El crimen organizado y la violencia afectan la vida diaria de las personas, y esto explica por qué piden que las autoridades den prioridad real al problema de delincuencia desatada, más que las declaraciones que a nada conducen.

Según diversos estudios e informes, el homicidio es el delito que más ha aumentado en Chile y muchos son por sicariato o ajustes de cuenta. Esto significa que se está frente al crimen organizado, que actúa con violencia extrema, generalmente asociado al narcotráfico, a bandas delictuales y al uso de armas de alto poder de fuego. Y si bien se han anunciado y se han ejecutado políticas de seguridad, la verdad es que no se aprecian resultados positivos y así lo percibe la ciudadanía.

Desde hace años que la delincuencia y violencia son los problemas que más preocupan a la población, sobre todo cuando se ven videos que muestran la frialdad con que delincuentes rematan a sus víctimas, lo que deja una sensación de inseguridad que se da en casi todas las comunas.

Además del alto poder de fuego que tienen las bandas y de los ya frecuentes "ajustes de cuentas", también influye el control territorial que pretenden ejercer estos grupos, lo que los lleva a tratar de imponerse mediante este tipo de delitos, para demostrar su poderío. La disminución en la calidad de vida y la pérdida de libertad que trae esta constante sensación de inseguridad ha impactado en que un alto porcentaje de personas no salga de noche y limite sus horarios.

El poder de fuego que tienen las bandas y el avance del crimen organizado inciden también en el alza de los homicidios. Muchos de ellos corresponden a conflictos de bandas rivales, que son saldados con armas de fuego, en los ajustes de cuentas. Las rencillas pendientes y las riñas están principalmente conectadas a deudas por tráfico de drogas y enfrentamiento de bandas rivales.

En el mes de marzo fuimos invitados a la comisión de agricultura del senado de la república que se realizó en nuestra región, ocasión en que pudimos darle a conocer a sus integrantes el trabajo que nuestro servicio realiza en el territorio. En la ocasión pudimos entregar un breve diagnóstico de la intervención que INDAP hace con los 1350 usuarios que atendemos, de los cuales 1240 agricultoras y agricultores familiares cuentan con asesoría técnica inversión y capacitaciones. Me permito agradecer el espacio que nos brindó la comisión para transmitir el tremendo aporte y rol que hace la agricultura familiar campesina e indígena en la región, como garante de la soberanía para la seguridad alimentaria como productores de alimentos.... esos alimentos que en un gran porcentaje llegan a nuestra mesa a diario, directamente de agricultores y campesinos.

Pero a la vez me parece interesante destacar el gran trabajo que se ha dado por desarrollar modelos de intervención que tenemos en nuestra oferta programática sobre todo en aquellos programas que tienen que ver con fortalecer sistemas agroalimentarios más sustentables o con menor impacto medioambiental presentes en nuestros lineamientos institucionales, y también por otro lado relevar y potenciar rubros identitarios por años como el olivícola, pajarete y pisco, criancero y rubros invisibilizados como el apícola.

Y parto por relevar que la oferta programática ha sido pensada por definir que existen grados de desarrollo distintos en nuestras agricultoras y agricultores lo cual nos lleva a focalizar programas e instrumentos de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por un lado un grupo de autoconsumo presente en más del cincuenta por ciento de las y los usuarios de INDAP en Atacama, frente a lo cual estamos interviniendo en crear condiciones habilitantes para su productividad o bien asegurar su autoconsumo; en un segundo grupo estamos trabajando en mejorar la productividad de sus emprendimientos, es decir, mejorar rendimientos, mejoras en prácticas agrícolas y pecuarias a través de incrementar y o mejorar asesorías técnicas; y finalmente un pequeño grupo que le llamamos de avanzada que tiene ya un camino recorrido hacia la formalización para obtener una resolución sanitaria, con el cual estamos focalizando los esfuerzos en lograr autorizaciones sanitarias.

Este 2025 partimos con un hito histórico apalancando recursos del Gobierno Regional con apoyo del Consejo Regional de Atacama por más de 10 mil millones de pesos, que vendrá resolver un problema permanente que es la cobertura de atención que INDAP realiza en Atacama por los próximos 24 meses y con ello poder dar un salto de calidad y cantidad en el apoyo a quienes producen alimentos. Esto representa un impulso decisivo a rubros como hortalizas, pajarete, uva de mesa, crianceros y apicultores, con una agricultura más limpia porque queremos ver a las y los usuarios más posicionados en los mercados, mejorando la calidad e inocuidad de los alimentos que generan, y que la comunidad pueda apreciar de mejor forma el valor que tiene la agricultura familiar. Así la cobertura que tiene INDAP con sus programas regulares dará un salto de calidad muy significativo.

Quienes ejercemos el derecho de familia sabemos que, cuando la convivencia se quiebra, surge de inmediato una pregunta: ¿Con quién se quedarán los niños? Lo que aprendí en tribunales -y repito a cada cliente- es que los hijos no se "quedan" con nadie. Se pertenecen a sí mismos. Así lo reconoce nuestra ley: la ruptura no es una guerra de custodias, sino un nuevo orden.

El centro debe ser siempre su bienestar: desarrollo emocional, académico y espiritual. Esa brújula nos recuerda que, aunque la pareja termine, la paternidad y maternidad no. Cuando se vive bajo un mismo techo, ambos cuidan. Tras la separación, suele continuar quien ha sido el cuidador principal, mientras se acuerda otra fórmula. El otro progenitor tiene más que un derecho: el deber de estar presente. Visitas, tareas, videollamadas, controles médicos… todo suma para mantener un lazo vivo.

Nada mejor que un acuerdo amistoso. Cuando los padres lo pactan, el juez solo revisa que beneficie al hijo. He visto pactos admirables, como el de Eva y Marcelo (nombres ficticios): ella tenía la semana y él fines alternos, con una videollamada cada miércoles. Tres años sin intervención judicial. Si el consenso falla, decide el juez. Pero la mediación siempre está disponible. El tribunal valora afecto, cooperación, domicilios y, sobre todo, la voz del hijo. Escucharlos no es simbólico: da claridad.

También cuentan los abuelos y vínculos significativos. Recuerdo a Mateo, cuyo padre emigró; las videollamadas y fines de semana con la abuela paterna mantuvieron su conexión. Hay límites: si el contacto daña al niño, se puede restringir, siempre de forma temporal. Y no, el atraso en pensión no borra el régimen de visitas. Las videollamadas también cuentan. Un calendario flexible previene juicios innecesarios. Permítanme una conclusión: La mejor sentencia es la que redactan los propios padres. Nuestros hijos no necesitan trincheras. Necesitan dos hogares. Nuestras hijas e hijos necesitan dos casas abiertas, nunca dos trincheras enfrentadas.