Paralizados, así están los estudios y proyectos que desarrolla la Corporación para la Competividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA), mientras que más de diez personas fueron desvinculadas del organismo público-privado, debido a que no se les ha transferido recursos económicos por acciones judiciales que ha enfrentado por el llamado "Plan Maestro de Chañaral", elaborado por una consultora.

La trama comienza en marzo de 2015, cuando el aluvión azotó fuertemente Chañaral. Solo un tiempo después Vial Consultores llegó a la comuna con la idea. Públicamente no se conoce si las primeras conversaciones para realizar el "Plan Maestro de Chañaral" se plantearon a la municipalidad o a la Intendencia Regional. Lo que sí está claro es que el exintendente Miguel Vargas y el entonces alcalde Héctor Volta dieron a conocer a los vecinos la iniciativa, a pesar que no había contrato ni licitación y tampoco se sabía su costo económico.

La nota periodística que aparece en la página web del Gobierno Regional señalaba el 5 de agosto de 2015 que "encabezada por el intendente de Atacama, Miguel Vargas, se realizó la ceremonia que dio inicio al "Plan Maestro Chañaral". Este programa tiene como eje principal, la participación de la comunidad en la elaboración de una carpeta de proyectos en vías de construir una mejor comuna". En la entrevista la autoridad expresó que "todo es mejor cuando hay participación. Aquí tenemos que plasmar los proyectos que la comuna requiere".

Héctor Volta, se sumó al impulso por la iniciativa. "El 25M marcó un antes y un después de Chañaral, tenemos que planificar el futuro y la mejor manera en que hemos pensado es a través de un plan maestro que reúna todos los proyectos tangibles y no tangibles", dijo en ese entonces.

Proyecto

Sin embargo, en ese momento no había contrato con Vial Consultores, lo que quedó de manifiesto en la primera sesión del Consejo Regional (CORE) del año 2016. El consejero regional Fernando Ghiglino según el acta, señaló que "legalmente no se pueden aprobar recursos para un proyecto que ya fue ejecutado, que nunca fue licitado".

Por ello, se acordó en el Consejo Regional número 2 de 2016, "aprobar que el Plan Maestro de Chañaral lo resuelva directamente el Ejecutivo con la CCIRA, puesto que ésta tiene los mecanismos legales para resolver el tema en cuestión".

Según la información entregada por el Gobierno a través de la Ley de Transparencia, el financiamiento del Plan Maestro de Chañaral "fue solicitado por el intendente de la época a la CCIRA, autorizándose por esta, el compromiso financiero, hasta la suma de $250 millones y la diferencia de $200 millones sería canalizada por otras vías de financiamiento". Montos que debían ser cancelados a la mencionada consultora.

Al no haber un contrato, pero sí un acuerdo verbal, a inicios de 2016 la empresa Vial Consultores emitió tres facturas a la CCIRA por un total de $250 millones. Luego, la entidad público privada efectuó un contrato con ellos y pagó los fondos comprometidos. Sin embargo, Vial Consultores no anuló las facturas e interpuso una acción judicial civil.

En el juicio de primera instancia el tribunal consideró que el título (factura) no tenía fuerza ejecutiva y, además, acogió una excepción legal (nulidad de la obligación) lo que se traduce en que no correspondía a la CCIRA pagar por dichos servicios.

Esto, sin embargo, se revirtió en la Corte de Apelaciones de Copiapó, tribunal que declaró que las excepciones señaladas debían rechazarse -a diferencia de lo resuelto en la primera instancia- y que se debía seguir con el juicio ejecutivo hasta "el entero y cumplido pago de lo adeudado". La parte ejecutada -la CCIRA- recurrió a la Corte Suprema, instancia que no dio lugar al recurso de casación, declarándolo inadmisible. Esto, en términos concretos, significa que el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó sigue a firme.

Como resultado de ello, no se le podrían transferir recursos a la CCIRA, ya que podrían ser embargados. Así se despidieron profesionales y según Ghiglino, los proyectos gubernamentales están paralizados a la fecha, entre ellos la Estrategia Regional para el Desarrollo de Atacama (ERDA).

No hubo contrato

Ghiglino ratificó sobre el plan que "cuando empezó a hacerse esto no hubo contrato". Solo después el CORE se enteró del costo, que fue cuestionado ya que según Ghiglino, "nunca he visto un estudio que cueste esa plata. A nosotros nunca nos informaron el valor del estudio como CORE".

Según el consejero, la empresa hizo un plan que "no se ha ocupado, luego vino la Presidenta Bachelet que dijo que iban a hacer un plan de reconstrucción totalmente distinto al que planteaba el famoso estudio". Tras la elaboración del estudio, nadie se hizo cargo del pago y "nadie respondía, el ejecutivo del gobierno dijo que iba a responder por la mitad y ahí involucra a CCIRA, porque la CCIRA nunca tuvo que ver con el estudio y hacen un contrato por $250 millones, el restante supuestamente lo iba a pagar la Municipalidad de Chañaral", dijo Fernando Ghiglino.

Además que "la autoridad tomó la decisión de pagarlo con una plata sobrante que tenía el CCIRA de un estudio (...) La decisión la tomó el directorio de la CCIRA".

Fue así como Ghiglino relató que la empresa le facturó al CCIRA la diferencia por los otros $200 millones, "(facturas) que no fueron devueltas en su oportunidad ni rechazadas, y la empresa (Vial Consultores) inició una acción legal. Antes que asumiera este gobierno embargan de la cuenta de la CCIRA $250 millones. Se perdió en la Corte Suprema", señaló Ghiglino.

