Con la sanción de una ley, el Estado argentino recuperó el miércoles la administración del sistema de ferrocarriles de carga y pasajeros privatizado en la década del 90.

El Senado aprobó con 53 votos a favor y dos en contra la iniciativa impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández, la que ya contaba con el respaldo de parte de la Cámara de Diputados.

En los hechos, el Estado ya había recuperado el control de la mayoría de los tramos ferroviarios del país a causa del incumplimiento en la prestación del servicio de las empresas que los controlaban.

La nueva ley declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización". Con ese fin se crea la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.

La norma habilita para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos".

"Néstor decía 'de los fierros viejos, vamos a construir nuevos sueños'", manifestó la Presidenta Fernández en su cuenta de Twitter, tras la aprobación del proyecto.

Si bien la mayor parte de la oposición votó a favor de la iniciativa, el líder del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, recordó que el Gobierno recién se ocupó del servicio de trenes tras un trágico accidente en 2012, en el que perdieron la vida 52 personas cuando un convoy chocó contra la cabecera de una terminal.

Por su parte, el senador oficialista y presidente de la comisión de infraestructura, vivienda y transporte, Adolfo Bermejo, calificó a la nueva ley como "una reparación histórica" que profundiza "la política de nacionalización" llevada adelante por el kirchnerismo de las empresas estatales privatizadas en la década de 1990, como Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF, entre otras.

El ex ministro español y ex director del FMI Rodrigo Rato fue detenido ayer en Madrid tras ser acusado por la Fiscalía de presuntos delitos de fraude, lavado de activos y alzamiento de bienes, según informaron medios españoles.

Luego de tres horas de registro en su domicilio, salió escoltado por agentes de la Agencia Tributaria y fue trasladado en un vehículo a su despacho para continuar con las pesquisas.

El que fuera ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José María Aznar está en el centro de la polémica desde el martes, cuando medios españoles informaron de que estaba siendo investigado por presunto lavado de dinero.

Según varios medios, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y pasó a formar parte de una lista de 705 personas investigadas por la unidad antiblanqueo de España, el Seplac.

La Fiscalía presentó ayer una denuncia contra el ex director del FMI y contra "otras personas". El juez ordenó el registro de su domicilio. La investigación está bajo secreto de sumario.

Rato fue vicepresidente del Gobierno español en los últimos años del mandato de Aznar (1996-2004). Entre 2004 y 2007 tomó las riendas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más tarde se puso al frente de la entidad Bankia, cuya gestión lo llevó a ser imputado por varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental.

También está imputado en el caso de las llamadas "tarjetas black", que investiga el uso de tarjetas de crédito en Caja Madrid y Bankia. El Partido Popular (PP) de Rajoy lo expulsó en octubre por este escándalo.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), uno de los entes fiscalizadores de Brasil, declaró que el Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff cometió un "delito de responsabilidad" fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.

"No hay duda. Hay un incumplimiento de la ley. Un banco público no puede prestar dinero al Gobierno", afirmó el relator del proceso en el TCU, Jose Múcio, a los medios locales.

De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno de Rousseff atrasó "sistemáticamente" el envío de recursos a las entidades públicas Caixa Económica Federal, Banco do Brasil y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.

En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según explicó el TCU, que calcula que más de 40 mil millones de reales (US$ 12.120 millones) fueron "sacados" por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicos. "No creo en la mala fe (por parte del Gobierno). En realidad, faltó dinero y se necesitaban pagar las cuentas", comentó Múcio.

El TCU determinó que el Tesoro brasileño pague los recursos debidos a los bancos públicos y aprobó una audiencia con los supuestos implicados en el caso conocido como "pedaleadas fiscales". Los 17 gestores citados tendrán 30 días para justificar las prácticas identificadas por el tribunal, consideradas ilegales.

Entre las personas que deberán ofrecer explicaciones se encuentra el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini; el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, y los titulares de Planificación, Nelson Barbosa, y de Trabajo, Manoel Dias, entre otros.

El fiscal general del Banco Central, Isaac Ferreira, minimizó la decisión de la corte de escuchar a representantes de la entidad: "No hay ninguna investigación deflagrada, hay un mero pedido de esclarecimiento. Eso es usual".

El posicionamiento del TCU fortalece a la oposición, que, según medios locales, podría usar este episodio como argumento para abrir un proceso de destitución contra Rousseff.

La declaración del tribunal ocurrió el miércoles, mismo día en que el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, fue detenido por su vínculo con el caso Petrobras.

Ambas noticias castigan aún más a un Gobierno debilitado por una creciente crisis política, sumergido en paupérrimos índices de popularidad (13%). La petición de "impeachment" fue la principal reivindicación en las dos jornadas de protestas antigubernamentales que se realizaron en marzo y el domingo pasado, y es apoyada por el 63% de los brasileños, según un sondeo reciente.

Para el editor de "O Globo" Alan Gripp, la detención del ahora ex tesorero del PT "dará munición a una oposición que dio una clara señal de que dejará la postura pasiva y buscará el enfrentamiento". "Todavía no se puede decir si la prisión de Vaccari será el argumento (para el juicio político), pero es, sin duda, lo que la oposición tiene de más poderoso hasta ahora", afirmó Gripp a DPA. Una cuñada de Vaccari, Marice Correa, fue declarada ayer como "fugitiva". Se sospecha que la mujer está implicada en el caso.