Con 97 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que establece un sistema estatal de financiamiento de las campañas y los partidos y elimina el aporte de empresas a colectividades.

La iniciativa que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia de Gobierno, ahora debe ser revisada en su segundo trámite constitucional por el Senado.

El proyecto regula los aportes a los candidatos y termina con los aportes reservados y prohibe los aportes de personas jurídicas, además de establecer límites por personas naturales, tanto a campañas como a los partidos políticos.

La iniciativa contempla la publicación de la identidad de los aportantes, en un proceso que se realizará a través del Servicio Electoral (Servel).

El proyecto además rebaja los límites de gasto electoral que podrán realizar los candidatos, regula la rendición de cuentas y establece sanciones ara quienes sobrepasan el límite de gastos permitido. Asimismo castiga a quienes reciban aportes irregulares o los utilicen para otros fines.

Así, se define un piso y un tope para el financiamiento de los partidos, indicando que el aporte nunca podrá ser inferior a la cifra en pesos equivalente a 0.04 UF multiplicado por el 40% del total de personas con derecho a sufragio inscritas en el Padrón Electoral que haya utilizado el Servicio Electoral para la última elección de diputados.

Tampoco podrá superar la cifra en pesos equivalente a 0.04 unidades de fomento multiplicado por el 60% del referido total de personas.

El proyecto además le otorga nuevas atribuciones al Servel, que se complementan con la reforma que entrega autonomía constitucional a la institución y la ley que definirá sus funciones.

La iniciativa establece una nueva fórmula para la distribución del 20% del monto total del fondo, de manera que sea proporcional conforme con el número de regiones en las que estén constituidos los partidos.

La sala del Senado despachó ayer el proyecto que suma nuevas restricciones a la ley de prohibiciones del consumo de tabaco. La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.

La Cámara Alta aprobó así la restricción del consumo de cigarros en las áreas destinadas a la recreación de menores de edad, con lo que se prohibirá fumar en parques, plazas y áreas silvestres. Asimismo, la propuesta establece que en las playas y espacios públicos costeros, solamente se podrá fumar en los lugares que determine la autoridad, espacio que no podrá sobrepasar un cuarto de la superficie total de la playa. La senadora de la DC, Carolina Goic, destacó en declaraciones citadas por Cooperativa que "logramos avances sustantivos, no solo en la cajetilla genérica, que de alguna manera sigue las mejores prácticas en países que han avanzado en materia de prevención, sino también el que en playas o espacios públicos costeros también esté delimitado el espacio donde se pueda fumar". "Esto lo hacemos en parques, en áreas silvestres protegidas y en el parque es muy claro, no queremos que la persona esté fumando al lado del niño que está en el columpio", añadió la parlamentaria. Durante la sesión de ayer además se aprobó en una acalorada votación la prohibición de la venta de juguetes y dulces con forma de cigarro. La tabacalera British American Tobacco amenazó el jueves pasado con cesar sus operaciones en Chile en caso de que se apruebe el proyecto.

El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, no descartó la posibilidad de que el proceso constituyente que se iniciará en septiembre se cierre con un plebiscito. El vocero de La Moneda salió a precisar así las declaraciones que hizo la Presidenta Michelle Bachelet el martes descartando la consulta.

Al ser consultado respecto de los dichos de la Mandataria el martes en una entrevista con radio Universo, el ministro Díaz señaló que "cuando le preguntan como posibilidad de cierre del proceso ella plantea que efectivamente ese es un escenario o alternativa, pero no para arrancar el proceso en septiembre".

Durante la mencionada entrevista, la Presidenta explicó que la participación se daría "a través de cabildos, encuentros ciudadanos, con la organización social que existe".

Al ser consultada específicamente sobre el plebiscito como mecanismo, Bachelet se preguntó: "¿Sobre qué? Uno tiene primero que discutir lo que la gente quiere, los contenidos. Cambiamos la Constitución puede ser, pero para qué, cambiarla de qué, qué parte".

Tras eso, fue consultada sobre si esas consultas podrían derivar en un plebiscito, a lo que la jefa de Estado respondió que "esa parte es posible, estamos mirando que sea un camino constitucional, pero participativo".

Sobre esos dichos, el ministro vocero de Gobierno explicó que "en septiembre, lo que hacemos es iniciar el proceso de debate amplio, con los ciudadanos, con sus organizaciones sociales, por lo tanto nos parece que al comienzo del proceso un plebiscito no es pertinente".

Díaz recordó que los ministros políticos del gabinete ya han comenzado a trabajar en un proceso de diálogo que no sólo incluye a los partidos. "Los ministros del comité político hemos recibido una instrucción de la Presidenta de iniciar un proceso de diálogo no solamente con los partidos políticos, sino que con distintos actores, precisamente para ir determinando el carácter y la naturaleza de este proceso constituyente", destacó el ministro.

El secretario de Estado fue consultado sobre el mecanismo específico a través del cual se recogerá la opinión de a ciudadanía en el proceso constituyente, a lo que respondió que "las características del proceso van a ser comunicadas en su momento por la Presidenta de la República, en la base de los elementos que le proporcionemos los ministros a partir de esta ronda de consultas", sin aclarar cómo se realizará, pero enfatizando que "el mensaje es que este es un ejercicio de un derecho de un pueblo de dictar su constitución", agregó.

Parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron ayer una reforma constitucional que busca establecer en la Carta Magna la renuncia voluntaria al cargo. La Constitución actualmente sólo establece la renuncia por enfermedad grave o por incompatibilidad cuando es nombrado ministro o subsecretario. El diputado DC Juan Morano, que firma junto a otros diputados el proyecto presentado, afirmó que "nos parece oportuno que nuestra Constitución establezca la posibilidad que aquel parlamentario que sienta que tiene que dejar el cargo por las razones que emerjan, pueda hacerlo".

Autoridades, miembros de Renovación Nacional y la UDI, además de gremios de distintos ámbitos y organizaciones, lanzaron ayer la campaña "Juntos contra la Delincuencia", con propuestas que tienen el objetivo de que se tomen medidas urgentes en favor de la seguridad pública. Al lanzamiento del movimiento asistieron los senadores de RN Andrés Allamand y Alberto Espina, el alcalde de Lo Barnechea y los diputados Gonzalo Fuenzalida y Claudia Nogueira.

El senador Espina criticó que los Gobiernos, sin distinción, han fallado en el tema y explicó que la campaña busca hacer presión para que se tomen medidas al respecto. "Esta campaña es un movimiento ciudadano que convoca transversalmente a dirigentes gremiales de todos los rubros y nuestra finalidad es presionar legítimamente a las autoridades para que apuren normas que permitan combatir eficazmente los delitos", afirmó el parlamentario. Espina afirmó que con el movimiento recorrerán el país buscando adherentes y señaló que se reunirá con el presidente de la Suprema, Sergio Muñoz, y con otras autoridades afines.