La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de un menor de 17 años, quien fue identificado por testigos como uno de los participantes en el robo de 28 millones de pesos que afectó a una mujer en Copiapó.

La audiencia en que se conocieron los antecedentes de la investigación fue asumida por el fiscal adjunto Nicolás Zolezzi, quien indicó que el delito se cometió el pasado lunes cuando ambas víctimas, un hombre y una mujer, llegaban a un condominio ubicado en la avenida Copayapu de la capital regional. "En ese instante, debido que la afectada no encontró el control remoto del portón de la dependencia, descendió del vehículo, momento que fue aprovechado por tres personas quienes a través de la intimidación con armas blancas y de fuego procedieron al robo de un bolso con el dinero de la víctima. El cual estaba destinado para el pago de sueldos", dijo Zolezzi.

El fiscal agregó que con las diligencias posteriores ordenadas por la Fiscalía a funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI, se logró dar con un testigo de los hechos, quien pudo reconocer a uno de los imputados involucrados en el robo y del cual se realizó un retrato hablado. De esta manera, a través del protocolo de reconocimiento se identificó a un menor de edad, en contra de quien la Fiscalía gestionó su orden de detención.

Se trata de un menor de 17 años quien fue formalizado por el delito de robo con intimidación, determinando el Tribunal su internación provisoria durante el periodo que se extienda la investigación de este caso.

De la misma manera, el fiscal confirmó que hay un segundo imputado reconocido por lo que ya se está trabajando en su ubicación para proceder a su formalización.

Con la finalidad de evitar delitos de mayor connotación social e incrementar la sensación de seguridad en la ciudadanía, Carabineros realiza a diario más de 70 fiscalizaciones aleatorias, las cuales se abocan a revisar que dicho local cumpla con la legislación vigente en esta materia, entre ellas que no se expenda bebidas alcohólicas a menores de 18 años. También se fiscalizan los lugares de recreación que se encuentra cerca de estos locales y que muchas veces, producto del consumo excesivo de alcohol en sus recurrentes, se transforman en potenciales centros delictivos.

Con un crucifico de madera en su cuello y un pantalón blanco, un joven de 24 años que se identificó como un religioso, fue formalizado por el delito de estafa, ya que le informó a más de 10 familias, que pagando una suma de dinero podían tener una solución habitacional, una ilusión que jamás se hizo realidad.

Según la información preliminar de la PDI, él argumentó que se trataba de un supuesto comité para la vivienda, ya que tenía contactos en el Conservador de Bienes Raíces y Minvu.

Los afectados y afectadas no quieren decir sus nombres, se sienten engañadas ya que nunca pensaron que el joven, quien decía ser un fraile, se apropiaría del dinero. Cuentan que se ganó su confianza con la fe y el poder de convencimiento que tenía. Constantemente estaba vestido con una túnica, en el cuello un crucifijo y un rosario en su mano. Supuestamente formaba parte de la agrupación "Misioneros de la Caridad" y se hacía llamar "Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta".

Tras la entrega de dinero, el joven de 21 años daba un papel el que tenía timbres, los que finalmente lo delataron. Una de las víctimas entregó 568 mil pesos (22 UF) y ese mismo día consultó en el Conservador de Bienes Raíces respecto a si el timbre del documento que decía Conservador de Bienes Raíces, era del organismo. La sorpresa: era falso.

Con la denuncia de falsificación de instrumento público la PDI, en conjunto con la Fiscalía, iniciaron las indagatorias.

Tras el ingreso a la casa del joven, la PDI encontró timbres de servicios públicos como Minvu y el Conservador de Bienes Raíces, los que eran usados luego del pago del dinero.

Con el paso de las horas, varios afectados llegaron a la PDI para efectuar la denuncia por estafa, y según una de las afectadas serían más de 15 personas.

Tras la formalización por estafa, el juez determinó que el joven quedara con arraigo nacional y firma mensual en el Ministerio Público.