Con 90 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de Protección al Empleo que impulsó el Gobierno como parte de las medidas para amortiguar las consecuencias económicas del coronavirus.

El proyecto, respaldado previamente en el Senado, se convertirá en ley esta tarde, cuando sea promulgada por el presidente Sebastián Piñera.

La propuesta fue despachada sobre la base de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta, que buscó superar las diferencias entre ambas corporaciones tras eliminarse en la Cámara artículos claves.

El acuerdo permitió un aumento en el número de trabajadores con cobertura, aunque manteniendo su perfil para quienes tengan la calidad de trabajadores dependientes o de casa particular que coticen en el seguro de cesantía, indicó la Cámara.

Además, entrega mayores facultades a la Dirección del Trabajo para la fiscalización e incorpora un registro público para el control social de las empresas que harán uso de este sistema.

Adicionalmente, el Ejecutivo refrendó su compromiso para hacerse cargo de los trabajadores no contemplados en esta ley, como son los independientes.

El acuerdo define que, frente a un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del covid-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que cumplan con las condiciones establecidas, excepcionalmente tendrán derecho al uso de esta prestación.

Para hacer efectivo este trámite, se definen en el proyecto los requisitos, condicionantes, limitantes, prevenciones y procedimientos a seguir, tanto por la autoridad competente, los empleadores y los trabajadores afectos a este sistema.

Entre las múltiples especificaciones que se señalan, se indica que, para el financiamiento de las prestaciones mencionadas, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la remuneración, en caso de los contratos indefinidos, o de un 2,8%, en los contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada; y del trabajador, de un 0,6%, en los porcentajes y meses que se fijan en la Ley que establece un seguro de desempleo (Ley 19.728).

Cuando los recursos mencionados fuesen insuficientes, los aportes se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en los porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes a que alude la citada ley y para lo cual se entregan tablas para fijar los valores inferiores a considerar en cada mes de aplicación.

En medio de la crisis sanitaria que vive el país por el covid-19, siete de las nueve isapres que existen en Chile informaron que aplicarán un alza de precios como parte del futuro proceso de adecuación de contratos para el periodo 2020-2021.

La determinación se traduce en que las aseguradoras subirán, en promedio, 4,5% el valor de sus planes, incremento que se hará efectivo en julio cuando comience a regir la adecuación de contratos. Se estima que serían más de tres millones de afiliados los afectados.

Según la Superintendencia de Salud, las isapres que elevarán sus precios serán Banmédica (4,9%); Vida Tres (4,9%); Colmena (4,9% en promedio); Nueva Masvida (4,7%); Cruz Blanca (4%). y la aseguradora cerrada Isalud (3% en promedio).

El superintendente Patricio Fernández comentó que durante varios días la cartera dialogó con las aseguradoras solicitando que analicen fórmulas para flexibilizar o frenar el incremento, pero no se llegó a acuerdo. "Hicimos los esfuerzos", aseguró.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tildó de " muy inoportuna" la decisión, e instó al Senado a aprobar un proyecto que está en tramitación y que busca atenuar estos reajustes.

Pese a no haber acuerdo, hasta ayer al menos cuatro isapres presentaron ante el fiscalizador propuestas para facilitar la carga de sus afiliados, con propuestas que van desde la postergación o el no cobro del aumento en los primeros meses, hasta la extensión de la vigencia del contrato sin prima a los beneficiarios desempleados. Todas deberán ser analizadas por la Superintendencia.

De acuerdo a las proyecciones, en la práctica las alzas se traducirían en que a un afiliado promedio de 30 años le aumentaría el plan cerca de $2.562 si es hombre, y de $6.406 si es mujer; mientras que a un beneficiario promedio de 75 años le subiría unos $11.530 si es hombre, y $10.249 si es mujer.

Los nuevos precios comienzan a regir en julio y se aplicarán a cada contrato en el mes de su anualidad.