Corte Suprema pide a EE.UU. extradición de Fernández Larios
DD.HH. El ex oficial del Ejército está procesado por 15 homicidios calificados.
La Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la extradición del ex oficial del Ejército, Armando Fernández Larios, requerido por el ministro en visita Mario Carroza en el proceso por 15 homicidios calificados perpetrados el 16 de octubre de 1973 en La Serena, en el episodio conocido como "Caravana de la Muerte".
La Segunda Sala del máximo tribunal declaró en una decisión unánime que era procedente pedir la extradición de Fernández Larios, quien fue sometido a proceso el 7 de julio de 2016 en calidad de autor.
En esa misma fecha el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue procesado y detenido en calidad de cómplice del mismo episodio, quien fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de $1 millón.
Tratado de colaboración
La Corte Suprema estableció que la solicitud de extradición cumple con los requisitos que estipula un tratado firmado por Chile y Estados Unidos en el año 1900.
"En el caso de los delitos de homicidio calificado cometido en las personas de Oscar Gastón Aedo Barrera y otros, todas las exigencias (...) aparecen debidamente cumplidas", dice el fallo.
El documento, asimismo, detalla que el procesado reside en Estados Unidos "según se consigna en la comunicación despachada desde la Oficina Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile".
Fernández Larios se encuentra en ese país bajo el régimen de testigo protegido, que se le concedió por haber colaborado en el caso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington.
"El delito de homicidio, comprendiendo el asesinato, se enumera en el artículo II del Tratado. Los múltiples antecedentes consignados por el tribunal instructor permiten tener por establecidas presunciones suficientes para afirmar que al requerido le cupo participación culpable en los hechos investigados en la causa, los cuales se perpetraron en la ciudad de La Serena (…) la acción penal no está prescrita como lo consigna el tribunal instructor y el Fiscal Judicial en su informe por tratarse de un delito de lesa humanidad", argumenta el fallo del máximo tribunal.