Al comienzo de la crisis sanitaria, expertos decían que el coronavirus quizás no vaya a matar a las personas, pero sí provocarles otros efectos adversos propios de una crisis sanitaria, como es quedar sin trabajo. Con el paso de los días se han sumado aquellos que sufren los efectos secundarios del confinamiento... mientras otros irresponsables se pasean por las calles sin necesidad, en toque de queda o bien piden hacer u organizar reuniones cuando la clave de esta pandemia es el distanciamiento social.

Duele Chile, duele Atacama, duele el mundo, duele la confusión de las autoridades que llegaron al punto de un cambio de ministro de Salud y duele los que instrumentalizan todo esto.

Fallecidos, desempleados y afectados suman y suman, convirtiendo a personas en parte de un registro que no quisiéramos y que nos ponen en medio de una tormenta que está lejos de acabar. Navegamos mojados por una lluvia de hechos lamentables y por lágrimas, ya sea por los muertos, los hospitalizados, por quienes perdieron su trabajo, por quienes no pueden ver a sus familiares en otras ciudades, por no tener agua, por miles de cosas.

No hay una salida pronta, eso debemos tenerlos claro. Poner plazo de término a esta pesadilla no es aconsejable hasta que las condiciones y especialmente, cuando haya una vacuna, lo permitan.

Por mientras, la región y el país no pueden quedarse mirando cómo esta tormenta nos corroe hasta el alma. Quedar remar, remar y seguir remando, sacando fuerzas desde lo más profundo porque siempre hay un puerto al que recalar ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

Y mientras esperamos llegar a ese puerto, ayudemos a los nuestros, a los otros y a los que no conocemos. Es duro todo esto y solo queda ser más solidarios y agotar los esfuerzos para remediar en parte todo lo que ha pasado.

Sin duda que no volveremos a ser los mismos y habrá millones de afectados, pero hay que tener esperanza que en algún momento llegaremos a buen puerto, que nos proteja y nos brinde un estado más armonioso. Luchemos por aquello.

Vivimos días aciagos. Las cuarentenas no muestran aun los resultados esperados de disminuir la propagación del virus y las políticas públicas no reducen drásticamente la movilidad en las comunas más impactadas. Son malas noticias en lo sanitario, unido a los efectos devastadores en la economía y el aumento del desempleo, configurando así el escenario social más adverso que hemos vivido en los últimos años. Es un fenómeno mundial, bien lo sabemos a diario, pero no por eso menos complejo y preocupante.

Se ha llegado a la convicción de que saldremos más pobres y, muy probablemente, más divididos de esta crisis. Si bien existe claridad en la necesidad de generar acuerdos en materia sanitaria, económica y social para enfrentar la contingencia parece que arribar a estos, demanda más dialogo y más tiempo de lo razonable. En tanto, el país espera, escuchando a quienes pregonan la desconfianza en las Instituciones como un mantra que justifica el actuar irresponsable de algunos.

En un estudio hecho por Santo Tomás en Copiapó se reveló que para un 62% de los/as entrevistados/as, la principal razón por las que han aumentado los contagios en Atacama es mayoritariamente producto de la responsabilidad de las personas. Respecto de las medidas sanitarias que debería adoptar el Gobierno, un 76% de la muestra se inclina por las cuarentenas, fundamentalmente las de tipo obligatorio. ¿Que hay en el sustrato de estos datos? Un reconocimiento de la importancia del comportamiento individual y colectivo para mitigar el número de contagios, pero a la vez la lamentable convicción de que debe ser la mano de la autoridad la que debería obligar a los ciudadanos a cumplir lo que los expertos y la evidencia mundial demuestran que es la medida más efectiva: el distanciamiento físico y social. En este mismo estudio, las personas participantes muestran percibir negativamente el futuro, con un 64% que señaló que Atacama estará peor después de esta crisis y con un abrumador 95% de la muestra que cree que el aumento de la cesantía será el principal problema que deberemos enfrentar.

¿En este marco que podemos hacer? Hace muchos años leí una entrevista al Ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en la que este decía "No se humilla quien pide por Chile.

Es la hora de pedir que todos estemos a la altura de estas circunstancias, A las Instituciones, al gobierno, a la oposición, a las empresas y a la sociedad civil. A todos y cada uno de quienes somos parte de esta nación más allá de nuestras adscripciones y creencias.

Según la ENUSC, la región de Atacama tuvo una considerable baja en los delitos de mayor connotación social en el año 2019, y es una buena noticia. Fueron más de 5 mil los hogares que dejaron de ser víctima de un delito. Y eso es gracias al trabajo incansable de Carabineros, la Policía de Investigaciones, y la acción del Gobierno del Presidente Piñera.

Sabemos que falta mucho por hacer. Lamentablemente, el alto consumo de drogas está afectando a muchos niños y jóvenes y, además, ese consumo está comenzando a más temprana edad. Sabemos que la droga causa sufrimiento al que la consume, a su familia, y a su entorno, porque destruye nuestra capacidad de pensar, de sentir, y nos convierte en esclavos. De hecho, muchos de los delitos se cometen bajo los efectos de la droga o para obtener recursos para adquirir drogas, y el delito en torno a ella generalmente es organizado. Por su parte, la violencia del crimen organizado ha ido en aumento, lo que puede deberse al cierre de fronteras, y la disminución de la movilidad que dificulta el abastecimiento y accionar de bandas de narcotraficantes.

Por eso, el Presidente Piñera anunció el ingreso de un proyecto de ley que modificará la Ley 20.000 (Drogas), para fortalecer la persecución, y así aplicar todo el rigor en contra de quienes conforman organizaciones dedicadas al narcotráfico, poniendo especial acento en limitar su capacidad económica. En palabras simples, queremos atacar su economía y poner sus recursos y bienes a disposición de las policías que combaten el narcotráfico o en beneficio de la comunidad.

Entre las principales modificaciones está posibilitar, en casos calificados, la enajenación temprana de los bienes incautados, sin esperar el fin del proceso penal como condición para iniciar los trámites; y que los bienes incautados puedan ser destinados a las unidades policiales que combatan el narcotráfico, de manera de optimizar sus capacidades.

Además, dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero, sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, se incluirá a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados. A los condenados por tráfico los obliga a restituir los beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se sancionará tanto el hecho de suministrar drogas a terceros sin su consentimiento, como el delito cometido a consecuencia de esta administración de sustancias prohibidas.

Tenemos la certeza de que los padres van a ser nuestros mejores aliados en esta causa de combatir la droga y proteger mejor a nuestros niños y jóvenes, y también que la unidad convertirá este proyecto de ley en una realidad para que podamos aplicar cuanto antes mano dura contra la droga.