total.
Además, se investiga su influencia en las licitaciones que tenían relación con gestiones irregulares para que se contratara gente y la adjudicación de adjudicaciones a eventos.
Exposición
En su exposición el fiscal Luis Miranda dio cuenta de prueba documental que ya forma parte de la carpeta investigativa de este caso, además de conversaciones vía WhatsApp e interceptaciones telefónicas. Material que evidencia el actuar irregular del concejal detenido. Uno de esos audios fue conocido en la audiencia, donde le reclamaba al alcalde (s) que no contrataba a un cercano.
"Oye llamai a mí hablando de lealtades diciendo h…. Le acabas de dar una pega a otro pavo c… por 120 millones con el…, si queris irte con esos h…, ándate con esos, pero a uno no, no h…po (…) Más encima llamas por lealtades y echándole la bronca a uno. Uno anda como h… pato y dándole a otros h… porque uno te dejó ahí, a la x… no más".
Considerando estos antecedentes y debido a la gravedad de los delitos y las penas que arriesga de acuerdo a la Ley Vigente, la Fiscalía de Atacama solicitó en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Petición a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado que actúa como querellante en la causa.
En su resolución el Juez de turno argumentó que los antecedentes dados a conocer por la Fiscalía, justificaban la existencia de los delitos formalizados y accedió a la solicitud del Ministerio Público ordenando el ingreso del imputado a la cárcel de Copiapó.
Luego del ingreso, los imputados hacen cuarentena y tras esto son trasladados a alguno de los patios del recinto.
Plazo de investigación
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Ubaldo Basoa Oviedo fijó como plazo de la investigación hasta el 30 de noviembre próximo. La Fiscalía ya había formalizado a otras trece personas, entre ellos al alcalde suplente de esta localidad. Con el concejal suman 14.