El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se abrió a la posibilidad de que afiliados al sistema de pensiones que están trabajando puedan retirar el 10% de sus fondos dadas las dificultades económicas que están viviendo por la crisis.

Sostuvo que hay "millones de chilenos de clase media que han visto afectados sus ingresos por la pandemia y que no califican en la ayuda social que está entregando el Gobierno", como el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos Fogape y otros instrumentos.

"Esa gente está desesperada y necesita una solución", enfatizó el diputado, quien afirmó que por ahora no ve otra alternativa que esta: "Que estas personas puedan retirar el 10% de los fondos para sus pensiones". Si bien admitió que ello "va a afectar sus jubilaciones", dijo que "el reloj corre y la gente se desespera cada día más".

En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el diputado DC Matías Walker, puso en tabla el proyecto de la bancada Frente Regionalista Verde Social que permite el retiro de hasta 150 UF de los fondos de pensiones, los cuales serían devueltos por el Estado al momento de jubilar, a través de un bono.

Otro proyecto es el que busca derogar el DFL 3.500, que crea las AFP y que fue presentado por senadores opositores a fines de abril. Ayer, Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, lo criticó: "Los trabajadores perderían sus ahorros de años de trabajo, los cuales pasarían a ser del Estado. Esto es como haber trabajado toda la vida para tener una casa propia, y que finalmente te sea arrebatada".

La consultora Ciedess, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, dio cuenta del rendimiento de los multifondos. Tuvieron positivos en lo que va de junio (hasta el día 22) por el levantamiento de las cuarentenas y el avance en la reapertura de las principales economías del mundo. Los fondos más riesgosos, A y B, ganaron 5,75% y 4,57%, respectivamente; el C varió 3,22%, el D ganó 1,84% y el E, un 0,54%.

El ministerio de Transportes y Telecomunicaciones modificó el actual calendario para la renovación de revisiones técnicas y de verificación de emisiones de contaminantes de los vehículos particulares con patentes terminadas entre los dígitos 1 y 8.

La medida se hizo mediante la modificación de un decreto, el cual ya está en la Contraloría para su toma de razón.

"Anualmente se realizan alrededor de 4 millones y medio de revisiones clase B a lo largo del país, divididas mensualmente en un dígito. Producto de la situación sanitaria, como ministerio decidimos realizar un nuevo calendario para que las personas hagan este trámite. Nuestra prioridad es que quienes no trabajan en labores esenciales o que no deben hacer trámites impostergables, se queden en sus casas. Por este motivo, entregamos esta nueva prórroga en que el calendario comienza a regir desde septiembre, y así evitamos mayores aglomeraciones durante la pandemia", explicó la ministra Gloria Hutt.

El documento cambia un decreto de marzo pasado que aplazaba la realización de revisiones técnicas para los vehículos con Placa Patente Única finalizada en los dígitos 1 y 2, es decir, quienes debían hacer el trámite en abril y mayo. A esos vehículos se les dio un nuevo plazo para junio y julio, respectivamente. No obstante, debido a la prolongación de la pandemia y las cuarentenas, la cartera resolvió entregar una nueva prórroga en la vigencia de los certificados. Así, los dígitos 1 y 2 deben realizar el trámite en septiembre. Los con patente finalizada en 3 o 4 deben renovar su certificado en octubre. Para los que acaban en 5 o 6, se debe hacer el trámite en noviembre, y los terminados en 7 u 8 tendrán plazo hasta diciembre. Quienes tienen vehículos con Placa Patente Única finalizada en 9 o 0, tendrán el mismo mes para hacer su revisión: enero y febrero próximos, respectivamente.

Redacción

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, llamó a respetar "integralmente" la Carta Magna, sobre todo en tiempos de "encrucijadas" como los actuales. La titular del organismo leyó la declaración denominada "Respeto integral a la Constitución".

Esto en medio de la tensión que hay entre el Gobierno y sectores del Congreso debido a los reparos que ha planteado el Ejecutivo ante la eventual inadmisibilidad de mociones presentadas por legisladores. Hace unos días, el presidente Sebastián Piñera anunció la convocatoria a un grupo de excongresistas, académicos y expertos para perfeccionar criterios que determinan si un proyecto es admisible o no. La idea del Mandatario fue rechazada por los líderes de las dos cámaras del Legislativo.

Base de la democracia

Brahm leyó la declaración de seis puntos. "Creemos necesario salir de nuestro habitual silencio institucional y dejar de ser leídos a través de nuestras sentencias. Son momentos en que es necesario decir algo sobre la Constitución que nos rige y respecto de la cual se nos ha encomendado su control", expuso.

"La Constitución, reflejada en su texto y sus 47 leyes de reforma constitucional, desde la Ley N° 18.825 de 1989 hasta la Ley N° 21.237 del mes pasado, han sido la base para el desarrollo de nuestro Estado democrático", sostuvo la titular del organismo. A su juicio, dicho proceso "representa la vía institucional con la cual se hace frente a los desafíos que el país va teniendo en cada ciclo de su historia".

Planteó que "las Constituciones deben ser más fuertes cuando más se las necesita. En tiempos de normalidad los dilemas constitucionales son menos importantes, pero en las encrucijadas, los textos fundamentales sirven para guiar y prevenir los conflictos sentando las bases de su solución".

Por ello, se razona en la declaración, "hoy en la Constitución están las reglas que permiten guiar el futuro. Si se debilitan, no se respetan o se declaran muertas, dicho futuro se ensombrece. Este es el momento en que debe regir más que nunca el orden constitucional que nos hemos dado".

"Respetar la Constitución no es solo función de un tribunal. Es obra colectiva de convivencia sobre la cual construimos un Chile mejor. Por eso aspiramos a una obligación sencilla: respetemos integralmente la Constitución. A eso convocamos a todos los poderes del Estado y a todos los habitantes de nuestro país", finalizó diciendo María Luisa Brahm.

Según La Tercera online, algunos ministros del TC estimaron en privado que la declaración excedía el rol del tribunal y era inconveniente.

El Servicio Electoral (Servel) hizo publicó ayer los decretos que establecen los límites de los gastos electorales para las próximas elecciones primarias, municipal y de gobernadores regionales, y -eventualmente- de convencionales constituyentes. Esta última se hará si en el plebiscito de octubre gana la opción Apruebo a una nueva Constitución.

Las primarias están contempladas para el 29 de noviembre de este año y los comicios regionales y municipales están fijados para el 11 de abril de 2021.

El Servel indicó que a la elección de los miembros de la Convención Constituyente "serían aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados". De esta forma, "los candidatos al órgano a cargo de la redacción de una nueva Constitución no podrían exceder la suma de 700 UF (algo más de 20 millones de pesos), más aquella que resulte de multiplicar por quince milésimos de UF el número de electores en el respectivo distrito".

Entre los máximos gastos permitidos, están los de los candidatos a gobernador de la Región Metropolitana, con casi $1.800 millones por postulante, y los de los candidatos a alcalde de Puente Alto ($344 millones) y Maipú ($336 millones).