Paralización

La paralización de proyectos ocurrió, según Ghiglino, porque la CCIRA "tiene que rendir esos $250 millones, que fue plata embargada, por lo tanto no se le pueden hacer más transferencias hasta que no rinda y justificar porque le sacaron $250 millones de su cuenta".

La situación no culminó ahí, porque en enero llegó una nueva demanda al CCIRA de la misma consultora de $206 millones por multas, intereses y costas. "Con mayor razón no se le pueden hacer transferencias al CCIRA y tiene que tomar una decisión dramática de paralizar todo funcionamiento porque no tiene plata para seguir pagando ni los arriendos, ni sueldos, ni los estudios", sentenció Ghiglino.

Esta paralización de los proyectos tiene un plazo al menos de 90 días o hasta que puedan recibir recursos económicos, según fuentes internas de la CCIRA.

RESPONSABilidades

En una acción judicial interpuesta por Vial Consultores donde solicitan una indemnización, se indica que "a petición del alcalde Chañaral e intendente de la región de Atacama Miguel Vargas, Vial Consultores Asociados Limitada se hace cargo de la elaboración de un Plan Maestro de Reconstrucción para Chañaral".

Es así como la empresa remitió una "Carta de Recepción de Proyecto" a la más alta autoridad regional y presidente del directorio de la época", indicó la acción judicial.

Según el documento, en abril de 2015 se inició la labor de asesoría lo que "fue aprobado por el alcalde de Chañaral y el intendente Miguel Vargas".

Respecto del caso, el ex intendente Miguel Vargas, señaló que la consultora "llega a Chañaral post aluvión y se ponen en contacto con los equipos de la municipalidad y con posterioridad el alcalde con el equipo de la consultora solicitan a la corporación (CCIRA) apoyo para el trabajo que desarrollaban en la provincia".

"El costo asociado del plan eran $500 millones, seguro habían iniciado unos trabajos. El directorio (de la CCIRA), escuchó, analizó y comprometió $250 millones y lo que se nos dijo es que ellos mismos iban a gestionar los recursos con empresas privadas".

Sobre las facturas, la corporación las recibió, pero se negó a pagarlas. Luego que se formalizó el contrato, se acordó con ellos el pago por $250 millones, y por esto, según Vargas, lo que correspondía es que la empresa anulara esas facturas. "La consultora demandó por esas facturas, actuando de mala fe. Nos negamos a pagarlas porque no había contrato y nos presentaron la demanda (...) El juicio de primera instancia fue favorable (para la CCIRA), después cambió el gobierno y la consultora apeló en la Corte de Apelaciones y después en la Corte Suprema, lo que es impresentable porque se pierde por un tema de forma, mal presentado. Hubo desprolijidad jurídica".

Los informes fueron validados por la División Planificación y Desarrollo Regional (Diplade),los que fueron la contraparte técnica. "La corporación financia estudios, no obras, los estudios están a disposición de las autoridades locales.Es decisión de cada autoridad si los ocupa o no. La validez de los estudios tendrá que darla la autoridad que quiera ocuparlos, hay información valiosa".

Respecto al conocimiento de las autoridades sobre el "Plan Maestro de Chañaral", dice que "el plan fue bien difundido en los medios de comunicación. Nadie puede decir que no conocía el Plan Maestro. Fue presentado por la consultora, por el alcalde ante el CORE, parlamentarios. En el lanzamiento del plan fueron los dirigentes sociales, nadie puede decir que desconocía los alcances de este trabajo, obviamente en un contexto de emergencia, donde había que actuar con cierta rapidez".

Fernando Ghiglino apuntó sus dardos no solo a la consultora, sino también al ex intendente y el exalcalde de la comuna de Chañaral, ya que "no se pueden hacer estudios sin saber los valores. Es aprovecharse de la desgracia de un pueblo que sufrió el tremendo embate de la naturaleza, y llega este grupo de gente que no se por qué vía llegó, ofreciendo este estudio y se le pagó más de lo que costaba. El único dañado es el pueblo de Chañaral".

En representación de los chañaralinos, el alcalde Raúl Salas señaló sobre el plan que "nos sentimos absolutamente estafados y vulnerados por todo lo que ha envuelto la realización de este Plan Maestro, debido a que nunca fue solicitado de manera formal por el municipio, y se trató, más que cualquier otra cosa, de una maniobra política llevada adelante por el alcalde e intendente de turno, junto a la empresa Vial. Es de un enorme descriterio pensar en que este municipio era capaz de pagar $500 millones por un plan que ni siquiera iba en la misma línea del plan de gobierno; incluso, dos funcionarios municipales se negaron a firmar este informe, lo que habla de la inviabilidad de este".

Consultora

Por su parte, Vial Consultores informó sobre el proyecto de "Plan Maestro de Chañaral" que "tras él aluvión que asoló a Chañaral en 2015, la Intendencia de Atacama contrató a Vial Consultores a través del Ccira para levantar un Plan Maestro de reconstrucción de la comuna.Algunos aspectos vinculados a la relación entre el mandante y la consultora se están resolviendo en los Tribunales de Justicia, por lo que no nos parece prudente referirnos".

Intendencia regional

Desde la Intendencia Regional se informó que la CCIRA "ya había pagado lo que decía el contrato (con Vial Consultores), pero los tribunales indicaron que se le adeudaba el monto indicado en las facturas por $250 millones más intereses y costas. Hoy se está buscando el mecanismo de financiamiento de esa deuda impuesta por el tribunal que no estaba contemplada en los libros".