Sustituyen prisión preventiva de adulto mayor y una mujer con hija lactante
PANDEMIA. Esto luego de que la Defensoría presentara solicitudes para modificar la medida cautelar de imputados en grupo de riesgo. Ambos quedaron con arresto domiciliario.
Hace unas semanas este medio dio a conocer que la Defensoría Penal Pública (DPP) de Atacama presentó 10 solicitudes para audiencia de revisión de medidas cautelares, con el objetivo de modificar la prisión preventiva de imputados que se encuentran en el grupo de riesgo, debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Ahora se informó que dos de ellos quedaron con arresto domiciliario, se trata de un adulto mayor con una situación crónica y una mujer con una hija lactante.
Detalles
Al respecto, la jefa de Estudios de la DPP de Atacama, Violeta Villalobos, informó que los resultados fueron favorables y lograron que se modificara la prisión preventiva de un adulto mayor por arresto domiciliario total, considerando su particular estado de salud, debido a que padece una enfermedad crónica que incluso lo tuvo hospitalizado hace poco tiempo.
Además, lograron que una imputada con una hija lactante, que se encontraba en la cárcel de Copiapó, tras un recurso de apelación interpuesto por su defensor, se sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario.
En los otros ocho casos restantes, que se trata de adultos mayores, "se adelantaron las audiencias de procedimientos abreviados, por lo tanto, actualmente se encuentran condenados cumpliendo la pena en libertad, mediante pena sustitutiva por contar ellos con irreprochable conducta", detalló la jefa de Estudios de la DPP.
En esta línea, Villalobos sostuvo que "los resultados obtenidos con el grupo de riesgo es favorable, y demuestra el compromiso del equipo de defensores en que revisar prontamente las medidas cautelares, antes que se produzca un eventual brote del COVID-19 en las Unidades Penales de Atacama".
Proyecto de indulto conmutativo
Por otra parte, una iniciativa que va en esta misma línea, pero que en este caso considera a personas condenadas por delitos de baja peligrosidad, es el proyecto de Ley de Indulto Conmutativo, el cual ha sido bastante comentado en los últimos días. Con esto se pretende que las personas puedan cumplir sus penas bajo arresto domiciliario, cuando correspondan a población de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años.
Desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, detallaron que este proyecto fue despachado por el Congreso, sin embargo hubo disposiciones que no fueron aprobadas al no alcanzar el quórum. Por ello, el Presidente envió un veto aditivo al Congreso, con el propósito de establecer las consecuencias de cuando una persona incumpla con el arresto domiciliario que se conceda y la disposición que permitía incorporar dos delitos nuevos a los que se excluyen del beneficio: uno relacionado con la Ley de Control de Armas y otro con la Asociación Ilícita en caso de narcotráfico.
El veto, que fue aprobado, además proponía la incorporación de otro delito al catálogo de exclusiones: violencia intrafamiliar. Es importante mencionar que parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), en busca de que en este beneficio se incluyan los presos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.
"La Cámara Alta aprobó la iniciativa y está pendiente el pronunciamiento del TC. Esperamos que la resolución sea favorable, dada la situación que hay en nuestros recintos penitenciarios. Necesitamos que la población de riesgo pueda salir lo antes posible, si cumple los requisitos de esta ley", señaló la seremi de Justicia y DD.HH., Margarita Contreras.
Consultada la Seremi de Justicia sobre cuántos internos de la región podrían ser beneficiados con la medida, indicaron que aún no se tiene el número exacto y se están analizando los casos.
Desde la DPP valoraron de forma positiva este proyecto y al respecto el defensor regional, Raúl Palma, comentó que "es un asunto estrictamente humanitario y así lo han señalado diferentes organismos de DDHH en el mundo y lo han venido reconociendo nuestros tribunales a lo largo del país. Tener muchas personas encerradas en recintos, que en general no cumplen con requisitos de habitabilidad en tiempos normales, se torna de una complejidad superior actualmente con una pandemia que asola a todo el planeta y constituye una preocupación ineludible para el Estado, que tiene bajo su tutela y responsabilidad a esas personas confinadas".
En relación a si a su juicio esta medida debería abordar a condenados por todo tipo de delitos o solo los que se han estipulado en el proyecto, Palma indicó que "este primer paso va en la línea correcta", agregando que "esperamos que la discusión no se complique con otro tipo de consideraciones por legítimas que sean, y se cumpla el objetivo netamente humanitario y urgente del proyecto de ley".
10 solicitudes para audiencia de revisión de medidas cautelares presentó la Defensoría.