Acusaciones e interpelaciones
Estas herramientas están siendo usadas con un fin cuestionable: desestabilizar al gobierno de turno, no importando el mérito o pertinencia de lo imputado. Ocho de cada diez chilenos espera consensos de los parlamentarios (los mismos que tienen un respaldo del 3%), aquello debe estar en el centro del análisis de los legisladores y autoridades.
Hace ya varios años, y con lapsos entre medio, dos ministros de Educación fueron acusados constitucionalmente y se les obligó a dejar el cargo: Yasna Provoste, actual senadora y Harald Beyer, actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Con la ventaja que dan los años, queda la misma impresión forjada en aquellos días: se trató de acusaciones que buscaron desestabilizar a los gobiernos (Bachelet I y Piñera I), más que denunciar los presuntos ilícitos o faltas graves cometidos por ambos exsecretarios.
Considerando estos casos y lo apreciado desde el 18 de octubre, queda la convicción de que la práctica de acusar -contemplada en nuestro ordenamiento jurídico- ha sido usada más bien con tales fines de corto plazo; igual que lo ocurrido con las interpelaciones. La mayoría busca solo provocar daño a quien esté gobernando y cuando las cosas son así, no importa si los fundamentos de lo acusado tienen solidez.
Debe recordarse que hemos tenido un verdadero desfile de interpelaciones en las últimas semanas, incluyendo a Ignacio Briones, ministro de Hacienda y María José Zaldívar, ministra del Trabajo, quienes llevaban apenas días en el cargo.
Como se sabe, el Senado rechazó el martes, con 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, luego de que la Cámara la aprobara por una estrecha diferencia.
Dos parlamentarios de la DC -Jorge Pizarro y Carolina Goic- se abstuvieron con el argumento de que la acusación "es netamente política" y que "ha sido evidente la debilidad de las pruebas que se han entregado". El senador del Partido Socialista Carlos Montes, también se refirió a que dicha acusación "no daba el ancho" para ver el problema "de fondo" del país.
¿Cuál es el objetivo, entonces?
Seguramente el descrito más arriba: ganar pequeñas pugnas ante el adversario político, pero abriendo peligrosos espacios de deterioro en la convivencia y las formas republicanas.
Ocho de cada diez chilenos espera consensos de los parlamentarios (los mismos que tienen un respaldo del 3%), aquello debe estar en el centro del análisis.