La pandemia ha traído tiempos difíciles. Sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas y educacionales resultan a todas luces devastadoras para los países y sus habitantes, prolongando sus nocivos efectos mucho más allá del plazo que originalmente se pensó que podría durar.

Pese a la incertidumbre de cuando se contará con la vacuna que permita controlar la propagación del virus, las sociedades buscan la forma de gestionar sus actividades en un marco de condiciones adversas como hace tiempo no se enfrentaban, tratando de mitigar los daños y evitar el colapso sociosanitario al que se expone gran cantidad de la población mundial. Los brotes y rebrotes de contagios, la entrada y salida de cuarentenas, la reactivación y el cese de actividades sociales y económicas constituyen el marco diario en que se desenvuelve la vida de miles de millones de personas.

Una de las actividades que se ha visto particularmente afectada es la Educación, un sistema que desarrolla una de las funciones vehiculares más importantes en cualquier comunidad, como es la preparación de ciudadanos y la transmisión del saber. En este escenario plagado de dificultades, la Educación superior ha demostrado una gran capacidad de adaptación, implementando la educación a distancia a través de plataformas tecnológicas, lo que ha permitido mantener la progresión académica de quienes se forman en ellas.

Para acompañar a sus alumnos, el compromiso de las Instituciones resulta esencial. Asegurar la calidad de sus procesos adquiere mayor relevancia en el actual marco pues ello posibilita beneficios de alto impacto para todos quienes componen las comunidades educativas. Por ello, y en el marco del compromiso de Santo Tomás con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, la confirmación de que el Centro de Formación Técnica Santo Tomás ha sido aceptado para adscribirse a la gratuidad desde el año 2021 es, sin dudas, una buena noticia.

La magnitud de este logro se comprende cuando sabemos que la gratuidad favorecerá a cerca de 2/3 de los estudiantes nuevos y antiguos del CFT Santo Tomás, de todas sus sedes, incluyendo a Copiapó. La decisión de ingresar a la gratuidad estuvo marcada por la intención de que los estudiantes puedan acceder a esta alternativa de financiamiento estudiantil, garantizándoles, de este modo, el acceso a una formación técnica de excelencia, especialmente en este periodo en que miles de familias a lo largo del país enfrentan crecientes dificultades producto de la pandemia del Coronavirus.

Un promedio de más de 14 mil permisos diarios se entregaron en 11 días en cuarentena en Copiapó. De acuerdo a la información que entregó la Comisaría Virtual, en la capital de Atacama fueron dadas más de 162 mil autorizaciones temporales de desplazamiento, cifra que parece demasiado alta tanto en la comparación con otras zonas, como también en lo que se puede ver en terreno al menos en el centro de la ciudad, donde pese a que sigue habiendo tránsito, éste es mucho menor.

El 19 de junio en el primer día hábil de la cuarentena que afectó al 90% de la Región Metropolitana hubo 561.983 permisos, es decir poco más del 8% de la población salió a la calle ese día, mientras que en Copiapó si llevamos las 162 mil autorizaciones a un promedio diario, podemos decir que más de 14 mil copiapinos salieron diariamente es decir más o menos el mismo porcentaje de la zona central.

Los datos no se condicen con la realidad histórica de un país centralizado, donde el movimiento es mayor respecto a zonas más apartadas como Copiapó. Un 8% no es una cifra baja, considerando que son dos los permisos diarios temporales para compras de mercadería, insumos y otros, mientras que el permiso colectivo es uno, a los que se suman otras autorizaciones. A esto hay que agregar que personas simplemente no los sacan y que estén transitando entre poblaciones quizás por qué razones. Hay algo más: puede que hayan permisos fraudulentos, que se han detectado en otras ciudades.

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿hay otras motivaciones en la movilización de los copiapinos? ¿hay irregularidades? En cuanto a este último punto, fue consultado al Gobierno Regional, pero no respondieron.

El GORE no responde preguntas, lo que suma especulaciones que no se remiten a lo regional. La Contraloría detectó la entrega de cerca de 2.200 permisos a personas con covid-19 a nivel nacional, lo que fue descartado al menos oficialmente en Atacama.

Esto muestra la falta de cruce de datos con el Ministerio de Salud y por ende, hay campo abierto para que ocurran incongruencias parecidas entre otras entidades del Estado. ¿Se está cumpliendo con el sentido de la cuarentena? Al menos en contagios las cifras siguen al alza: ayer nuevamente la capital regional sobrepasó los 100 casos diarios.

¿La entrega de permisos puede convertirse en una caja de pandora? Habrá que ver.

El cáncer es una enfermedad dolorosa y cruel con quien la padece y también con su familia, sus seres queridos y quienes lo rodean. Quienes la sufren viven momentos de angustia, dolor, y requieren toda nuestra ayuda para acompañarlos en este proceso para recuperar su salud, y brindarles una mejor calidad de vida que la que tendrían sin ese apoyo. Por su parte, es la segunda causa de muerte a nivel país. Ello exige una potente alianza entre el sector público y la sociedad civil en ese difícil proceso, y el Presidente Piñera lideró un proyecto que encarna esa necesaria unidad para apoyar a los chilenos ante este difícil proceso.

Esta semana se aprobó y despachó para ser promulgada por el Presidente, la Ley nacional del cáncer, que permitirá planificar, desarrollar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones destinadas a establecer las causas, a prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, a fortalecer el plan nacional lanzado a principios de este año, y que, entre diversas iniciativas, se dirige a garantizar un cuidado integral, oportuno y de calidad, a fortalecer y mejorar la red oncológica, a crear un registro nacional del cáncer, y a crear un fondo para financiar prestaciones oncológicas.

Este proyecto tiene 5 puntos: Crea el Fondo Nacional del Cáncer, que se compone de aportes provenientes de la Ley de Presupuestos; la cooperación internacional; donaciones, herencias o legados y recursos del Fondo de Desarrollo Regional, y pueden ser adjudicados mediante concurso público convocado por la Subsecretaría de Salud Pública de forma semestral. Considera una política de formación de especialistas para el tratamiento del cáncer, tanto médicos y otros profesionales de la salud como investigadores. Crea la Red Oncológica Nacional, que constará de centros especializados que serán parte de la Red Asistencial de Salud. Crea Registro Nacional de pacientes con cáncer, quedando como una enfermedad de notificación obligatoria. Y finalmente crea la Comisión Nacional del Cáncer, que deberá asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas, en la investigación científica, implementación de estrategias y las demás acciones que se promueven en esta Ley.

Así, el Estado se compromete en cuerpo y alma con los pacientes del cáncer y también con sus familias. Chile va a realizar un enorme esfuerzo de formación de especialistas para el tratamiento del cáncer y de investigadores, y también de organización, de logística, y de recursos. En Atacama, tendremos un centro oncológico, y antes de ello comenzará a funcionar - durante el último trimestre de este año - la unidad de quimioterapia ambulatoria en el Hospital regional, que permitirá que aquellos pacientes que requieran el tratamiento de tumores sólidos, puedan recibirlo en Copiapó, sin tener que viajar a otras regiones.