Un 11% de las denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) en Atacama, terminan en una sentencia definitiva condenatoria, lo que puede ser considerada como una cifra roja y que muestra la transgresión de los derechos de miles de mujeres que viven realidades denigrantes. A pesar de los avances en materia de género, las VIF son quizás uno de los grandes desafíos que tardará más en ser desterrado, dado que los cambios corren el peligro de quedar estancados, esto por la multiplicidad de factores a corregir.

Si bien en los últimos años se ha incrementado la ayuda y se ha recalcado la importancia de denunciar, en la práctica los procesos siguientes están marcados por la dependencia económica y emocional de modelos patriarcales, donde el varón es proveedor y la mujer termina encuadrada en labores propias de la casa.

Junto a esto, en muchos casos, las agredidas terminan siendo injustamente apuntadas con el dedo por el simple hecho de denunciar un ataque inaceptable, transformándose prácticamente en "responsables" de un tema en que el agresor es el culpable.

Por otra parte, aún cuando en el Congreso puedan sacar leyes en un santiamén que den penas denominadas como ejemplificadoras, las complicaciones tienen que ver con la cercanía entre imputado y agredida.

Ciertamente no es lo mismo seguir con un proceso judicial a un desconocido que a un conocido. La mencionada dependencia puede tener una escala tal, que para muchas mujeres es mejor desistir, pero aún si es que alguna agredida tenga la convicción de realizar una acusación, en su entorno puede crecer una presión tal, al punto que para evitar un "conflicto mayor" toma la decisión de no denunciar.

Por otra parte, la fiabilidad del sistema judicial queda en entredicho con los casos de quebrantamiento de medidas cautelares de los agresores, que no solamente acechan a las víctimas, sino que las vuelven a agredir e incluso se han conocido casos de crímenes.

Los esfuerzos por mejorar la legislación, los constantes llamados que las mujeres denuncien la Violencia Intrafamiliar y la activación de redes de apoyo para que se sientan protegidas, pueden terminar siendo inocuos a la constante violencia, ahondando estados de vulnerabilidad que pueden ser de largos años y escondidos a la vista de un país que necesita de otros avances en la materia.

Más de US$ 200 millones son las pérdidas estimadas que vivió la industria gastronómica, tras la crisis social ocurrida en octubre del año pasado. Impactantes cifras que ponen a la palestra la necesidad de apoyar y resguardar este importante mercado, y una de las más solicitados es el control de los negocios alimenticio no oficiales ni regulados que han generado importantes problemas, ya que su aumento a nivel nacional se proyecta en crecientes ventas sin control tributario.

Pero ¿Cuáles son las reales consecuencias de este tipo de mercados clandestinos? Estos pequeños mercaditos se han expandido por todo Chile y no solo acarrea problemas de salubridad, desperdicios de basura y olores, sino también van en desmedro de personas que son dueños de espacios gastronómicos regulados que han invertido en lugares que cumplen con las normativas que impone el seremi de salud, frente a espacios de comidas que ni siquiera apoyan el crecimiento económico del país, ya que arman un puesto de local con carros de supermercados y un quitasol. La comuna de Santiago es una de las más afectadas y han decomisado más de 10000 de estos carros en las calles.

El problema no solo lo tienen quienes ofertan estos alimentos, sino también los chilenos y extranjeros que son consumidores de comida callejera. Según el estudio publicado el año 2018, un 44,5% de los consultados admitieron consumir alimentos en la calle los últimos tres meses, números que demuestran que la demanda tiene gran responsabilidad en los hechos, ya que no solo se trata de sabor sino también de fácil disponibilidad.

Es necesario que las personas y el Estado, logre un equilibrio económico rápido que permita que las personas puedan volver a visitar los restaurantes, bares y cafés, ya que los procesos hegemónicos deben lograrse para generar un equilibrio para todas las partes, sin ir en desmedro de quienes generan trabajo y que apoyan el crecimiento del país.

Rodrigo Aljaro

Gerente general Grupo Gourmet

10 años | 26 de febrero de 2010

Expectación por situación laboral en intendencia

Mientras en Santiago se mantienen las

negociaciones entre Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para la designación de los nuevos intendentes y gobernadores que debe nombrar el Presidente electo Sebastián Piñera, en Atacama los funcionarios públicos reconocen una sensación de incertidumbre.

8 años | 26 de febrero de 2012

Colectiveros anuncian paralización en marzo

Los choferes de colectivos endurecen su posición con el gobierno, ante la falta de respuesta a sus demandas y anuncian que realizarán un ampliado regional el miércoles con sus bases para determinar la fecha de la paralización que podría ser indefinida.

Es por la modificación de la resolución 680.

5 años | 26 de febrero de 2014

En marcha la nueva Central Hidroeléctrica Río Huasco

La central Hidroeléctrica Río Huasco, ubicada en el embalse Santa Juana es uno de los grandes pasos que ha dado

en el último año el Fondo ProAgua de la Junta de Vigilancia del río Huasco, en el valle del mismo nombre. Ha significado un paso vital para la diversificación energética de la Tercera Región.