El diputado PC y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Lautaro Carmona, criticó ayer lo que calificó de "veto" de parte de un grupo de senadores de la Democracia Cristiana en el debate de la reforma laboral, al supuestamente presionar al Gobierno para que reponga las "adecuaciones necesarias" en las indicaciones que presentó esta semana al proyecto.

Según Carmona, al interior de la Nueva Mayoría "hay un núcleo amplísimo" que apoya "la centralidad original de la reforma laboral".

Sin embargo "un grupo de senadores DC, encabezados por los hermanos (Ignacio y Patricio) Walker y (Andrés) Zaldívar y (Manuel Antonio) Matta" ha ejercido "casi un derecho a veto".

"Frente a eso el Ejecutivo tuvo exageradas concesiones y empezó a construir una redacción con una semántica que al final deja espacios de interpretación, y lo que tenemos que hacer quienes creemos en la necesidad real de una reforma laboral (...) es reguardar que la letra de la ley sea el espíritu de ella y vaya a corregir", afirmó el parlamentario.

Para el diputado comunista, "lo que no puede ocurrir es que no asuman, de cara al sol, quienes han cuestionado el debate que llevó la Cámara de Diputados y la Comisión de Trabajo del Senado. Estos son los cuatro senadores nombrados y ellos tendrán que darle cuenta al país".

De acuerdo a su opinión, el Gobierno debió "poner las cosas en su lugar, (...) evidenciando la posición de estos senadores democratacristianos".

Redacción dudosa

Carmona agregó que "el Gobierno consintió una redacción que no estaba en el origen del debate" y añadió que si las cosas se mantienen como están hasta hoy, "nosotros vamos a votar en contra, entendiendo que la comisión mixta es un recurso legislativo".

El diputado defendió la postura del PC y el PS en la materia, que según él "ha sido absolutamente consecuente con el proyecto original del Gobierno. Es el Gobierno que lo cambió a propósito de estas presiones". Esa posición, agregó, pasa porque las funciones de los trabajadores que no estén en huelga sean aquellas que están en su contrato.

Un grupo de 300 afectados por la estafa piramidal cometida por la firma AC Inversions interpuso ayer la primera querella colectiva, presentación en la que exigen compensaciones e indemnizaciones y dilucidar el paradero de $52 mil millones acreditados que manejaba la empresa.

Las víctimas se reunieron en el ex Congreso con los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC), y con el abogado Mario Zumelzu, quien patrocinó la querella junto a la abogada Carolina Contreras sin costo para los afectados.

"Vamos a presentar la querella por estafa, pero también por lavado de activos. El delito de estafa es un delito base para el delito de lavado de activos, pero también por la infracción a la Ley de Bancos", dijo Zumelzu.

"Lo hacemos porque nos produce una profunda indignación el abuso del cual han sido objeto: hay gente que se endeudó, que vendió bienes, que comprometió los ahorros de una vida para invertir", explicó Zumelzu, militante de la UDI y quien ha participado como querellante en el caso Caval.

Posible comisión

El diputado Silber explicó que a partir de este caso se realizarán "todas aquellas acciones penales, civiles, legales y administrativas y, por cierto, que tengan que ver con cambios a la ley" e incluso la adopción de una comisión investigadora, para indagar la actuación de entidades como el Ejército y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que habría tenido antecedentes previos de la operación de AC Inversions.

"Aquí hubo controles que fallaron y ahí incluso estamos analizando una posible comisión investigadora de la Cámara de Diputados para citar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre la información, si la tenía, por qué no poner en alerta el caso, por qué el Ejército de Chile hizo una investigación paralela y solamente alerta a sus funcionarios", afirmó el parlamentario.

El diputado de la DC criticó la forma de actuar del Ejército en este caso.

"No puede ser que el Ejército opere simplemente en beneficio de sus propios miembros y afiliados, y no use el mismo nivel de protección y cuidado para los demás chilenos", comentó.

"punta del iceberg"

El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso, aseguró ayer a radio Cooperativa que "lo que se conoce al día de hoy es la punta del iceberg".

De acuerdo al profesional, los cerca de 5.000 afectados y más de $ 50 mil millones de perjuicio económico sería solo una estimación inicial.

"Creemos que son muchos más afectados y muchos más los dineros involucrados", dijo Daza.

El jurista añadió que "no se sabe donde está todo el dinero", pero se logró "identificar parte del patrimonio que se obtuvo a partir de los dineros ilícitamente obtenidos por parte de Patricio Santos y las demás personas".

Los inversionistas perjudicados por la presunta estafa concordaron organizarse a través de redes sociales y crear un sitio web para que otros afectados se adhieran a los procedimientos legales.

La formalización

El viernes, los tres imputados en el caso AC Inversions, Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, fueron formalizados en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y quedaron con prisión preventiva, al ser acreditados antecedentes que podrían configurar los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos.

Respecto de la vinculación de personal militar en AC Inversions, Daza agregó que "lo que hizo Santos fue tratar de obtener ese piso para mantener y poner en marcha este esquema fraudulento de personal de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos en servicio activo. Para eso, se hizo asesorar y se acompañó de personas que eran de este mundo".